Con nueve mesas de diálogo, en la mitad del período, el Gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en su objetivo de lograr la paz total para Colombia.

Las dos más recientes son los el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y Los Pachenca o Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACS).

Aunque, hasta ahora, en los diálogos con organizaciones guerrilleras de izquierda no hay resultados, la razón, al parecer, tiene que ver con escollos jurídicos de diversa índole, y con las características especiales de cada mesa de diálogo.

Por ejemplo, con el EGC y las ACS, ambas claramente criminales y dedicadas al narcotráfico, el Gobierno catalogó las negociaciones como conversaciones sociojurídicas.

Esta negociación para la que el clan se presenta como Ejército Gaitanista de Colombia, para aparentar un contenido ideológico y político fue anunciada sorpresivamente mediante çla resolución 257. Con este grupo, dirigido por Jobanis de Jesús ‘Chiquito Malo’ Ávila Villadiego, los acercamientos comenzaron bajo la gestión de Danilo Rueda como comisionado para la Paz.

En diciembre de 2022, el Gobierno decretó un cese del fuego bilateral con esta organización por seis meses, acuerdo que se rompió en marzo de 2023, cuando el propio presidente Petro los acusó de jugarle sucio a la ‘paz total’.

“Miembros del ‘clan del Golfo’, yo les mando la razón: llegó la hora de la paz, no la hora de la viveza, como ya me ha ocurrido en otros lugares del país”, fue el mensaje reiterado del mandatario antes de ordenar levantar uno de los fallidos ceses de fuego con los grupos ilegales.

El EGC es el grupo ilegal con mayor presencia territorial en el país. Está en 16 departamentos y 238 municipios, según inteligencia militar. Además del narcotráfico, tiene actividades en minería ilegal, extorsión y contrabando, y tráfico de migrantes, en especial en el Tapón del Darién.

En la resolución firmada por el presidente Petro se establece que el objetivo del proceso es “fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la ley”, hecho ta llamativo si se tiene en cuenta que ese grupo ha manifestado que no están dispuestos a considerar ese camino. El escenario es similar con  las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Otros diálogos se adelantan en Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá, tres procesos que luego de más de 20 meses están a la deriva, porque no hay una base jurídica para el desmantelamiento y el sometimiento de esas estructuras criminales, enmarcadas en el delito común.

El margen de maniobra es menor si se analiza el lento avance de las mesas con el Eln y con lo que ahora el Gobierno denomina ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes de las Farc’. Esa es la facción que se separó de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y que hoy está bajo mando de alias Calarcá.

El primer proceso pende de un hilo después del final del cese del fuego y de completar casi cuatro meses de congelamiento de la mesa. Los intentos de la delegación de Vera Grabe por destrabar los diálogos y por tratar de extender la tregua se han visto condicionados por el Eln.

Esa guerrilla le dio plazo al Gobierno hasta el 23 de agosto para que publique un decreto presidencial en el que se los retire del listado de grupos armados organizados, aunque ya existe una resolución, la 194 de 2023, que los cataloga como organización armada rebelde y que les da estatus político.

En 2016, tras la firma del acuerdo de paz, el Estado colombiano fijó nuevas reglas apegadas a las del derecho internacional humanitario (DIH), para establecer claramente las condiciones del uso de la máxima fuerza legítima: los bombardeos.

Dicha medida se limitó solo a grandes estructuras criminales consideradas GAO. De ahí se desprendería buena parte del interés en salir de dicho listado.

Se sabe que el presidente Petro le pidió ayer a Vera Grabe enviar una propuesta confidencial al Eln para que ellos la evalúen y se pueda destrabar la mesa.

“Es una propuesta que busca salir adelante, impulsar los diálogos y no solamente encallar en unas discusiones fácticas y procedimentales. Esperamos que el Eln cuanto antes responda a esta contrapropuesta que en su momento el Presidente hará pública, cuando lo considere”, señaló el senador y miembro negociador del Gobierno, Iván Cepeda.

La guerrilla ya había puesto en jaque la mesa cuando el Gobierno aceptó sentarse a negociar con el frente Comuneros del Sur en Nariño y luego de romper el acuerdo sobre el final del secuestro.

Carlos Velandia, exmiembro del ELN, advierte que el Gobierno está frente a una encrucijada porque quedarse sin el Eln en la ‘paz total’ parece un escenario impensable, pero ceder sería un “mal precedente” de cara a las otras mesas.

Finalmente, con las disidencias de ‘Calarcá’ no existe una agenda clara, y si bien se han logrado acuerdos parciales en lo territorial, la delegación liderada por Camilo González Posso ha enfrentado dificultades, como la surgida luego de que un grupo de hombres de esa organización con órdenes de captura vigentes y que no hacen parte del proceso fueron sorprendidos en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. 

Varios sectores políticos consideran que las intenciones del Presidente no se han traducido en una hoja de ruta clara.

Gran parte de las críticas recaen sobre los ceses del fuego que ha decretado el Gobierno (solo está vigente el de octubre del 2023, con las disidencias de las Farc).

Según la Fundación Ideas para la Paz sobre los dos primeros años de la política de paz de esta administración, las disidencias crecieron 30 por ciento y su presencia territorial pasó de 230 a 299 municipios. Un caso similar se evidenció con el ELN, que pasó de 189 municipios a 231 con respecto al año 2022.

Pese a las críticas, algunos resultados son positivos. La cifra de desplazamiento individual y masivo durante el segundo año del gobierno Petro en comparación con el último año del gobierno Duque se redujo en 27 y 8 %, respectivamente, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios citados por la FIP. También hubo una disminución en las masacres (16 %), los homicidios en contra de líderes sociales (8 %) y en los accidentes con minas antipersonales (45 %).

Desde el plano militar también hay críticas. El presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) y excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general (r) Guillermo León León, considera que el gobierno Petro dio inicio a la política de ‘paz total’ mostrando “debilidad”. Considera que los ceses bilaterales fueron “mal planeados, sin protocolos, sin georreferenciación, ni localización y sin determinación clara de las acciones permitidas y no permitidas”.

“Eso amarró a la Fuerza Pública y, ante esa ambigüedad, lo que hizo la Fuerza fue perder la dinámica operacional que se traía y duramos tres meses para tener los primeros protocolos, tiempo que fue aprovechado por los grupos armados para hacer presencia en los cascos urbanos para mostrar que tenían una fuerza, que no tenían, para suplantar al Estado”, explicó León.

Todo lo anterior, agrega el general (r), dio paso a un debilitamiento de la Fuerza Pública que ya se venía consolidando en los gobiernos anteriores. “En la actualidad no hay cómo cubrir todo el territorio debido a que tenemos 100.000 hombres menos”. Además, resaltó que “se perdió el alistamiento de los equipos para atender todas las tareas y misiones. Ya no tenemos los helicópteros MI-17, los Black Hawk del Ejército están también en una condición de muy bajo alistamiento por temas de presupuesto y de contratación, también hay problemas de recursos que hacen que no se cuente con la movilidad suficiente para las operaciones y movilizar las tropas”.

En la negociación con las disidencias de ‘Iván Márquez’ (tampoco tiene certeza jurídica) y con los Comuneros del Sur, el Gobierno hizo un ajuste y no se decretó cese el fuego mientras avanza la negociación.