Ahora sí están acobardados y temerosos de que los maten.

Pero, para robar el dinero público, Olmedo de Jesús López Martínez, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Luis Eduardo ‘el Pastuso’ López Rosero no se mostraron así.

Esta vez, los ex altos directivos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) dejaron de lado lo ladinos, lo arrogantes y lo atrevidos que fueron, y suplicaron a la Justicia que los enviara a fuertes militares y no a una cárcel, como a todos los demás criminales.

El juez 35 de Control de Garantías de Bogotá, Cidulfo Hernández, les hizo caso, y envió a Olmedo López al batallón Caldas;  a Pinilla a la Escuela de Artillería, y al corrupto comerciante ‘el Pastuso’ a la Estación de Carabineros de los cerros orientales, todos en Bogotá.

La Fiscalía, sin embargo, ya ha señalado que no accederá a las pretensiones de los tres procesados de eludir la cárcel a cambio de sus delaciones y la entrega de pruebas contra otros protagonistas del saqueo a la Ungrd.

Según el juez durante la audiencia, que duró casi seis horas y fue la tercera del caso, si bien, el monto de las platas públicas que hasta ahora aparecen como desviadas ilícitamente en este episodio no se compara con la pérdida en otros escándalos como el del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, el alto perfil de acusados y salpìcados representa un asunto “para nada menor” para el país.

En su decisión, el juez –que no conocerá de fondo el caso– señaló en ese sentido que el caso presentado por la Fiscalía pone en tela de juicio a quienes “regentan los destinos de las dos cámaras que componen el Congreso”.

La referencia es a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, quienes, según los sindicados López y Pinilla, recibieron 3 000y 1 000 millones de pesos en efectico, como soborno para canalizar los debates en el Congreso en favor de iniciativas gubernamentales.

Según el juez, “estamos hablando de una comisión íntegra (la de Asuntos Económicos); adicional, estamos hablando de ministros de despacho, que son los segundos al mando después del Presidente para efectos de determinar la apropiación y ejecución presupuestal”.

El juez y la Fiscalía avalaron los argumentos de los abogados defensores, que hablaron de riesgos de seguridad para sus clientes por su decisión de colaborar con la justicia y poner en evidencia a otros supuestos implicados en la red de corrupción a cambio de rebajas de penas y otros beneficios.

Además de los procesos contra las ex cabezas de la Ungrd y el contratista de 40 carrotanques para surtir de agua potable a  La Guajira, la fiscalía avanza en líneas investigativas que tocan al poderoso exjefe de Inteligencia Carlos Ramón González; al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al jefe de la Función Pública, César Manrique, así como al exministro Luis Fernando Velasco y la exconsejera para las regiones Sandra.

Entre tanto, en la Corte Suprema de Justicia hay procesos contra Name, Calle y seis representantes a la Cámara que han sido salpicados por Olmedo y de Pinilla.

En su intervención, el juez Hernández lanzó críticas al despliegue mediático que ha tenido el caso y señaló también que el actual capítulo de corrupción en la Ungrd se enmarca en las graves falencias que tiene el sistema de contratación en esa entidad no solo de ahora, sino desde administraciones anteriores.

En ese sentido, señaló que las normas que regulan la contratación en la entidad, que es expedita bajo el entendido de que se requieren recursos de inmediato para atender las emergencias, abre espacios para que los corruptos saquen “provechos personales”.

Agregó que al analizar algunos de los contratos cuestionados, encontró que los certificados de disponibilidad presupuestal (que en la contratación regular son requisito previo para cualquier contratación) fueron remitidos con posterioridad. “Para el despacho, eso constituía una irregularidad, pero cuando consulté el Manual de Contratación encontré que la entidad avala ese procedimiento de una manera sorprendente, porque la entidad se regula a sí misma, es decir, yo con yo”, dijo el juez.

De la misma manera, cuestionó que de no ser porque “los actores del mismo evento hablan” –que fue lo que hicieron López y Pinilla una vez sus actuaciones quedaron primero bajo la lupa de los medios y después de las autoridades–, difícilmente la justicia habría avanzado en el esclarecimiento de los hechos hasta el nivel al que ha llegado.

Hernández insistió en que, según su evaluación, el caso se refiere a un “nivel de corrupción que no llega ni por asomoal ‘carrusel de la contratación’ ni a los problemas que se están investigando con el caso de la Nueva EPS”.

“Esto no le llega ni al 0,10 % de lo que está sucediendo en esos eventos”, dijo el juez. “Por eso, este caso no tiene la envergadura que se le ha querido dar… Lo que pasa es que compromete a funcionarios de alto estándar dentro del Gobierno, ese es el problema que se está presentando”.

En un comunicado, la Fiscalía recordó que “las evidencias y elementos de prueba obtenidos dan cuenta de que entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la Ungrd se entregó información privilegiada a algunos contratistas, se inscribieron empresas en el registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos, se acordó el pago de dádivas hasta el 14 % del valor los procesos contractuales comprometidos y se falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos”.

Señaló también el ente acusador que “estas y otras anomalías fueron detectadas en 21 órdenes de contratación que ascendían a 228 mil 884 millones de pesos”.

Además del caso de los carrotanques, la Fiscalía volvió a mencionar que la Ungrd “confió a empresas referidas por terceras personas otras actividades, bienes y servicios por 96.000 millones de pesos, que correspondían a recursos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.