Olmedo de Jesús López Martínez y cinco de sus cómplices admitieron que son criminales, a cambio de ir pocos años a la cárcel acusados del gran escándalo de corrupción con contratos por 228 000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que él dirigía.
Los otros cinco, del gran grupo de comprometidos, todos de alto vuelo político, son el segundo de López, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector general de la Ungrd; el tercero en la Ungrd, Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo; Pedro Andrés Rodríguez Melo, Asesor General de la Ungrd; Luis Eduardo ‘el pastuso’ López Rosero, cabeza de un grupo empresarial corrupto, y Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado de Barreto y sobornador.
Los acuerdos, firmados con las fiscales María Cristina Patiño y Andrea Muñoz, esperan el aval de un juez para darles la validez que requieren.
Los acusados aceptaron su responsabilidad en diferentes niveles y episodios relacionados con el otorgamiento dirigido de contratos, algunos de ellos supuestamente para favorecer la aprobación en el Congreso de proyectos de ley de iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según diversos medios, Olmedo López acordó ir a la cárcel por siete años, un mes y 12 días por los delitos de concierto para delinquir y peculado, y devolver 724 millones de pesos que habría obtenido por ser una de las cabezas del entramado.
El exsubdirector Pinilla, cumplirá seis años, seis meses y nueve días de prisión por los mismos cargos, y deberá devolver 618 millones de pesos.
Por su parte, Pedro Rodríguez, quien llegó a la Ungrd como asesor por una recomendación que le hizo el embajador Camilo Romero a López, pagará cuatro años, 10 meses y 19 dias también por los dos delitos mencionados.
Y Luis Carlos Barreto, quien sería ficha del exdirector del Departamento de la Función Pública de la Presidencia, César Manrique, irá a la cárcel tres años, siete meses y 13 días por peculado y soborno.
El último capturado fue Riveros, quien intentó sobornar a Pinilla para que no implicara a Barreto en el entramado. Esa serie de conversaciones las adelantó en Bogotá con el abogado del exdirectivo de la Ungrd, el penalista Luis Gustavo Moreno. Riveros pagará cinco años y tres meses en caso de que le acepten la negociación.
La próxima semana será imputada por supuesto lavado de activos y tráfico de influencias la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, quien habría servido como emisaria para entregar 4.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez, y al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, deberá conceder un principio de oportunidad para López y Pinilla, quienes declararon contra otros involucrados del Gobierno como el ministro Luis Fernando Velasco, el exjefe de Inteligencia Carlos Ramón González y el ministro Ricardo Bonilla.
En la Corte, las investigaciones también avanzan. Con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán Molina, la Sala de Instrucción decidió abrir investigación formal Name y Calle, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Para la Corte, se creó una estructura que “tenía como finalidad apropiarse en forma general” de los recursos públicos de la Unidad, entre otras cosas, para sobornar con los mismos a algunos congresistas, en procura que estos coadyuvaran en la aprobación de reformas legislativas que realizan tránsito en el Congreso.
La Sala también llamó a indagatoria a cinco congresistas y un excongresista de las comisiones económicas, también mencionados por López y Pinilla.