La Corte Suprema de Justicia le dijo no al excongresista y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ávaro Hernán Prada Artunduaga.

La Sala de Primera instancia de la Corte les negó a la Procuraduría General de la Nación y del defensor del excongresista sendas solicitudes de nulidad del juicio contra Prada por el delito de complicidad en soborno a testigos, en el mismo caso que involucra a Álvaro Uribe Vélez.

La Procuraduría y la defensa de Prada argumentaron que la Corte no es competente para procesar al excongresista, porque renunció a su fuero de congresistas. Pero el máximo tribunal dijo no.

Por lo contrario, la sala ratificó que la. Corte sí es competente, porque el soborno que se investiga sí está relacionado tanto con su cargo de congresista como por su liderazgo político que el cargo conlleva.

De acuerdo con el semanario Cambio, la sala dijo que por orden de Uribe, Prada buscó a Carlos ‘Caliche’ López, para que presionara al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda y lograr que se retractara de señalar al expresidente de tener nexos con paramilitares.

"Se tiene que entre los días 20 y 24 de febrero de 2018, el procesado contactó a Carlos López Callejas para que, por su intermedio, se comunicara con Juan Guillermo Monsalve Pineda, con el fin de que se retractara de las manifestaciones hechas en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez y la atribuyera a una manipulación hecha por el senador Iván Cepeda Castro", dice la Sala.

"El comportamiento tuvo lugar en un contexto prelectoral, de tal suerte que, si se considera la posición política reconocida al acusado en el departamento del Huila, tanto como presidente del Centro Democrático como representante a la Cámara, no resulta aceptable afirmar o sugerir siquiera que la conducta investigada es ajena a sus funciones, ya que fue precisamente debido a su cargo en el Congreso de la República que presuntamente interactuó con López Callejas con el propósito de beneficiar procesalmente a los hermanos Uribe Vélez", dijo la Corte.

Según esto, no se puede alegar que la renuncia al Congreso implicaba que la Fiscalía debía seguir el caso, porque a pesar de ella, los hechos que se investigan, y que remontan a 2018, están ligados al liderazgo derivado de ser congresista, y porque Prada, según la acusación, habría buscado con ello fortalecer su posición política. Por eso, es la Corte Suprema de Justicia la que debe ahora seguir el juicio en el que se escucharán a múltiples testigos y Prada podrá defenderse de las alegaciones en su contra.

"La Sala observa que incluso la condición de representante a la Cámara fue transmitida a Monsalve Pineda por medio de López Callejas, para aumentar la credibilidad sobre el origen del requerimiento y persuadirlo sobre la seriedad de las promesas realizadas a Juan Guillermo Monsalve, las cuales incluían la posibilidad de acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mejorar sus condiciones de reclusión, obviamente no sin ánimo desinteresado, sino con la finalidad de demostrar su fidelidad al jefe político del partido, robustecer el posicionamiento político de este en la región y obtener a cambio el respaldo de uno y otro para ser reelegido como congresista, según era su aspiración en esos momentos", enfatizó la Sala.

De otro lado, la Sala dijo que si bien Prada actualmente es magistrado del Consejo Nacional Electoral y estos tienen un fuero diferente a los congresistas, "el fuero constitucional a cuyo amparo se produjo la resolución de acusación permanece indemne".

Lo que dice la Corte es que prima el fuero que tenía Prada cuando se produjeron los hechos que se cuestionan y por eso puede seguir el juicio.

En este caso se tienen como pruebas los chats y mensajes de audio que Carlos López le envió a Juan Guillermo Monsalve en prisión en esa semana de febrero de 2018 en los que decía que fue buscado de "parte del ex", en referencia a Álvaro Uribe, para pedir la retractación. López dijo que Prada era amigo suyo y señaló que en un encuentro que tuvieron este le puso al teléfono y en alta voz a "el viejo", en referencia al expresidente. 

De eso han declarado ampliamente López, Rodrigo Vidal y Mauricio Marroquín. Prada y Uribe dicen que ese episodio no ocurrió así, que no fue en altavoz y que el exmandatario solo dijo que debía aclararse todo. La Sala de Instrucción que acusó a Prada le dio credibilidad a los mensajes originales y desechó esa postura. La defensa de Prada pidió que en juicio sean escuchadas varias personas para que cuenten cómo fueron las charlas como López y lo que pasó en esa llamada y propuso como testigos a John Edison Ríos Guzmán, Jaison Quintero Lazo, Javier Rocha Durán, Paola Perdomo, Alejandra Vargas, Gina Paola Bahamón, Paola Pineda y Milton Pérez.

La Sala dijo que solo dos de ellos serán escuchados y que la defensa podrá escoger quienes. También accedió a ampliar el testimonio de María Claudia 'Caya' Daza, exintegrante de la UTL de Álvaro Uribe: "Dicha testigo podrá ilustrar a la Sala, si por la época de los hechos investigados tuvo comunicación con Rodrigo Vidal, con Carlos Eduardo López o con Álvaro Hernán Prada; el contenido de dichas conversaciones y si se trata o no de la persona mencionada en la interceptación de la comunicación realizada a Carlos Eduardo López".

Igualmente, fue llamado a declarar a Rodrigo Vidal Perdomo "para establecer si le consta o no que alguien del entorno de exsenador Álvaro Uribe Vélez hubiese mencionado el nombre de Prada como delegado para entrevistarse con Carlos Eduardo López y dialogar sobre la presunta retractación de Juan Guillermo Monsalve de sus declaraciones contra los hermanos Uribe Vélez.
Igualmente, la Sala ordenó a López que entregue los mensajes de Messenger entre él y alias Andresito con el que habría hablado de supuestas presiones a Monsalve, y otros registros que el propio Caliche dijo que podía aportar a la justicia. Aunque ya están en el proceso, la Corte le pidió a López que, si todavía los tiene, entregue los mensajes de voz y de texto intercambiados entre él y Juan Guillermo Monsalve por WhatsApp.

Como prueba documental en este proceso se tendrá igualmente la impresión del tweet publicado por el exsenador Álvaro Uribe Vélez el 19 de febrero de 2018 a las 12:08 p.m., en el que convoca a personas privadas de la libertad a denunciar manipulaciones por parte del senador Iván Cepeda.

De otro lado, la Corte accedió a varias peticiones probatorias que hizo la Procuraduría que incluyen, por ejemplo, incluir en este caso una entrevista que brindó Juan Guillermo Monsalve Pineda a Iván Cepeda Castro, el 16 de septiembre de 2011 en la que este declaró acerca de la existencia de grupos paramilitares en la hacienda Las Guacharacas, en los que estaban presuntamente involucrados los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez.

La Corte negó otras pruebas que había pedido la defensa de Prada como que se entregaran todos los mensajes de texto y de voz de la plataforma WhatsApp intercambiados entre el 19 y 24 de febrero de 2018 entre Monsalve y Cepeda al estimar que allí hay información privada y que las que ya están en el proceso son el centro de lo que se investiga.

Tampoco se accedió a hacerle un examen psiquiátrico a López, como quería la defensa de Prada, al indicar que no es conducente y, por tanto, ilegal. Y no se accedió a una serie de pruebas documentales que se habían pedido alrededor de la finca que en el pasado perteneció a la familia Uribe, ni a testimonios de antiguos empleados de esa finca, ya que no tienen que ver con este proceso.