Con la voz entrecortada y luego de acusar formalmente por tres delitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal Parra, sugirió que si algo le ocurre a su integridad, hay a quien señalar como responsable.
“No digo más… no digo más”, repitió casi en lágrimas ante las cámaras al finalizar su intervención en el proceso criminal contra Uribe, que dirige la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Arana.
El fiscal se refirió en concreto a publicaciones de Uribe en las redes sociales, con las que se ha afectado, dijo “a dos de las víctimas, o a tres de ellas, exactamente”, publicaciones que “en todo caso, la Fiscalía remite a su despacho (de la jueza), para que se deje y quede constancia”.
Y con la voz quebrada, remató Villarreal: “…en este país, la vida y las integridad personal de cualquier persona, bajo ese contexto, corre peligro. Y, la verdad, en mi caso, yo lo siento así. No digo más, no digo más…”
Villarreal hizo referencia a publicaciones de Uribe como una en vídeo en la que dice que recibió mensajes que le hablan de amenazas contra Villarreal. “Yo no sé”, añade Uribe mientras parece leer algo en su celular.
De inmediato, en las redes sociales hubo una explosión de opiniones que se referían a que acusadores y testigos contra Uribe, en otros casos, han muertos misteriosamente y, en algunos casos, asesinados a balazos.
Otros, según las redes, han tenido que abandonar el país en busca de seguridad para ellos y sus familias.
Villarreal adoptó una postura totalmente opuesta a la de dos antecesores que, en vez de acusar a Uribe, pidieron terminar el proceso contra él.
Villarreal acusó al expresidente de tres delitos: soborno, fraude procesal, y soborno a testigo.
Con base en esa acusación, la jueza Heredia negó de plano a Uribe y su defensa la petición de anular el proceso.
La negativa de plano implica que no hay apelaciones.
El caso comenzó en septiembre de 2014, cuando en un debate en el Congreso citado por el senador Iván Cepeda Castro, para revelar información sobre presuntos vínculos de Uribe con organizaciones narcotraficantes y paramilitares de ultraderecha a lo largo de su vida polìtica.
Uribe, también senador, abandonó el recinto y a manera de respuesta se dirigió a la Corte Suprema de Justicia a interponer una denuncia por supuesta manipulación de testigos en contra de Cepeda.
Durante la investigación, la tortilla dio la vuelta. En febrero de 2018, la Corte declaró que descubrió que quien intentaba manipular testigos para engañar a la justicia era el mismo Uribe, que buscaba que dichos testigos declararan contra Cepeda por medio de visitas a las cárceles que uno de sus abogados, Diego ‘Abogánster’ Cadena, realizaba a personas privadas de la libertad.
La Corte anunció, entonces, que archivaba la investigación contra Cepeda e iniciaba la investigación contra Uribe.
Diez años después, Uribe es el imputado y arriesga penas de entre uno y ocho años de cárcel, y multas millonarias.
Uribe es el primer colombiano que ha sido presidente y sujeto de acusaciones criminales en toda la historia del país.