Es como declarar paisaje cultural de Colombia la destrucción infame de muchos ríos y sus siniestros entornos de aspecto lunar, solo porque están ahí, a la vista de todos, y la minería ilegal es parte de la cultura colombiana.

O como hacer lo mismo con el increíble paisaje desolador dejado por la explotación de El Cerrejón.

Así es lo que pretende las familias ricas (y sus abyectas y corruptas autoridades) del Valle del Cauca, es decir, los dueños de los cañadulzales que acabaron con ese departamento y se aprestan a hacer lo mismo con el norte de Cauca.

Pedir que se declaren los cultivos de caña de azúcar como paisaje cultural de Cali es una idea infame que aspira a esconder así la explotación de los obreros del sector, los abusos históricos, la violencia patronal, el sufrimiento de miles de campesinos que ya no cultivan y la tierra arrasada y la consecuente destrucción casi total del ecosistema natural de la región.

La iniciativa surge en las mismas familias que, desde hace largo tiempo, pretenden patentar ciertos aspectos de la fabricación de la panela.

A esos sectores pertenece la ultraderechista y corrupta senadora y precandidata presidencial por el uribismo, María Fernanda Cabal Molina.

A la idea se oponen, con toda razón, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, los concejales de la región y los diputados de Valle.

A los dueños de la caña los respaldan la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, el alcalde de Cali, Álvaro Alejandro Eder Garcés (dueño del ingenio azucarero Manuelita), el alcalde de Palmira, Víctor Manuel Ramos Vergara;

La ministra invitó a la Asociación de Cultivadores de Caña (Asocaña) y a los promotores de la idea, a hablar del tema, pues considera que “en vez de nombrar el monocultivo de caña “paisaje cultural” debería reconvertirse a agricultura bio-diversa en un pacto de justicia social y ambiental”, dijo la ministra.

“Tierras cultivables quemadas no pueden ser consideradas paisaje cultural; son cultivos de caña que han representado abusos históricos y daños a ecosistemas”, dijo el concejal caleño Rodrigo Salazar. Esa tesis fue respaldada por Johny Acosta, diputado del Pacto Histórico. “¡Es un disparate! Es declarar patrimonio la violencia, explotación y el sufrimiento”, aseguró.

En campaña, Eder fue financiado por sectores empresariales fuertes de la caña de azúcar, como Manuelita, Riopaila y el ingenio Mayagüez.

“Eso es el apalancamiento de una casta blanca que arrasa. Y ahí están los Eder. Por eso era tan importante para ellos recuperar el poder de la sucursal del cielo”, le dijo el abogado ambientalista Armando Palau en entrevista con Rctv.

La propuesta surgió en la antesala de la COP 16, la cumbre de biodiversidad más importante del mundo que llega a Cali a finales de octubre, un evento que espera recibir a 12 mil personas y sostener un debate de cómo los países han cumplido en el acuerdo Kunming-Montreal.