Miembros de la ultraderecha colombiana no dejan de pensar en la guerra, en la que, obvio, ellos no pelearán.

Solo harán negocios, como lo han hecho durante por lo menos los últimos 60 años.

Esta vez, tienen un pretexto: manifestarse y bloquear vías, para obligar al presidente Gustavo Petro a renunciar.

Pero, en realidad, la decisión es ir más allá: aglutinar militares y policías retirados, y tomarse, de manera violenta, la Casa de Nariño y el Capitolio.

Lo anterior es parte de una denuncia de Noticias 1, basada en informes policiales, que citó, además, nombres de personas que estarían tras un gran complot para interrumpir el período presidencial.

Entre estas personas están Carlos Alonso Lucio, David Ghitis, Pierre Onzaga, Francisco Alvarado, Juan Carlos Gómez y Hugo Bahamón.

Lucio, un ambicioso de poder, fue militante del M19, asesor del siniestro Carlos Castaño, visitante de los hermanos Rodríguez Orejuela (líderes del Cartel de Cali), exesposo de Íngrid Betancourt y de la exfiscal Viviane Morales, predicador protestante, y padre abandonador.

Ghitis es columnista y usuario permanente de las redes sociales. Calificado de neonazi por el presidente Petro, dejó el país hace varias semanas, argumentando amenazas contra su integridad física.

Onzaga, empresario, está dedicado a organizar marchas contra Petro, como mecanismo para desalojar a Petro de la presidencia.

Alvarado es un camionero de Boyacá con ínfulas de líder del transporte.

Bahamón, coronel retirado del Ejército, es promotor del partido Nuevo y Limpio.

La pretención de los conspiradores es la de desestabilizar el gobierno y desprestigiar a Petro, para someterlo luego a un juicio político que lo obligaría al mandatario a renunciar.

Sin embargo, no han tenido en cuenta en sus planes la muy probable intervención de defensores del Gobierno, que incluso podrían enfrentarse a las turbas que pretendan tomarse la Casa de Nariño y la sede del Congreso.

Tampoco han calculado la reacción de las Fuerzas Armadas, que, hasta ahora, no han dado la menor señal de pretender plegarse a las intenciones de los golpistas o de abandonar la institucionalidad.

Lucio habló con periodistas y rechazó lo que calificó como ridiculez del Gobierno Petro.

“Aquí no existe ninguna conspiración”, dijo. “No es ningún golpe de Estado. Es una acusación sumamente grave, porque me está acusando el gobierno de un delito”.

Luego responsabilizó a Petro por lo que le pueda ocurrir en cuanto a su integridad, y dijo que no pedirá seguridad.