No es solo su prontuario. Ni el plagio de su monografía de grado, ni el hecho de que con solo dos años y tres meses le dieran el título de abogado, ni la maestría de cinco meses.

Es, también, la actitud de magistrados del Consejo de Estado, que, según analistas, quieren convalidar todos los caprichos del ambicioso y corrupto Carlos Mario Zuluaga Pardo, actual Contralor General de la Nación y aspirante a ser Procurador.

La lista de peros no termina con esto, pero, tampoco, la aspiración del antioqueño renegado Zuluaga. Renegado, porque en 2015, cuando aspiró a la alcaldía de Sabanalarga (Atl), dijo haber nacido allí y no en El Santuario (Ant).

Según el portal digital Casa Macondo, “más allá del resultado de esa las mentiras señalan el patrón de omisiones, atajos y falsedades que ha seguido un funcionario que, desde el 16 de junio de 2023, ocupa uno de los cargos más importantes del país. El puesto lo asumió después de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de su jefe, Carlos Hernán Rodríguez, por irregularidades en su proceso de nombramiento en el Congreso”.

En cuatro meses de investigación, CasaMacondo descubrió que Zuluaga ha publicado en internet otras mentiras sobre su educación, ha hecho negocios inmobiliarios con contratistas de la Contraloría y no declaró la relación que tenía con su ex compañero sentimental en su declaración de conflictos de interés.

La página de la red LinkedIn de Zuluaga es deslumbrante. En la sección de educación dice que ha pasado por cinco universidades, que es licenciado en Enseñanza de las Tecnologías de la Universidad del Atlántico (1998-2022), especialista en Docencia Universitaria de la Universidad del Norte (2003-2004) y abogado de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas (2012-2016).

También asegura tener especialización de la Universidad de Pittsburgh (2014), así como dos años de estudio en Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) (2020-2022).

Pero solo una parte de esta información es verdadera.

La Unad confirmó  que Zuluaga solo había cursado “tres materias de cursos libres correspondientes al programa de sociología [sic]” en el primer semestre de 2020. Las tres materias fueron Competencias Comunicativas, Fundamentos de Sociología, y Ética y Ciudadanía, en la que obtuvo la peor calificación. CasaMacondo le preguntó al contralor en funciones por qué decía en público que había cursado dos años de Sociología en esta universidad, cuando solo tomó tres cursos libres. Zuluaga se limitó a decir: “Habrá que corregir eso. Ese detalle así no lo tengo”. (Horas después, eliminó sus estudios en Sociología).

El caso de la Universidad de Pittsburgh es diferente. Tanto en su LinkedIn como en su página de Wikipedia, Zuluaga asegura que cuenta con una especialización de ese centro educativo. La afirmación la sustenta con un certificado del Institute for International Studies in Education (Instituto de Estudios Internacionales en Educación) de esa universidad, donde se lee que “completó exitosamente el Programa de Postgrado Gerencial (Procage)”.

La cuestión es que, según la Universidad de Pittsburgh, ese documento ni siquiera es un diploma. Cuando CasaMacondo le envió una copia a la oficina de registros de esa institución, uno de sus funcionarios, Toni Petro, contestó que ese certificado no es un título universitario. "No es un diploma", afirmó. También aseguró que nadie llamado Carlos Mario Zuluaga se ha graduado de esa universidad. Resulta que Procage no es una especialización o un posgrado, sino un seminario de dos semanas para ejecutivos latinoamericanos. 

Pero el título que más sospechas ha despertado ha sido el pregrado en Derecho que Zuluaga cursó en la Corporación Universitaria de Colombia Ideas. Para empezar, la universidad y el funcionario se contradicen cuando hablan de su duración. Según un derecho de petición que respondió la entidad educativa, el contralor en funciones se demoró tres años en graduarse (de febrero de 2013 a noviembre de 2015). Sin embargo, en conversación con CasaMacondo, el funcionario reiteró en más de una ocasión que el programa solo duró dos años. Así, de hecho, lo dejó consignado en su hoja de vida oficial. 

El pregrado de Ideas tiene otro problema de tiempos. De acuerdo con la universidad, Zuluaga cursó 10 semestres en 3 años, y 8 de esos semestres tuvieron una duración de 2 meses cada uno (los otros 2, misteriosamente, fueron de 4 meses). En la mayoría de esos semestres, el contralor en funciones cursó 17 o 18 créditos académicos. El problema es que, según el Ministerio de Educación, cada crédito universitario equivale a cuarenta y ocho horas de estudio. Eso quiere decir que para conseguir 18 créditos, el estudiante debe dedicarle a sus materias 864 horas, lo cual equivale a 36 días.
¿Cómo es posible que Zuluaga haya sacado adelante semestres enteros en apenas dos meses, que le exigían más de la mitad de su tiempo, cuando trabajaba en la Contraloría y, más adelante, en la campaña para ser elegido alcalde de Sabanalarga? En conversación con CasaMacondo, el funcionario afirmó que asistía a clase de cuatro de la tarde a diez de la noche entre semana, todo el día del sábado y, de vez en cuando, los domingos. El asunto es que, incluso así, las matemáticas no dan: para cursar dieciocho créditos en dos meses, un estudiante tendría que estudiar quince horas al día todos los días. 

Hoy, a pesar de la imposibilidad de estudiar quince horas al día en semestres de dos meses, el contralor en funciones tiene la tarjeta de abogado número 277820, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Esto sin mencionar otro enigma matemático: según Ideas, Zuluaga cursó en esos tres años 174 créditos. Pero, para graduarse, según el Ministerio de Educación, necesitaba 176. 
CasaMacondo no es el primero en poner en tela de juicio el título de Derecho de Ideas.

El 6 de septiembre de 2023, la abogada Elvia Isabel Otero Ojeda envió una queja a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial argumentando que Zuluaga había mentido sobre sus créditos académicos y que, por eso, estaba ejerciendo de manera ilegal su profesión de abogado.

Es importante resaltar que Otero había trabajado hasta el 15 de julio de ese año a la cabeza de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría. Ese día, ella salió de la entidad por solicitud de Zuluaga, quien pidió la renuncia de varios directivos al poco tiempo de asumir el cargo de contralor general en funciones.

Según una investigación del periodista Yohir Akerman que publicó Cambio, Zuluaga despidió a Otero porque ella encontró  irregularidades en convenios de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), donde él había trabajado en cargos directivos entre 2019 y 2022. 
La queja de Otero contra Zuluaga llegó al despacho del magistrado Martín Leonardo Suárez Varón, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, el 25 de septiembre. A los cuatro días, el togado la desestimó de plano. En su pronunciamiento, Suárez esbozó dos razones para no abrir un proceso disciplinario contra Zuluaga. Aseguró que cualquier irregularidad en la obtención del título de abogado no tenía relación alguna con su trabajo como contralor, y que había pasado tanto tiempo desde el grado que la acción disciplinaria estaba “prescrita”.

En su decisión, sin embargo, el magistrado omitió mencionar que su esposa, Marisol Millán Hernández, ocupaba en ese entonces un cargo directivo en la Contraloría General de la República, como directora de Estudios Sectoriales Sector Minas y Energía, cargo que aún ocupa. CasaMacondo le preguntó las razones por las cuales no se declaró impedido a la hora de pronunciarse sobre el jefe de su esposa. El magistrado respondió que su pareja “accedió al cargo mediante concurso de méritos desde agosto de 2014” y que, por eso, “su empleo en carrera administrativa no depende de ningún funcionario, y ella no ha tenido ningún ascenso ni promoción”. 
Zuluaga, por su lado, aseguró que no sabía quién era Millán: “Conozco a todos los directores [de la Contraloría], pero no me sé todos los nombres”, nos dijo. 

El 19 de septiembre de 2022, cuando se posesionó como vicecontralor de la república, Carlos Mario Zuluaga firmó una declaración de conflictos de interés, un documento que deben diligenciar y publicar todos los funcionarios. En la segunda página, ante la afirmación “Tengo cónyuge o compañero permanente”, marcó la casilla que decía “No”. Pero su respuesta fue una mentira que configura el delito de falsedad ideológica en documento público. Al ser cuestionado por esta omisión, Zuluaga, muy nervioso, no supo qué decir.

En el marco de esta investigación, CasaMacondo halló que, entre el primero de diciembre de 2020 y el 7 de diciembre de 2022, “en forma estable, continua e ininterrumpida”, Zuluaga sostuvo “una vida marital, conviviendo bajo el mismo techo, sin haber contraído matrimonio, conformando así una comunidad de vida permanente y singular” con el administrador de empresas Diego Fernando Monsalve Pico. La anterior información quedó consignada en una escritura del 16 de junio de 2023, en la que Zuluaga y Monsalve cesaron los efectos civiles de la unión marital de hecho. Coincidencialmente, ese mismo día Zuluaga se posesionó como contralor general en funciones. 

Al omitir esta relación en su declaración de conflictos de interés, el contralor estaba omitiendo los contratos que, por esas fechas, empezó a firmar su pareja con entidades del Estado. Antes de involucrarse sentimentalmente con Zuluaga, Monsalve solo había trabajado en el sector privado. Después de que empezaran a salir, esta realidad cambió. Desde noviembre de 2021 hasta la fecha, Monsalve ha suscrito 12 contratos con 5 entidades gubernamentales por 675 millones de pesos. Sus ingresos anuales también han incrementado de forma drástica: si en 2020 fueron de 182 millones, en su último año gravable devengó 442 millones, según un documento que firmó el 30 de enero de 2024. 
Los primeros dos contratos de Monsalve con el Estado fueron con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y se celebraron entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022. La entidad distrital, en cabeza de Luis Ernesto Gómez, le pagó ochenta y dos millones de pesos por trabajar "en la implementación del programa de barrismo social goles en paz 2.0".

Luego vinieron los cinco contratos con la Contraloría de Bogotá, que preside desde 2022 Julián Mauricio Ruiz Rodríguez. La esposa de este funcionario, Erika Johanna Bohórquez Ballesteros, trabajó con Zuluaga en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como directora adjunta. El primero, por treinta y nueve millones de pesos, se ejecutó entre agosto y noviembre de 2022. Monsalve pasó de trabajar con las barras bravas a asesorar al contralor auxiliar de Bogotá. En el informe de supervisión, se evidencia que la única actividad reportada por el administrador de empresas fue su participación en una reunión.

Los otros contratos con la Contraloría de Bogotá llegaron cuando Zuluaga ya era vicecontralor. En el segundo, por doce millones de pesos, Monsalve solo participó en una reunión y presentó un documento “respecto al seguimiento de los avances de la sentencia y la problemática ambiental, ecológica y económico-social de la cuenca hidrográfica del río Bogotá”. Era diciembre de 2022. El tercero, por noventa millones de pesos, se ejecutó entre febrero y noviembre de 2023. Hubo un mes en el que Monsalve solo participó en una reunión y, más grave aún, en otros tres meses copió y pegó las actividades en su informe. 

Entre mayo y diciembre de 2023, Monsalve suscribió contratos por 188 millones de pesos con objetos variopintos con la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Computadores para Educar y, de nuevo, la Contraloría de Bogotá. De este último no existe soporte de actividades. Actualmente, tiene tres contratos activos hasta diciembre por 261 millones de pesos con el ICA, la Contraloría de Bogotá y la CAR.

De los dos últimos no hay informe de actividades ni de supervisión.