El ilegal software espía Pegasus, que Colombia compró a la firma israelí NSO Group, fue negociado con todos los requisitos legales exigidos por los gobiernos de Iván Duque y de Benjamin Netanyahu.

Así lo confirmó la empresa en respuesta a peticiones periodísticas, aunque Duque y su Gobierno lo han negado.

La negativa del gobierno pasado ha sido rotunda, lo que implica engañar a los colombianos.

“NSO Group es una empresa que respeta las leyes. Como tal, todas las transacciones se llevaron a cabo de acuerdo con la ley y las documentaciones legales” de Colombia e Israel, respondió NSO Group. “Cualquier otra interpretación no es correcta”.

El software costó 11 millones de dólares que Colombia pagó en efectivo en dos contados de 5,5 millones de dólares cada uno, que fueron entregados a los vendedores en Colombia.

El dinero fue transportado en dos aviones que aterrizaron en Eldorado y fueron alojados en los hangares de la Policía Antinarcóticos.

La confirmación del negocio se dio pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro confirmó que los aviones israelíes vinieron a Colombia en 2021.

Petro habló con los medios y dijo que su Gobierno saben quiénes fueron los ocupantes de los dos vuelos, y que, en el segundo, vino Ran Gonen, entonces director general de NSO, la firma que produce el software ilegal.

El presidente confirmó así versiones de prensa que revelaron detalles de los dos aviones, de sus pilotos y algunos de sus ocupantes, y la razón por la cual vinieron: llevar a su país 11 millones de dólares en efectivo de los cuales no existe registro alguno en Colombia.

Pero, agregó un detalle importante desconocido y grave: las aeronaves llegaron directamente a los hangares de la Policía Antinarcóticos en Eldorado, que las resguardó hasta su despegue de regreso.

Según Petro, el 25 de junio de 2021 (en pleno alzamiento juvenil contra el Gobierno), llegó el avión Bombardier con matrícula M-ABGG, en el que los israelíes se llevaron 5,5 millones de dólares.

El avión de fabricación canadiense, estuvo estacionado en los hangares de la Policía Antinarcóticos durante casi un día. Luego, regresó a Tel Aviv, vía Santo-Domingo-España.

El piloto, Amir Sade, se describe como experto en la integración de productos de software y hardware, y dice tener experiencia como gestor de cuentas de empresas que suministran productos y servicios a la industria militar.

Sade trabajó durante dos años en una empresa israelí que presta servicios de investigación, y 11 años en Elbit Systems, una de las principales compañías tecnológicas fabricantes de materiales electrónicos de defensa de Israel.

El otro vuelo vino en septiembre, con itinerario similar. La nave, para 145 pasajeros, traía a un grupo de 14 personas, todas israelíes, entre quienes estaba el director de NSO.

Se trató de un jet de matrícula T7-CPX, favorito de Benjamin Netanyahu para operaciones secretas.

Estuvo pilotado por Yaniv Hait, un israelí que trabajó en la Fuerza Aérea se su país por más de 10 años. Es experto en drones militares.

De acuerdo con el presidente, "Los tripulantes de esos vuelos, llegan y se van… Nos llama la atención que no llega ni se va ningún colombiano".

El presidente dijo que Gonen puede ser responsable del delito de lavado de activos, pues no es legal tener esos montos tan altos en efectivo y no reportarlos.

"En el segundo vuelo, el del pago final de Pegasus, parte y llega ni más ni menos que el director general de NSO Group; se lleva la segunda parte de la transacción. Al aeropuerto El Dorado llegó el director de NSO para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar", agregó Petro, e indicó que aportará la información para que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen a profundidad las posibles irregularidades y conductas delictivas.

Otro vinculado a directivos de NSO, que habría estado en esos vuelos, es el director de negocios, Yehuda Lahav, según Petro, que se refirió igualmentye a Oded Gindi, al parecer viajero en los dos vuelos, y Moshe Sahar, que supuestamente tuvo contratos con la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) en 2013.

La Dipol ha estado vinculada al escándalo desde cuando se conocieron los primeros detalles de la compra ilegal.