Vargas Lleras propone eliminar la Procuraduría General de la Nación

Germán Vargas Lleras propone reformar la Justicia, y eliminar la Procuraduría es una de ellas. Foto: Redes sociales.

Eliminar la Procuraduría General de la Nación, reestructurar el Inpec, cambiar el Consejo Superior de la Judicatura por una simple administrador de la Justicia y quitarles algunas funciones a las Cortes, y facultar a notarios con funciones judiciales…

Son las principales reformas a la Justicia que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras propuso en mensaje que envió al Gobierno Nacional.

La propuesta resultó de las sesiones de una comisión de expertos y sabios reunidos en enero para proponer un proyecto consensuado que no encuentre obstáculos en el Congreso.

Otras propuestas tienen que ver con crear la jurisdicción comercial, reformar el procedimiento penal, estimular la conciliación extrajudicial contencioso administrativa, reformar el estatuto arbitral y la eficiencia judicial.

Otra, pretende que se incrementen las sanciones a los abogados, por dilatar injustificadamente los procesos.

En el documento enviado al Gobierno, Vargas Lleras propone también descongestionar y mejorar el acceso a la Justicia, a través de un plan intensivo para reducir el tiempo de los procesos judiciales a un año. Hoy, el promedio es de 1,288 días (tres años y medio).

Según la propuesta, la reducción de tiempo se logrará mediante soluciones innovadoras como la posibilidad de que notarios, centros de arbitraje y conciliación, así como abogados, bajo la observancia de requisitos legales, y que temporalmente reciban facultades para resolver controversias litigiosas.

En cuanto a la eliminación de la Procuraduría, el documento explica que “lamentablemente, perdió competencias para investigar aforados (congresistas, gobernadores, alcaldes), es decir, su existencia se volvió inocua, considerando, además, que muchos elementos del derecho disciplinario se encuentran subsumidos en el derecho penal”.

Una de las reformas más necesarias tiene que ver con la necesidad de eliminar la formulación de imputación y la fase intermedia del procedimiento, y acabar el llamado sistema aplazatorio de la Justicia.

“La cantidad de aplazamientos es tan grave que (…) para 2024 se programaron 373.711 audiencias, de las cuales 255.114 se realizaron y 118.597 fueron aplazadas, lo cual implica que la tercera parte de las audiencias fueron postergadas”, señala el documento.

Para evitar lo anterior, propone utilizar la bancada de defensa, que exige que en cada proceso el abogado anexe en el poder la designación de un abogado suplente y uno sustituto que lo puedan reemplazar en caso de no poder asistir a una audiencia.

En caso de ocurrir un primer aplazamiento, a la siguiente audiencia solo podrá asistir un defensor de oficio.

Finalmente, propone la eliminación de las facultades electorales de las altas cortas, en ocasiones como la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, el Auditor General y magistrados de la Corte Constitucional.

La única que se conservaría sería la del Fiscal General de la Nación.

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