El presidente Gustavo Petro denunció que 62,664 armas del Estado están perdidas en Colombia, lo que puede significar que existe un ejército privado muy poderoso.

Esas armas podrían estar en poder de organizaciones criminales.

Además, según investigación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, hay 197 empresas de vigilancia y seguridad con licencias vigentes, pero a las que el Estado no controla, pues en registros aparecen como inactivas.
Lo anterior, dijo Petro durante el Consejo de Ministros del lunes en la noche, significa que en Colombia hay “armas y hombres armados sin que el Estado sepa dónde están”.

En ese sentido, sobre la investigación de la Supervigilancia, liderada por Yenniffer Parra, el presidente Petro aseveró: “Hay 62.664 armas de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene”. 

Explicó que en esa búsqueda se encontró que desde 1993, en los sistemas de información de la Supervigilancia hay reportadas e identificadas 40.692 armas particulares con licencia oficial.

A esta cifra, Petro le sumó “las 20.000 armas que entregó (Álvaro) Uribe a los paramilitares en Antioquia. ¿Armas oficiales? Sin descartar que estén al servicio del crimen organizado, con licencia del Estado”. 

En ese contexto, el presidente cuestionó el sistema estatal de información y de vigilancia sobre estas empresas.

“¿Qué dicen los sistemas de información? Pues que la Superintendencia tiene unos sistemas de información chimbos, dispersos y vulnerables”, lo que llevó a que durante 30 años no existiera un control eficiente sobre estas entidades de seguridad privada.

“Pasaron 30 años sin control, estuvieron al garete ante los ojos cómplices de quienes siempre han querido pasar por encima de la ley y hoy estamos encontrando lo que sospechábamos”, manifestó.

Además, el mandatario destacó que durante su Gobierno la Superintendencia realizara de manera efectiva su trabajo de control y vigilancia a las empresas de vigilancia, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y escuelas de capacitación de este sector. 

El estudio incluyó a 1.351 empresas activas, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores”.

En las pesquisas, la Superintendencia halló que en los hechos irregulares habían participado funcionarios públicos.

“El año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento, nosotros lo hicimos, porque fueron tramitadas irregularmente, incluso, en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este Gobierno, que fueron removidos inmediatamente de sus cargos y sobre lo cual se interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación”, denunció el presidente.

Petro recalcó que una investigación articulada con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades se logró la captura de los representantes legales de empresas de vigilancia “con claras evidencias de estar al servicio de organizaciones al margen de la ley”. 

Sobre el particular, la Superintendencia expidió un boletín de prensa en el que se reportó la captura de tres representantes legales de empresas de seguridad y el embargo, secuestro y toma de posesión sobre bienes avaluados en más de 1.800 millones de pesos.

Igualmente, se logró dar un golpe a las estructuras criminales del Clan del Golfo y la llamada Oficina de Envigado, entre otras, las cuales usaban empresas de vigilancia y seguridad privada como fachada de lavado de activos, para legalizar armas de forma fraudulenta y en la comisión de otros delitos.

Según la Superintendencia, los detenidos son “el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido y el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional; así como Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante legal de la empresa de seguridad Sara Ltda. Las capturas se realizaron en Bogotá y Barranquilla”.

En ese orden de ideas, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito.

En los procedimientos fueron incautados 6 celulares, 3 memorias USB, 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, 5 escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.

De acuerdo con información recopilada por las autoridades, las empresas vinculadas, al parecer, habrían otorgado permisos como escoltas a personas con requerimientos judiciales y vinculadas a diversas actividades delictivas, y mediante contratos fraudulentos les alquilaban armas y otros elementos.

La Superintendencia indicó que, a través de esta actividad ilícita, los capturados habrían facilitado armas a Edgar Elicio ‘El Caballista’ Munévar, y a Jesús Martín Bello, ambos involucrados en la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larison ‘Matamba’ Castro Estupiñán.

Por su parte,  la empresa de Castaño Galindo, al parecer, suministró armas de fuego a Jhon Fredy ‘Pájaro’ Gallo Bedoya, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio, también judicializado por la fuga de ‘Matamba’; y a Oliverio ‘Terror’ Isaza Ramírez, exjefe de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, quien recientemente fue muerto en una operación de la Policía Nacional en Puerto Triunfo (Antioquia).