El exembajador Silva dice que Juan Manuel Santos no miente

Según el exembajador Gabriel Silva (centro), Juan Manuel Santos no miente (como acusa Uribe), al afirmar que sus gestiones inmunizaron a Álvaro Uribe ante la justicia estadounidense, como acusa este. El que miente es otro.

Desde hace algún tiempo, en boca del expresidente Álvaro Uribe Vélez, todas las verdades se hacen dudosas.

Tan dudosas, que se convierten en mentiras en menos tiempo del calculado.

El exembajador dos veces de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján, lo demostró con suficiencia este domingo en la revista Cambio.

Silva sostuvo que el expresidente Juan Manuel Santos no mintió, cuando reveló que gestiones diplomáticas suyas impidieron que la Justicia de Estados Unidos iniciara procesos legales contra Uribe.

Mintió, entonces, Uribe. Y con él, Iván Duque, que lo respaldó. Pero como cada vez la gente lo tiene menos en cuenta, su mentira no cuenta. Además, siempre miente.

Según Silva, en su casa de Washington, a donde invitó a Uribe, el expresidente se enteró de las gestiones diplomáticas del nuevo Gobierno y del resultado, que lo favorecía.

Silva sugiere que el expresidente recibió la noticia con desagrado, pues se enteró de que las gestiones fueron hechas en nombre del fuero constitucional que ampara a altos dignatarios de un Estado, y de la soberanía de Colombia, en riesgo, y no en el nombre concreto de Uribe.

Con base en un extenso artículo de Silva en Cambio, en el que se revela que una situación similar a la de Uribe surgió con Alfonso López Michelsen, se puede entender la gestión de Santos y el embajador Silva:

“La argumentación sobre el curso de acción recomendado al presidente Gaviria (en el caso López) es en lo esencial la misma en que se basó mi recomendación al presidente Santos en el caso de Uribe. Los expresidentes y altos dignatarios de la Nación gozan constitucionalmente de un fuero que establece que por la responsabilidad y dignidad del cargo que se ejerció solo pueden ser sometidos a situaciones judiciales dentro de unos parámetros y a niveles que les dan garantías de que no van a estar sujetos a abusos o manipulaciones políticas por parte de terceros.

“La protección de ese fuero constitucional de los expresidentes y otros altos dignatarios es una obligación en Colombia o en el exterior. Permitir que estos mismos personajes y dignatarios sean tratados en el extranjero por fuera de los términos de su fuero rompe la protección que la misma Constitución les otorga. Es decir, la obligación del gobierno es impedir que terceros interesados vulneren los alcances de la protección constitucional, que es intuitu personae (determinada persona y solo ella) y por lo tanto no desaparece al cruzar la frontera. Por eso es por lo que la ley establece que los expresidentes y otros oficiales de alto rango tienen el derecho a portar pasaporte diplomático”.

El Departamento de Estado aceptó la argumentación colombiana, pues por esos días, el presidente George Bush enfrentaba la posibilidad de que, en cualquier país que visitara, surgiera la posibilidad de que lo arrestaran, por orden de un juez extranjero.

Bush estaba siendo acusado por las torturas a presos de Al Qaeda, en la prisión Abu Grahib, en Irak.

Así, el Departamento de Estado comunicó a Silva que se mantendría la política de inmunidad caso por caso -es decir no se haría de manera generalizada, que era la solicitud inicial- pero que aceptaría extenderla a Uribe. 

Y esa parte fue la que desagradó a Uribe, que su inmunidad ante la Justicia de Estados Unidos fuera consecuencia del respeto a la soberanía colombiana y a la inmunidad de sus altos dignatarios, y no fuera resultado de una gestión del Gobierno en el nombre de Álvaro Uribe Vélez.

Lo que pesa la soberbia...

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