En Colombia, la Justicia es a la medida de cada interesado.

Es el resultado de la manipulación de jueces y fiscales a manos de poderosos, en su gran mayoría políticos, que lograron hacer de la impunidad la reina de los tribunales, y del vencimiento de términos, la ley general inapelable.

El excongresista Arturo Char Chaljub encontró los jueces que necesitaba para quedar en libertad mediante el recurso extraordinario de habeas corpus.

El juez Carlos Humberto Coy Domínguez, de Santa Marta, al parecer nombrado solo por 30 días, en 24 horas les dio la razón a los abogados de Char, y el acusado quedó libre.

El habeas corpus es un mecanismo de amparo de la libertad, no un recurso en favor del reo que, como en el caso de Char, llevaba más de 120 días sin ser acusado formalmente.

En torno del plazo para formular cargos a Char, la Corte Suprema, que lo juzga por corrupción al elector y concierto para delinquir, quedó dividida entre quienes consideran que el término se había cumplido, y entre quienes sostienen lo contrario y, por ello, no están de acuerdo con la libertad del excongresista.

El proceso está a cargo de la controvertida magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez, partidaria de la libertad para el reo. Y en su concepto se basó el juez Coy.

El proceso contra Arturo Char nació en el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien en las últimas semanas se tomó un receso en el cargo debido a señalamientos en su contra por presuntamente favorecer al clan Gnecco en un proceso penal que llevaba contra uno de sus integrantes.

Por ese motivo, el caso Char fue repartido por sorteo y recayó en el despacho de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana. 

Más allá de la controversia jurídica, se destaca la celeridad con la que actuó la Justicia, que todo lo resolvió en un día, y que contrasta con situaciones que rayan en el escándalo, como la del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, que en febrero cumple tres años sin emitir veredicto en relación con Santiago Uribe Vélez, por delitos que han sido calificados de lesa humanidad, como miembro de una pandilla criminal conocida como Los 12 Apóstoles.

Las audiencias del proceso terminaron hace casi 10 años, y desde entonces el juez solo se ha pronunciado para aplazar su fallo.

Primero, se esperaba que la decisión fuera comunicada cuatro meses después.

Luego, se dijo que el juez necesitaba 7 meses; posteriormente, un año; pero el 9 de febrero se cumplen tres años sin fallo, pese a la insistencia de la fiscalía, para que el juez condene al ganadero, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.