La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó a tres generales y otros 25 militares subalternos, entre oficiales y suboficiales, de al menos 600 crímenes de guerra, conocidos antes como falsos positivos.
Los acusados, todos retirados del Ejército, actuaron ilegalmente en la Costa Atlántica.
La acusación cerró una investigación de siete años.
Según el informe final, entre 2002 y 2008 se registraron 604 víctimas ejecutadas por miembros de las Fuerzas Militares, con base en las cuales se materializó la acusación.
El grupo de imputados está conformado por tres mayores generales retirados, Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006; dos brigadieres generales y otros 23 oficiales y suboficiales.
La decisión se refiere al mayor número de víctimas atribuidas a los denominados falsos positivos desde la creación de la JEP.
De acuerdo con el tribunal, esta práctica obedeció a cuatro componentes:
1. Una finalidad común que consistía en mostrar resultados exitosos en el campo militar para generar una mayor percepción de seguridad entre la población. Esta meta estuvo alineada con la política de seguridad y defensa nacional vigente durante esos años.
2. El sistema de presión, incentivos y recompensas que motivaba a los militares a reportar muertes como logros operacionales, sin importar su legalidad.
3. Las víctimas fueron blanco de un ataque sistemático.
4. Se identificó una macroestructura criminal que operaba con métodos específicos y organizados.
El análisis de la JEP incluyó a 19 unidades militares en siete departamentos. De los casos estudiados, 76 por ciento de las muertes reportadas como combates fueron, en realidad, asesinatos a sangre fría y con las víctimas en absouto estado de indefensión.
Entre enero de 2002 y octubre de 2008 se documentaron 358 eventos ilegales, pero el mayor pico de esta práctica ocurrió entre 2004 y 2007, cuando se cometieron 303 de esos hechos y se registraron 517 víctimas. En 2004 hubo 14 casos con 24 víctimas; en 2005, la cifra subió a 30 casos y 53 víctimas; en 2006, a 100 casos y 183 víctimas; y en 2007, el año más crítico, se presentaron 159 eventos con 257 víctimas.
Para llegar a estas conclusiones, la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastó más de 300.000 folios de información y revisó 27 informes entregados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y ONG de derechos humanos. También analizó 246 versiones voluntarias de comparecientes, desde soldados hasta generales, así como las observaciones hechas por víctimas y la Procuraduría.
Además, tuvo en cuenta expedientes de la justicia ordinaria y militar, actas de levantamiento de cadáveres, documentos del Ministerio de Defensa, y 160 aportes de verdad entregados por personas vinculadas al caso.
De las 604 víctimas identificadas por la JEP en la Costa Caribe, 31 eran integrantes de pueblos indígenas: 19 del Pueblo Wayúu, 10 del Wiwa y dos del Kankuamo.
La Sala de Reconocimiento concluyó que estos asesinatos no solo significaron una pérdida humana, sino que generaron afectaciones profundas y colectivas en la autonomía, la organización y la supervivencia cultural de sus comunidades.
Muchas de ellas fueron estigmatizadas y señaladas falsamente como colaboradoras de grupos armados y desencadenó desplazamientos forzados, como ocurrió con el pueblo wiwa. Además, el ocultamiento de cuerpos y la manipulación de escenas del crimen por parte del Ejército interfirieron con sus rituales sagrados, especialmente los del pueblo wayúu, afectando su conexión espiritual y territorial.
Uno de los casos sobre los que la JEP hizo mención fue el de Yajaira Cristina Nieves Oñate, una joven wiwa asesinada en 2006 por tropas de la Fuerza de Reacción Divisionaria. Estaba embarazada de seis meses y cuidaba de sus tres hijos pequeños.
Su muerte tuvo un impacto colectivo devastador para su comunidad.