La Sala Pernal del Tribunal Superior de Bogotá no se dejó asustar, como otras instancias judiciales cuando se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y no aceptó anular el proceso criminal al que está sometido por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Con una decisión en tal sentido, el tribunal aseguró que, contra la opinión de Jaime Granados y Jaime Lombana, defensores de Uribe, no ha habido vulneración del debido proceso, y que todo lo actuado queda en firme.

Así, en próximos días se reanudarán las audiencias, en las cuales Uribe deberá responder por sus delitos, cometidos en torno de una acusación contra el congresista Iván Cepeda, que terminó en contra el expresidente.

La decisión se tomó con base en ponencia del magistrado Marco Antonio Merchán González, según la cual, no se demostró ninguna irregularidad en el trámite del proceso que llevó a la Fiscalía General a presentar el escrito de acusación contra el exmandatario.

La Sala Penal negó los tres principales apartados con los que la defensa de Uribe pedía anular el proceso, cuestionando la calificación que se le había dado en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la indagatoria que Uribe rindió en octubre de 2019.-

El alto tribunal consideró que esa diligencia era comparable con una imputación de cargos.

El magistrado señaló la complejidad del proceso, considerando que durante la investigación Uribe renunció a su curul como senador.

“El hecho que se tratara de un aforado llevó a que se aplicaran de la Ley 600 del 2000, situación que cambió el uso de facultad del implicado al renunciar a la calidad que le reconocía tal fuero, lo que obligó a que se equiparan las actuaciones para dar continuidad al proceso”, precisó Merchán.

De nada valieron las 125 páginas que Lombana y Granados escribieron y que, acompañados de Uribe, presentaron ante el tribunal, esperanzados en que el proceso sería declarado nulo, y así pretender que prescribiera la acción.

“Si bien es cierto que las actuaciones dentro del proceso han provocado diversas intervenciones judiciales, no goza de validez el sustento de reclamo que hace la defensa en la apelación de integrar al estudio de la nulidad el análisis que hizo otra Sala de este Tribunal al momento de evacuar la petición de preclusión de esta investigación”, determinó Merchán.

Contra la decisión del tribunal no cabe recurso alguno.

En un memorial enviado al Tribunal Superior, la Fiscalía General de la Nación puso de presente que el proceso penal contra el expresidente Uribe prescribirá en octubre de 2025.

En la presentación de la acusación el pasado 24 de mayo, el delegado de la Fiscalía aseveró que el expresidente contactó y le dio instrucciones al abogado Diego Cadena (quien actualmente enfrenta un juicio por estos mismos hechos) para que entrevistara a un grupo de exparamilitares que se encontraban privados de la libertad.

El jurista, como lo reseñan documentos y videos, entró a las cárceles y se contactó con los exparamilitares para que se retractaran de los señalamientos que habían hecho en contra del expresidente Uribe y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez.

Sin embargo, varios de los exparamilitares señalaron que Cadena —quien siempre se presentaba como apoderado de Uribe— les ofreció dinero, asesorías jurídicas y apoyos para sus familias si firmaban los documentos de retractación

“El doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios”, dijo la fiscalía.

Fue el expresidente Álvaro Uribe quien en primera instancia denunció al senador Iván Cepeda por manipular testimonios en su contra.

El caso dio la vuelta y el exmandatario ahora es el acusado.

En este sentido, indicó que este grupo de personas buscaron “situaciones parcialmente ciertas o que no correspondían a la realidad y que les sirviera para falsear o poner en duda versiones que contra él y su hermano Santiago habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros, particularmente con ocasión de la investigación previa referida atrás o por actuaciones penales distintas y que se ventilaban ante la Corte Suprema de Justicia o ante otras autoridades”, dijo la fiscalía.

En este proceso fueron reconocidas como víctimas el senador Iván Cepeda; el exfiscal general Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve.