El ex Fiscal General de la Nación Luis Eduardo Montealegre Lynett lo repitió al menos dos veces: el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un criminal de guerra que debe ser sancionado por ello y por delitos de lesa humanidad y su vinculación al paramilitarismo, actos que ha cometido durante “su larga vida delictiva”.

Montealegre dijo tener “montañas de pruebas”, que él aportó cuando denunció al expresidente por su responsabilidad en la masacre de campesinos y la toma paramilitar de El Aro y La Granja, en Ituango, Antioquia. En ambos casos, Uribe era gobernador de Antioquia.

En el primer hecho, el 22 de octubre de 1997, paramilitares incursionaron en el corregimiento El Aro, y asesinaron a 17 campesinos indefensos, y en el segundo, el 11 de junio de 1996, integrantes de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu), asesinaron a cinco personas inocentes en el corregimiento La Granja.

El exfiscal general habló a la radio W, en torno del suspendido proceso contra Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno de testigos, por denuncia del senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro.

El proceso está suspendido por decisión del Tribunal Superior de Bogotá (TSB), en relación con una recusación que rechazó de plano la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conociiento, Sandra Liliana Heredia.

La suspensión ha sido catalogada desde varios sectores como favorable a una eventual prescripción del proceso, que ocurriría en octubre y dejaría a Uribe libre de responsabilidad.

Para Montealegre, recusar a la juez, como lo hizo la defensa, encontró eco en el magistrado Ramiro Riaño Riaño, del TSB, a quien denunció por prevaricato, pues fuera de los términos se declaró impedido para actuar en el proceso, luego de haber ordenado a la juez suspender el proceso.

Según Montealegre, dilatar el proceso y deslegitimar a la justicia son la táctica a la que han acudido Uribe y su defensa, porque ellos solo aceptan jueces que estén a su favor.

Sin embargo, recordó Montealegre, “desde hace muchos años Álvaro Uribe viene en campaña de deslegitimación de la justicia”.

“Cuando era presidente de la República, infiltró a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los trató (a los magistrados) de bandidos, les metio micrófonos a la Sala Plena, esculcó todas las cuentas de los magistrados de las altas cortes y del Consejo de Estado, porque estaban investigando el paramilitarismo en el que él está incurso”, reiteró el exfiscal.

Además, agregó, “recién que le declararon la detención preventiva, muy justa, Álvaro Uribe salió a tratar de mafiosos a los magistrados… A las personas que se atreven a cuestionar la larga vida delictiva de Álvaro Uribe, inmediatamente los tratan de terroristas, de estar haciendo complicidad con el terrorismo”.

Reiteró Montealegre que la defensa de Uribe “actúa en las sombras” y “cruzó todos los límites de la ética, con manifestaciones y recusaciones temerarias”.

Dijo varias veces que Uribe es uno de los personajes más poderosos de Colombia, pese a que “tiene la calidad de criminal de guerra, por todos los delitos que cometió durante su larga vida delictiva”.

Se refirió al magistrado Riaño, para acusarlo de haber suspendido el proceso contra Uribe precisamente cuando el senador Cepeda, principal víctima de los delitos de Uribe en el caso, iba a contarle al país cosas muy delicadas sobre la vinculación del expresidente con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y su participación en el paramilitarismo.

“Lo que pretende la defensa es impedir que Colombia conozca la verdad, impedir que en juicios públicos, Colombia sepa, como ya lo sabe, que Álvaro Uribe es un criminal de guerra que debe ser sancionado”.