La gigantesca corrupción desatada durante el gobierno de Iván Duque Márquez llegó a extremos como el de hacer desaparecer millares de documentos con los que se debieron respaldar contratos por 2,5 billones de pesos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

La desaparición de esas pruebas la descubrió la Contraloría General de la Nación, al examinar con detenimiento miles de documentos que recogió en una inspección a la DPS en julio pasado.

Según la Contraloría, 97 por ciento de los contratos del DPS durante casi 10 años, carece de soporte documental, lo que permite que el dinero público destinado a los colombianos más pobres tampoco haya dejado rastro.

En la actual investigación, el DPS informó de que casi la mitad de los convenios que se otorgaron entre 2018 y 2022 se firmaron en la vigencia 2021, bajo la presidencia de Duque.

Ese año ocurrió el escándalo conocido como Las Marionetas, con el que se entregaron recursos de la entidad con fines políticos al fallecido senador Mario Castaño.

Quien dirigía el DPS en esa época era la política vallecaucana del Centro Democrártico Susana Correa Borrero. En la nueva administración no encontraron la justificación técnica y legal de ninguno de los contratos que ella asignó. 

La mayor parte de esos dineros se destinaron a la construcción de infraestructura social en las regiones más necesitadas.

La Contraloría investigó cada proceso para saber si las obras se hicieron o no. La sorpresa llegó cuando, al iniciar la auditoría, encontraron que no había información completa sobre el destino de la plata. En la revisión, un contratiempo hizo que el trabajo del ente de control quedara a medias: cientos de documentos, soportes y archivos que hacen parte de los expedientes de cada convenio no estaban disponibles. 

De los 889 convenios que los investigadores seleccionaron para auditar, y que comprometieron recursos por 2,5 billones de pesos, solo 25 tenían sus expedientes completos. Por ese motivo, solo pudo verificarse lo que pasó con el 2,31 por ciento de los recursos que el DPS destinó, que equivalen a 58.000 millones de pesos, y que supuestamente se usaron para atender las necesidades de la población vulnerable en Colombia. 

El monto de los contratos sin soporte es de 2 billones 448 mil millones de pesos.