El flamante partido Alianza Verde (AV) sigue sentado en la butaca de los acusados por la Justicia colombiana, por cuenta del grtan saqueo al dinero del Estado a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Además de militantes de alto nivel, como el expresidente del Senado Iván Leónidas Name Vásquez, y de la exConsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, presos, esta vez el turno ante los jueces es nada menos que para el fundador de AV, Carlos Ramón González Merchán, 66.

De Puente Nacional (San) y exmilitante del Movimiento 19 de Abril (M-19), González era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), una especie de gerencia general del Gobierno.

A González, la Fiscalía que actúa ante el Tribunal Superior de Bogotá lo acaba de convocar a una audiencia de imputación de cargos en relación con el escándalo de desvío de fondos de la Ungrd.

La audiencia de imputación también contempla una posible medida de aseguramiento, pues González es señalado como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Según testimonios judiciales, González es una de las fichas claves del saqueo de la Ungrd.

De hecho, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo incluyó en el proceso, tras los testimonios entregados específicamente por Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, los más altos exdirectivos de la Ungrd.

Ambos acusan a González de haber dado instrucciones para facilitar la entrega de 4.000 millones de pesos a los congresistas Name y Andrés David Calle Aguas, presidentes de Senado y Cámara de Representantes, al parecer para facilitar la elección, en el Congreso, de un magistrado del Consejo de Estado, y la aprobación de proyectos del Gobierno.

Según la investigación, presuntamente por orden de González se organizó un cónclave con altos funcionarios durante el cual se concretó el desembolso de 4,000 millones de pesos para entregar a los líderes del Congreso.

Allí se definió la entrega de forma escalonada y controlada de 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle.

Mientras avanzaban las investigaciones, González abandonó el país, y al parecer está tramitando asilo en España, aunque su defensor, Iván Cancino, señaló que el viaje fue para un período de descanso.

La salida del exfuncionario coincidió con la renuncia de su esposa, Luz Dana Leal, a un cargo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lo que ha incrementado los rumores y cuestionamientos sobre su paradero y sus intenciones frente a la justicia.