Es una fortuna inmensa la que gasta el Estado en escoltas y camionetas de seguridad para los congresistas.

De acuerdo con el semanario Cambio, en tres años, ofrecerles servicios de seguridad a senadores y representantes y otros funcionarios del Congreso le costó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) más de 400,000 millones de pesos (unos 135,000 millones cada año).

Estos costos se hacen cada cierto tiempo, con dinero de los contribuyentes, para pagar el arrendamiento de 600 vehículos, casi todos camionetas de alta gama, y el pago de igual número de escoltas, para 296 senadores y representantes y más de 20 funcionarios.

Según el semanario, atender semejante demanda de automotores y hombres de protección han convertido al Congreso en uno de los principales usuarios de la UNP.

Desde hace más de ocho años, esta entidad tiene a su cargo el alquiler de camionetas para a través de onerosos convenios, pues el Congreso ya no es propietario de los carros, como antes.

Para entender la magnitud del gasto, el semanario dijo haber revisado los contratos firmados entre 2022 y 2025 para que cada congresista y funcionario 'en riesgo' pueda. Las cifras muestran una inversión que se ha incrementado con el tiempo y representa un alto porcentaje del presupuesto del Legislativo. 

Al ser la corporación más grande del Congreso, la Cámara de Representantes tiene el gasto más alto en esquemas de protección. Según los estudios previos del convenio más reciente, la demanda de vehículos de la Cámara se distribuye de la siguiente manera:

• Los 188 representantes a la Cámara tienen derecho a tener dos camionetas blindadas.
• Los 16 representantes de las curules de paz tienen derecho a una más.

Además, el director administrativo de la Cámara, John Abiud Ramírez, también tiene derecho a dos camionetas, y los siete secretarios de las comisiones constitucionales, a un vehículo convencional. En ese orden de ideas, son 401 camionetas que están presupuestadas en el convenio con la UNP; 392 de ellas son blindadas.

Los vehículos convencionales corresponden a camionetas tipo ‘station wagon’, con tracción 4x4, cilindrada superior a los 2.300 centímetros cúbicos y modelo no inferior a 2020. Por su parte, las camionetas blindadas deben tener un cilindraje superior a los 2.980 c.c. 

La UNP garantiza el mantenimiento de todos los vehículos, y si llegan a tener fallas o accidentes, esa entidad debe encargarse del traslado del funcionario o congresista y su esquema de protección a la ciudad intermedia más cercana. Además, la Unidad asume el costo del seguro obligatorio, certificado de gases, así como el pago de todos los impuestos de movilidad, gastos de matrícula y su legalización, además de los servicios de grúa y desvare cuando sean necesarios. GTambién, de las jultas de tránsito de los vehículos.

Los gastos en gasolina, peajes y viáticos de los escoltas los asumen los congresistas. Cada parlamentario tiene derecho a dos hombres de protección, los cuales están equipados con chaleco antibalas, armamento y equipo de comunicación. Sin embargo, así como con los vehículos, algunos pueden tener un esquema más robusto de acuerdo a la evaluación de seguridad.

Entre 2022 y 2025, el gasto de la Cámara fue de 279.218 millones de pesos, el más alto comparado con cualquier otra entidad con convenios con la UNP. Tres de los cinco contratos más onerosos que ha firmado la Unidad en los últimos siete años han sido con la Cámara, los otros dos corresponden a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Además, al sumar los siete convenios que ha firmado la Cámara y la UNP desde 2018 a la fecha, el gasto de esa corporación en camionetas asciende a los 493.596 millones de pesos, sin una tendencia a la baja. Se pasó de gastar 38.000 millones en 2018 a 115.000 millones en 2024.

Aunque todos los convenios del Senado para el arrendamiento de camionetas son con la UNP, se hacen contratos por separado para los esquemas de los senadores y los asignados a algunos funcionarios. 

El convenio más reciente se firmó el 27 de febrero de 2025 y estará vigente hasta el 30 de junio. Su objeto es el arrendamiento de 10 camionetas para el mismo número de funcionarios administrativos del Senado, lo que implica, según los estudios hechos por esa corporación, un gasto mensual de más de 175 millones de pesos.

El costo total del contrato es de 1.194 millones de pesos, divididos de la siguiente forma:

• El Senado aporta 703 millones de pesos en dinero para el arriendo de las camionetas.
• La UNP aporta 491 millones de pesos en especie (salario, prestaciones sociales y equipamiento de los escoltas).

Los protegidos tienen derecho a camioneta y escoltas gracias al concepto del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), integrado por delegados del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Unidad de Víctimas y la Alta Consejería de Derechos Humanos.

En los últimos tres años, el gasto del Senado en los esquemas de funcionarios ha sido de 4.555 millones de pesos a través de cuatro contratos.

A cada senador le corresponden dos camionetas, más los vehículos adicionales para quienes tengan mayor riesgo de seguridad, según los estudios del Cerrem.

Para pagar las 218 camionetas de los senadores, en los últimos tres años se firmaron cuatro contratos por 116.193 millones de pesos. El más reciente (por 24.464 millones de pesos) fue firmado en diciembre de 2024 e irá hasta junio.

De acuerdo a los estudios del contrato más reciente, el Senado arrienda en total 218 camionetas para la protección de senadores y funcionarios. Lo anterior ha representado un gasto total en los últimos tres años de 120.749 millones de pesos.