El expresidente Álvaro Uribe Vélez se levantó del banquillo de los acusados y abandonó el juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá que lo procesa por los delitos de soborno y fraude procesal y manipulación de testigos.

Antes de salir del recinto, Uribe y su defensor, Jaime Granados Peña, recusaron a la jueza Sandra Liliana Heredia y le pidieron declararse impedida para continuar con el juicio, que, por primera vez en la historia, puede llevar a un expresidente colombiano a la cárcel.

La jueza, al cerrar la audiencia, dijo que no se declarará impedida y que seguirá adelante con el provceso. 

Tanto Uribe, a quien la jueza permitió hablar, como Granados, hicieron prolongadísimo uso de la palabra, en actitud que pudo darles la razón a quienes opinan que los dos buscan que se agote el tiempo y el proceso sea declarado muerto.

El expresidente y Granados, que no estuvo presente en la sala de audiencias, insistieron en que el juicio tiene origen en razones partidistas. Uribe estuvo acompañado por el abogado Jaime Lombana, quien no intervino.

Al comenzar su intervención, Granados dijo que "la fiscal aquí presente pretende que creamos algo absurdo”.

La tesis que tiene la Fiscalía contra el exsenador es que en 2018 habría enviado a Diego ‘Abogánster’ Cadena a conseguir testimonios a su favor en distintas cárceles del país, a cambio de dádivas y beneficios judiciales.

La fiscal Marlenni Orjuela, que durante el jueves expuso su teoría del caso, tomó por primera vez la palabra para decir que la jueza Heredia ha actuado con garantías, por lo que no cree que tenga que apartarse del caso tras el pedido de Jaime Granados.

"No ha habido ninguna alteración de ese principio de objetividad, independencia e imparcialidad que usted debe tener”, dijo la fiscal. “Por eso, la ecuanimidad y objetividad que usted ha presentado son las garantías para que un proceso de esta envergadura debe tener”.

La fiscal se quejó de que “el defensor no dio una argumentación que permita señalar que usted está incumpliendo el artículo 230 superior, debe rechazar de plano la solicitud".

Para Granados es claro que en distintas audiencias, la jueza ha obrado extralimitadamente, y por eso pasa a narrar algunos episodios, como cuando negó una solicitud de la defensa en la etapa de acusación.

Según Granados, en una diligencia del 24 de mayo del año pasado, según el defensor, la jueza resolvió de manera exprés, en cinco minutos, "las solicitudes de nulidad del reconocimiento de víctimas, haciéndose evidente que la decisión estaba tomada con anterioridad".

Además, Granados reclama por comportamientos que la togada habría tenido con ellos a acudir a otros recursos.

El penalista dice que por supuestamente no ser imparcial, va a recusar a la jueza Sandra Liliana Heredia. Según él, el proceso da ese tipo de opciones con aras de actuar objetivamente en el caso. "Se perciben razones, motivos que permiten establecer que la imparcialidad de la señora jueza que preside este juicio, se encuentra seriamente comprometida. Y por eso, como garante del debido proceso, debe separarse del conocimiento del asunto", afirma, añadiendo que no ha tenido el trato debido con Bladimir Cuadro, procurador de este proceso.


Según Granados, "la señora jueza ha asumido y exteriorizado una conducta sistemática de vulneración de garantías de la defensa, tanto técnica como material, mostrando por el contrario un desmedido e inusitado interés por que la actuación avance sin que importe el respeto por el debido proceso, poniéndose en duda la imparcialidad con la que está actuando. Y se ha pronunciado de manera anticipada sobre aspectos que hacen parte de lo que será la discusión propia de la práctica probatoria del juicio, que incidirán en la sentencia final".