El Centro Democrático (CD), en especial Álvaro Uribe Vélez y la candidata presidencial de ese partido, Paloma Valencia Laserna, lo han tolerado y defendido y puesto de ejemplo de honradez.

Pero la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó a estos defensores en la vergüenza y condenó a Ramírez, conservador, a más de 23 años de cárcel, por delitos muy graves relacionados con la contratación pública.

Hace pocos días, Ramírez fue visto junto a Valencia, incluso abrazados, en episodios de la campaña electoral.

El caso tiene que ver con el desvío de contratos por más de 90,000 millones de pesos otorgados por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) entre 2020 y 2022, en el muy corrupto gobierno del CD encabezado por Uribe, en cabeza del inútil Iván Duque Márquez.

El fallo de la CSJ se fundamenta en hechos cometidos entre 2020 y 2022, período en el que el congresista aprovechó su influencia institucional para direccionar recursos vinculados al Departamento de Prosperidad Social (DPS), indica la sentencia.

Los procesos investigados involucraron desvío de recursos y manipulación en la adjudicación de contratos de obras públicas, conducta por la que la Corte dictó el fallo condenatorio.

De acuerdo con el balance de la investigación, en la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías —norma que limita la contratación directa—, se celebró el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, por un monto de $48.660.000.000.

El expediente judicial establece que este contrato fue el eje de la repartición ilícita de proyectos de obra e interventoría, asignados mediante acuerdos previos y pagos de sobornos. Las dádivas comprometidas rondaban los mil millones de pesos.

Este caso se originó en 2021, cuando, según lo establecido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, se concretó el acuerdo criminal entre Pablo César Herrera, asesor de Proyecta, y el senador Ramírez.

Según consta en los registros del tribunal, Herrera informó a Ramírez sobre los avances de un contrato de gerencia entre Proyecta y el DPS y, el 13 de octubre del mismo año, y ambos participaron en una reunión decisiva con Pierre García, exsubdirector del DPS, para planear la firma de un nuevo convenio interadministrativo de gerencia integral entre ambos organismos.

Ramírez y García se conocieron hace varios años en la cárcel La Picota, cuando ambos iban a visitar a sus padres, Ciro Ramírez Pinzón y Carlos García Orjuela, condenados por parapolítica.

Los contratos derivados de este pacto fueron asignados a personas y empresas seleccionadas de antemano. La documentación del fallo de la Corte Suprema de Justicia señaló que los contratos de obra e interventoría, identificados como Saldaña y Quindío Varios, quedaron en poder de una red liderada por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, encargado de designar a los beneficiarios finales de los recursos.

Paralelamente, las obras públicas e interventorías en municipios como Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar fueron adjudicadas para beneficiar a empresas encabezadas por Anderson González González.

El propósito del plan, señaló la Corte con base en la información recabada, era consolidar estructuras de poder político en los departamentos de Quindío, Caldas, Santander y Tolima.

El diseño y promoción del operativo se atribuye a García, que impulsó simultáneamente la entrega de beneficios ilegales que superaron los mil millones de pesos.

En 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa, tras determinar que “no existe ningún medio de prueba que demuestre la vinculación de los aforados” en este escándalo de corrupción, conocido como Las Marionetas 2.

Como parte de las conclusiones, el alto tribunal consideró que, salvo las afirmaciones presentadas por Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío y testigo clave, los testimonios recabados en la indagación preliminar no incluyeron referencias a Carlos Fernando Motoa, congresista del Valle.

Según la Corte Suprema, ninguna prueba respalda la hipótesis de que Motoa hubiera gestionado el contrato interadministrativo 670 de 2021 a cambio de beneficios ilícitos, ni existe evidencia sobre supuestos intereses electorales ilegales.

El tribunal indicó que “de los medios de prueba practicados y recaudados… no existe evidencia alguna de que los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos, hubieren ejecutado la conducta punible investigada por lo cual se proferirá decisión inhibitoria con respecto a ellos”.