El Consejo de Estado citó a una audiencia el 19 de junio a diez congresistas de oposición, en desarrollo de un proceso de pérdida de investidura.

La citación es consecuencia de una denuncia según la cual, los legisladores violaron el régimen de inhabilidades al donar dinero a una iniciativa impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destinada a financiar las vías 4G del departamento.

Los citados son los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina, y los representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Martínez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez.

La denuncia fue presentada por Carlos Mario Patiño, quien sostiene que los legisladores podrían haber incurrido en una inhabilidad al donar a la vaca para las vías de Antioquia, violando el artículo 180-2 de la Constitución, que prohíbe a los congresistas celebrar contratos con entidades públicas.

La idea de Rendón fue bautizada como vaca, para utilizar un término popular que significa colecta, y pretendía despertar la solidaridad de los antioqueños con sus carreteras, ante la falta de dinero oficial para continuar su construcción.

La vaca, de claro tinte político, tenía como objetivo real el de insistir en que el presidente Gustavo Petro no quiere a Antioquia y, por ello, no destinó fondos para terminar las obras, en especial el Túnel del Toyo.

La vaca ha logrado colectar solo unos 4,800 millones de pesos.

El magistrado César Palomino Cortés, encargado del caso, ha citado a los congresistas a una audiencia pública para los alegatos finales del proceso, declarando concluida la etapa probatoria y negando las solicitudes adicionales de los abogados defensores por considerarlas innecesarias.

El Consejo de Estado deberá determinar si los congresistas incurrieron en inhabilidad, lo que podría llevar a la pérdida de sus curules.

Para defenderse, los congresistas argumentan que las donaciones no constituyen contratos estatales.

Johana Echeverry, asesora jurídica del representante Julián Peinado, declaró que su análisis concluyó en que la donación no infringía el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, comparando el aporte con la compra de tiquetes por Satena (aerolínea militar del Estado) o el pago de peajes, actividades permitidas para funcionarios públicos.

Oscar Marín, subsecretario de Hacienda de Antioquia, testificó que los aportes no han sido incorporados al presupuesto departamental y que cualquier persona puede retractarse y solicitar la devolución de su donación.

Según Marín, esto significa que no se han aceptado las donaciones formalmente, por lo que no se ha generado ningún movimiento presupuestal.

Lanzada el 22 de marzo, la vaca generó controversia desde el comienzo, no solo por las dudas sobre la legalidad de las donaciones, sino también por la falta de mecanismos claros para verificar su procedencia.

En medio de la polémica, el gobernador Rendón ha prometido devolver las donaciones, una medida que podría influir en el desenlace del caso.

Sin embargo, la decisión final del Consejo de Estado será crucial para establecer un precedente sobre la interpretación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el contexto de aportes a iniciativas públicas.