El presidente Gustavo puso fin a la descabellada guerra gringa contra las drogas y lanzó su política de cambiar la economía ilegal de los cultivos de uso ilícito, por otra legal.

Por fin, Colombia dejó de estar en cuatro patas, se calzó de nuevo los pantalones que sus abyectos gobernantes le habían bajado, y le dijo no más a estados Unidos.

De paso, despidió para siempre al articulador de la peor infamia de Washington contra un país inocente, inofensivo y amigo, el abominable Henry Kissinger, fallecido hace pocos días a sus cien años.

Fue una agradable coincidencia, liderada por el presidente Gustavo Petro en El Tambo (Cauca). Ponerle fin a la Guerra contra las Drogas, como la llamaron Kissinger y su patrono Richard Nixon, es, por ahora, una de las decisiones más trascendentales del Gobierno actual.

Esa guerra es una larga y siniestra noche de al menos 55 años, en la que Colombia puso miles de muertos, decenas de miles de campesinos analfabetas desplazados, vilipendiados y encarcelados, y, hasta 2013, incontables hectáreas de buenas tierras, arrasadas con ¡15 millones de litros! de venenos etiquetados como glifosato.

Y, también dejó, una cultura de la violencia desbordada, pregonada, propiciada y ejecutada por un puñado de traficantes, nuevos multimillonarios, a veces acomodados en oficinas sillones oficiales, para quienes la impunidad ha sido el resultado lógico de su eficaz táctica de plata o plomo.

Por satisfacer al Gobierno de Estados Unidos, todos los presidentes, hasta el pasado, abyectos a más no poder, hicieron hasta lo impensable con los campesinos que, hartos de ver morir a sus hijos de necesidad, desyerbaron tramos de bosque y sembraron coca, cuyas hojas vendían al narcotráfico.

Era eso, o perecer, pero a los gobernantes, no les importaba. La prueba es que, estos días, según el Ministerio de Justicia, los 32,000 cultivadores, cuidadores y cocineros que están a prisión, le cuestan al erario unos 992,000 millones de pesos al año.

De esa cantidad de presos, solo 0,5 por ciento responde por lavado de activos y 0,7 por ciento, por concierto para delinquir. La inmensa mayoría son microtraficantes, que viven de vender pequeñas dosis para comer, cultivadores y transportadores.   

Los auspiciadores, grandes capos y financistas han pasado siempre agachados, y sus enormes capitales, a salvo.

Se trataba, como se ha sugerido siempre, de una guerra que criminalizó la marginalidad, urbana y rural, y no pudo, ni podrá, acabar con el inmensamente millonario negocio de las drogas.

Al fin y al cabo, desde 1968, cuando en Anaheim prometió a los californianos más conservadores atacar el origen de las drogas, Nixon enfocó su guerra precisamente allí, en los cultivadores y cosechadores. No en las mafias de capos y grandes traficantes.

Luego le entregó a Kissinger la responsabilidad de diseñar y llevar a cabo la guerra, con la que, en realidad, se buscaba estigmatizar a la izquierda pacifista y a los negros de Estados Unidos, contrarios a la guerra de Vietnam.

Y, en el mismo sentido, ayudar a gobiernos como el de Colombia a desprestigiar a las fuerzas políticas progresistas, alimentadas con campesinos, y a los sindicalistas rurales. También a los estudiantes y a otros opositores…

En El Tambo, Petro comenzó a hacer historia en materia de drogas. Lanzó un programa que pretende lo lógico: asfixiar al narcotráfico y oxigenar a las comunidades rurales, mediante el cambio de una economía ilegal por otra legal.

Arrodillados y obsecuentes hasta el asco con Estados Unidos y su guerra irracional, los anteriores presidentes pretendieron convencer a los colombianos con el discurso de que el problema del tráfico de drogas son los campesinos que cultivan la mata que mata, como llamaron a la coca y a la marihuana en campañas publicitarias absurdas.

Esas mismas plantas seguirán siendo cultivadas con fines medicinales, industriales y gastronómicos, reafirmando herencias culturales milenarias, que tienen, por ejemplo, en la coca, un sentido religioso y místico profundo. El programa Coca para la paz arroja resultados muy positivos en lo económico en poblaciones de Cauca.

Como lo explicó el congresista Jorge Hernán Bastidas Rosero, de la coalición de Gobierno, en los municipios del Valle del Micay (Cauca), “se demostrará al mundo que es posible el cambio de una economía ilegal por otra legal, campesina, étnica, con enfoque de género, próspera y pacífica”.

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El consumo

Para la nueva política, el consumo de drogas es un tema de salud pública, no de justicia penal y reclusión carcelaria.

Habrá más recursos para recuperar de su adicciones a las personas, con programas de educación, cultura y deportes.

Así se redujo el consumo de drogas en algunos países nórdicos.

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