Todos se han declarado inocentes. Pero, al menos tres de los seis, han estado vinculados a escándalos de corrupción, y otros dos tienen parientes o jefes que han sido investigados por delitos.

Ahora son seis políticos conservadores, liberales o de la Alianza Verde, a quienes la Corte Suprema de Justicia les definirá su suerte jurídica dentro del gran escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).

De los congresistas vinculados al caso, hay dos que ya están en la cárcel: los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Leonidas Name Vásquez, de Alianza Verde, y Andrés David Calle Aguas, liberal.

Son ellos Juan Pablo Gallo Maya, senador conservador de Risaralda, suspendido como alcalde de Pereira;

Julián Peinado Ramírez, senador liberal de Antioquia, vinculado a un escándalo de corrupción en Envigado (Ant);

Liliana Esther Bitar Castilla, senadora onservadora de Córdoba;

Wadith Alberto Manzur Imbett, representante conservador de Córdoba, hijo de Julio Manzur, exsenador vinculado al paramilitarismo en Antioquia Chocó y Córdoba y expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por no entregar información relevante dentro de la investigación;

Karen Astrith Manrique Olarte, representante liberal de Arauca, exasesora del congresista Nervado Enviro Rincón Vergara, quien fue despojado de su investidura acusado de celebración indebida de contratos, y

Juan Diego Muñoz Cabrera, excongresista de Alianza Verde del Meta, vinculado a contratos oficiales cuestionados otorgados en Boyacá, donde gobierna su copartidario Carlos Amaya. Además, fue vinculado a irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) cuando fue secretario de Educación en su departamento.

Este miércoles, la Corte decidirá en torno de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que define el llamado a juicio de los seis.

En agosto pasado, el magistrado había sometido a votación una ponencia que pedía dictar medida de aseguramiento contra los cinco parlamentarios, tras encontrar pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel, como testimonios de altos funcionarios que los denunciaron.

La ponencia no prosperó y los congresistas continuaron defendiéndose en libertad y en pleno ejercicio de sus funciones desde sus curules.

Sin embargo, con el nuevo acervo probatorio recaudado en los últimos meses —entre ellos, interceptaciones telefónicas—, la Corte se pronunciará de nuevo sobre la medida de aseguramiento. El magistrado ponente pide enviarlos a la cárcel. 

Los testimonios recogidos para este expediente incluyen el de la exalta consejera para las Regiones Sandra Ortiz,—de Alianza Verde, en la cárcel—, quien aseguró que en un consejo de ministros hubo una directriz del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que los integrantes de esa mesa “adoptaran” a un congresista y así direccionar su voto a favor del Gobierno.

También están las declaraciones del exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, quien afirmó que denunció el manejo irregular de recursos del Ministerio de Hacienda durante la administración de Ricardo Bonilla, también en la cárcel.

Reyes señaló puntualmente a Andrea Carolina Riveros como la persona encargada de poner en marcha esa metodología. "Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales (...) para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas", afirmó.

Una prueba definitiva es el celular de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quien negoció inmunidad total con la Fiscalía a cambio de delatar el plan criminal para negociar ilegalmente el voto legislativo.

En un documento de 500 páginas se incluyen los chats de Benavides con Wadith Manzur y Liliana Bitar, así como con el propio ministro y el viceministro de ese entonces, Diego Guevara.

En ellos se coordinan reuniones con integrantes de comisiones de presupuesto del Congreso, de las cuales se logran concretar dos: una el 4 de octubre, un desayuno en el que se habría planteado la propuesta, y otra el 31 de octubre en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, en la que se concretó.

El expediente final incluye como pruebas una serie de interceptaciones recolectadas por la policía judicial en el último trimestre de 2024, que darían soporte al vínculo de los congresistas con los proyectos negociados con recursos de la UNGRD para sus regiones.

Por ejemplo, en una de las llamadas telefónicas de la representante Karen Manrique, la congresista se refiere a un proyecto de obra en el tramo Tame–Puerto Rondón, en Arauca.

Según los interrogatorios de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, el hombre que iba a administrar el contrato en Saravena —con el que presuntamente se habría transado a la congresista— era su esposo, Gustavo González Ruiz.

Él figura como representante del Grupo de Constructores de la Orinoquía, empresa que ha contratado con la Gobernación del departamento obras en municipios como Tame y Puerto Rondón, entre otros.