La designación de Ángela María Buitrago como nueva ministra de Justicia indica que el presidente Gustavo Petro pretende reforzar al máximo los instrumentos de justicia del país.

Reemplazar a Néstor Osuna será para Buitrago una tarea algo difícil, pues el ahora exministro se consagró como un jurista integral de corte muy moderno, lo que le permitió ser considerado uno de los mejores miembros el gabinete.

El cambio de Osuna es el segundo en dos días en el gabinete. Antes, el removido fue el ministro del Interior, el caucano Luis Fernando Velasco, quien aún no ha sido reemplazado.

“Le agradezco al ministro Osuna su inmensa colaboración con nuestro Gobierno. Un verdadero jurista progresista. Nos acompañará ahora la doctora Ángela María Buitrago”, destacó Petro en su cuenta en la red X.

Y, con gallardía y mucha lealtad, Osuna le respondió: “¡Con usted por siempre, presidente Gustavo Petro! ¡Gracias por la oportunidad de aportar un grano de arena!”.

Además, aprovechó para felicitar a Buitrago por el nombramiento.

“Mi mejor energía para la tremenda ministra de justicia que tendrá Colombia. Conozco a Ángela Buitrago desde que fuimos compañeros de curso en la Universidad Externado y siempre la he admirado. ¡Se hará justicia!”

Buitrago es ampliamente conocida, por su ejemplar tarea de perseguir a grandes delincuentes, y por el inexplicable despido por ineficiencia que decidió el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago en 2010.

La jurista integró la terna de candidatas a fiscal general, pero igualmente fue la primera descartada por la Corte Suprema.

Su labor en el ministerio tendrá tres objetivos: lograr que el Congreso apruebe la reforma a la justicia, buscar soluciones para la crisis carcelaria que enfrenta el país desde hace décadas, y consolidar la nueva política de drogas, que estará vigente hasta 2033 y tendrá una inversión de $21 billones

Buitrago es profesora de pregrado y postgrado de la Universidad Externado de Colombia. Cursó allí pregrado, maestría, doctorado.

Pero fue su paso por la Fiscalía, entre 2005 y 2010, el que le generó el respeto del país.

Este periodo fue suficiente para que lograra avances inéditos en casos que llevaban décadas estancados.

Llevó ante la justicia al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones forzadas ocurridas en la retoma militar del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985.

Para ello, visitó brigadas del Ejército y cementerios, exhumó cadáveres y vio horas de grabaciones de video de aquellos hechos.

Pero sus logros durante esa etapa son más. Varias de sus acusaciones terminaron en históricas condenas como la del exfiscal Guillermo Valencia Cossio, hermano del entonces poderoso político conservador Fabio Valencia Cossio, por valerse de su cargo para beneficiar a actores ilegales; la de Jorge Noguera, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (Das), por sus vínculos con paramilitares, y la de Edilberto Castro, exgobernador del Meta, por su responsabilidad en el homicidio de tres dirigentes políticos de su departamento.

Así se ganó el apelativo de ‘fiscal de hierro’.

Sin embargo, en 2010, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, le pidió la renuncia y la calificó de “ineficiente”. Fue así como la penalista abandonó la institución. En los años siguientes se postuló para ser personera de Bogotá y se unió al grupo interdisciplinario de expertos que conformó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de decenas de estudiantes de la localidad de Ayotzinapa (México), ocurrida en 2014.