La ex Alta Consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, 47, arriesgó 30 años de cárcel, a los que iría pronto, y negó los cargos que le formuló la Fiscalía General de la Nación (FGN) por su participación en un esquema corrupto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ortiz, de Paz de Río (Boy), está acusada de lavado de activos y tráfico de influencias, luego de ser señalada como la mensajera que llevó 3 000 millones de pesos de un soborno al entonces presidente del Senado y del Congreso, Iván Leónidas Name Vásquez.

Según la Fiscalía, Ortiz recibió el dinero de manos del exsubdirector general de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y lo llevó a algún lugar cercano a Unicentro, norte de Bogotà.

Este movimiento de dinero, según la FGN, se realizó por orden directa de Carlos Ramón González Merchán, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Todo, bajo el conocimiento del director de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez.

La acusación de la fiscalía dice que “En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, entre los meses de septiembre a diciembre de 2023, Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,  integrante del mismo partido de la señora Sandra Liliana Ortiz Nova, esto es Alianza Verde, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez entregar contratos por valor de 60 mil millones de pesos a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado de la República, Iván Leónidas Name Vásquez, por un valor superior a los 10 mil millones de pesos”, precisó la fiscalía.

Teniendo en cuenta su experiencia en el campo político, su trayectoria en el ámbito público y su misma profesión, Ortiz sabía que lo que se pactó en esa reunión del 11 de octubre de 2023, en la suite Tequendama, en el centro de Bogotá, era un delito, y aun así lo siguió ejecutando.

“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo de Jesús López Martínez variaron la oferta dirigida a Name Vásquez a una suma en efectivo de 3 mil millones de pesos, y a Calle Aguas (Andrés David, entonces presidente de la Cámara y vicepresidente del Congreso), por una de mil millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la Ungrd, que Olmedo López entregaría”, indica la acusación.

Según la FGN, el plan para desviar recursos de la Ungrd se puso en marcha en una reunión improvisada celebrada en la tarde del 21 de septiembre de 2023, en el Palacio de Nariño.

“A la espera del Consejo de Ministros, usted, señora Sandra Liliana Ortiz Nova, abordó a Olmedo de Jesús López Martínez y le preguntó si había hablado con Carlos Ramón González Merchán, aclarándole que con usted era “solo lo de Name”, momento en el cual González Merchán se incorporó a la reunión y usted, en presencia de este, le solicitó a López, además, adicionar en 11 mil millones de pesos un contrato que la Ungrd tramitaba en el departamento del Atlántico”, destaca la Fiscalía.

En ese momento, González le indicó a Sandra Ortiz presentar a Name con Olmedo López, para lo cual debía encargarse de organizar un desayuno para el día 25 de septiembre siguiente, con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que este hecho se materializó.

“Usted, siguiendo las instrucciones de González, programó efectivamente para el 25 de septiembre de 2023 el desayuno en la habitación 2312 de Residencias Tequendama, donde usted residía, con el propósito de presentar a Iván Leonidas Name Vásquez con Olmedo de Jesús López Martínez”.

En su exposición, una delegada de la FHN manifestó que la exconsejera presidencial para las regiones se enfrenta a una condena entre los 10 y los 30 años de prisión, de ser hallada culpable.

Por la gravedad de los delitos imputados, la Fiscalía General solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exconsejera presidencial.