Contra el querer de la oposición, la Contraloría General de la Nación terminó dándole la razón al presidente Gustavo Petro: sin una reforma inmediata, el sistema de salud colapsa.

Solo se salvarían cinco Empresas Promotoras de Salud (EPS): Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud.

Las demás, incluyendo las más famosas como Sanitas, Compensar y Nueva EPS, caerían como castillos de naipes bajo el peso de sus ilegalidades.

El informe abre así la puerta para que el gobierno intervenga a las que están operando fuera de la ley, pues no cumplen con los requisitos, a todas las demás, por muy poderosos que sean sus promotores y administradores y por mucho que la oposición quiera que el gobierno deje las cosas como están.

El informe de la contraloría, revelado por el semanario Cambio, indica que “el problema central, que a partir de hoy pone en jaque a la mayoría de las EPS, es el hueco de las reservas técnicas”.

Significa que, según la ley, las EPS están obligadas a disponer de un colchón financiero para garantizar que pueden sostenerse y sostener el sistema de salud, y no lo tienen.

Hoy, no pueden responder, por ejemplo, por sus deudas.

Esas reservas deben aprovisionarse e invertirse para que el dinero no pierda su valor en el tiempo, y las EPS no lo están haciendo.

Lo que indica el informe es escandaloso: la deuda de las EPS con las IPS y los proveedores, las reservas técnicas y los pasivos administrativos suman 25 billones de pesos ($25 000 000 000 000), de los cuales, 11,3 billones son deuda, y 13,7 billones deberían estar en las reservas técnicas, pero solo hay 1,3 billones de pesos, en bonos de deuda pública y títulos a la vista de alta liquidez, entre otros.

Significa, dice Cambio, que hay 12,4 billones de pesos perdidos.

Para la contraloría, eso constituye un incumplimiento al régimen de inversiones de reservas técnicas, pues el decreto 780 de 2016 exige la inversión del ciento por ciento de los recursos.

Conocer esta realidad, de la que depende la salud de los colombianos, le permitió a Petro exponer hizo un año, en una entrevista, su gráfica definición de lo que pasará si no hay reforma: “¿Si yo quisiera acabar las EPS, sabe qué hago? No presento el proyecto (de reforma). Dejo que pase lo que está pasando y shu-shu-shu, eso es un dominó. [...] No es sino esperar”.

De acuerdo con el informe, no cumplir con el manejo de las reservas técnicas, “demuestra una falta grave (de las EPS) contra la norma y un riesgo para el sistema, por cuando, al no constituirse las reservas mandatorias (obligatorias) no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud”.

En tales condiciones, esa sola razón sería suficiente para que la Superintendencia Nacional de Salud interviniera y liquidara a las 21 EPS que están fuera de la ley.

De hacerlo, todo el sistema se derrumbaría de manera catastrófica, pues las cinco entidades que sí cumplen, atienden solamente a 10,5 de 52 millones de colombianos.

La razón de lo que sucede es un problema estructural: el sistema de salud gasta más de lo que recibe, y por eso siempre ha estado al borde de la debacle.

La ley ordena que las EPS deben disponer de un porcentaje de dinero para las reservas, pero quienes las administran sostienen que, cuando hay una situación de déficit, como la que enfrentan, es irresponsable guardar la plata que puede salvar la vida de la gente.

La opción, según las EPS, es clara: o se guarda plata o se atiende a la gente.

Hay oros problemas graves: el informe indica que 16 de las 26 EPS están teóricamente en quiebra: no cumplen con tres requisitos básicos para operar: tener un. Capital mínimo, un patrimonio adecuado, y reservas técnicas.

Ello ha llevado a otros problemas: las EPS tienen enormes deudas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), como hospitales, clínicas y centros de atención. Esas deudas ascienden a 11,3 billones de pesos.

En la situación actual, se impone una reforma al sistema. La opción sencilla de que el Gobierno intervenga y liquide a las EPS inviables, está descartada. Hay algunas intervenidas, pero el problema fundamental es que el dinero no alcanza.

Además, cuando se liquida una EPS, los afiliados van a otra, y con ellos van los problemas de la que se liquidó.

Pero, no hacer nada, es la peor decisión. Así, ante la imposibilidad de una intervención, la fórmula salvadora está en la reforma que debe estudiar el Congreso.

Pero, en el año y medio de Gobierno, la reforma que presentó Petro solo ha servido para generar crisis tras crisis en el Gobierno, por razón de la negativa de la oposición a estudiarla y aprobarla.

Esta parece ser la última oportunidad de salvar el sistema sin los traumatismos de una intervención de la Superintendencia.

Pero, aun teniendo en cuenta la amenaza de la catástrofe, intervenir es una posibilidad…