El suyo fue un gobierno criminal, como algunos en otros países, incluida Colombia, que disponen de los recursos del Estado para matar ciudadanos.

Que sus simpatizantes lo califiquen de parteaguas de la política peruana no niega que, al morir a los 86 años, Alberto Kenya Fujimori Inomoto deja tras de sí una infame lista de imperdonables crímenes de Estado.

La suya fue una figura polarizante que sin duda ocupará las más oscuras páginas de la negra historia universal de la infamia.

Los peruanos lo detestan, porque fue un líder autoritario que corrompió las instituciones del país y bajo cuya directa responsabilidad se perpetraron graves violaciones de los derechos humanos.

Es cierto: el papel protagonista de este agrónomo de raíces japonesas que se convirtió inesperadamente en presidente de la República en 1990, y que ni siquiera en su largo tiempo en prisión dejó de condicionar la vida de Perú, todavía divide a los peruanos entre fujimoristas y antifujimoristas.

Deja a su familia con su hija Keiko a la cabeza, y una facción política, el fujimorismo, que sigue siendo fuera destacada en la vida peruana, pero, también, profundas heridas en las víctimas y parientes de los crímenes por los que fue condenado.

La vida pública de Fujimori tuvo seis hitos importantes:

Un triunfo electoral inesperado. El 10 de junio de 1990, Fujimori dio la sorpresa al imponerse contra todo pronóstico al escritor Mario Vargas Llosa en las elecciones peruanas. Hasta entonces era un poco conocido ingeniero agrónomo que había llegado a rector de la Universidad Agraria y se había colado en la segunda vuelta como candidato de un movimiento al que bautizó como Cambio 90.

Vargas Llosa era el gran favorito, pero Fujimori dio la sorpresa y en la segunda vuelta arrasó con más de un 62% de los votos.

Las propuestas de reforma económica y amplias privatizaciones con las que Vargas Llosa pretendía sanear una economía sumida en una crisis feroz espantaron a muchos votantes y Fujimori, que había hecho campaña con propuestas vagas y de tono populista, se encaramó a la presidencia.

Pocos peruanos imaginaban entonces que aquel candidato, al que en la calle muchos empezaban a llamar ya "el chino", sería protagonista de la vida política del país durante décadas.

La política del "fujishock". Fujimori recibió un país sumido en una grave crisis económica y una hiperinflación que devoraba la renta de los hogares. Los precios se multiplicaban día tras día y el gobierno parecía incapaz de estabilizarlos y de poner orden. Fujimori decidió entonces una severa política de ajuste, que pasaría a la historia como el "fujishock" y que implicó la desaparición de gran parte de los subisidios estatales, la privatización masiva de empresas públicas y otras agresivas medidas liberalizadoras.

Fue el entonces primer ministro, Juan Hurtado Miller, el encargado de comunicarlo al país. En un mensaje televisado el 7 de agosto de 1990, anunció las medidas más dolorosas y cerró su intervención con una frase que todavía resuena en la memoria de los peruanos que vivieron aquellos duros años: "Que Dios nos ayude".

El autogolpe de 1992. El 5 de abril de 1992 Fujimori anunció por televisión que había ordenado disolver el Congreso, una "reorganización" del poder judicial y la creación de un "gobierno de emergencia y reconstrucción nacional". Poco después, militares peruanos tomaban el control de la sede de las altas instituciones del Estado. El episodio pasó a la historia como el autgolpe de 1992.

Fujimori justificó su acción, condenada mundialmente, por la actitud "obstruccionista" del Congreso, que, decía, ponía trabas a las medidas para enderezar la economía del país y hacer frente a Sendero Luminoso, un movimiento armado convertido en un gigantesco desafío a la autoridad del Estado.

En esas horas de tensión, efectivos militares secuestraron al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer. Fujimori fue condenado años después por ambos secuestros.

La captura de Abimael Guzmán. El 12 de septiembre de 1992, policías peruanos detuvieron en una casa del distrito limeño de Surquillo a Abimael Guzmán, líder absoluto de Sendero Luminoso, y a otros de sus principales dirigentes. La operación policial supuso el principio del fin de una organización que había dejado miles de muertos en todo el país.

Las detenciones, que llevaron después al desmantelamiento casi total de la guerrilla maoísta y al fin del "conflicto armado interno", fueron presentadas como un éxito del gobierno. Unidas a la notable mejora de la economía, ayudaron a disparar la popularidad de Fujimori y a justificar la deriva autoritaria de su gobierno.

Pero no todo fueron luces en el triunfo sobre Sendero. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación documentó numerosos crímenes y violaciones de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del Estado. Fujimori fue condenado en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que el comando paramilitar conocido como el Grupo Colina asesinó a 25 personas de las que sospechaban que eran colaboradores senderistas.

Paradójicamente, Abimael Guzmán murió también un 11 de septiembre, pero de 2021.

El asalto a la residencia del embajador de Japón. El 17 de diciembre de 1996, un grupo de hombres armados de la organización de extrema izquierda Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) irrumpió en una recepción oficial en la residencia del embajador de Japón en Lima y tomó como rehenes a los presentes, entre los que había numerosos diplomáticos y autoridades, e incluso parientes de Fujimori. Los secuestradores exigían un cambio en la política económica del gobierno y el traslado de todos los presos de la organización hacia la selva central de Perú.

Fujimori se negó a acceder a las pretensiones del MRTA, pero ofreció una salida pacífica si los secuestradores deponían las armas y liberaban a los rehenes.

La crisis puso a Perú en el centro de la atención mundial y el secuestro abrió los informativos durante semanas. Finalmente, el 22 de abril de 1997, miembros de las fuerzas especiales del ejército peruano irrumpieron por sorpresa en la embajada y pusieron fin al secuestro en una operación bautizada como Chavín de Huántar. Todos los secuestradores, uno de los rehenes y dos de los militares murieron en el asalto, que fue presentado como un éxito y reforzó la imagen de Fujimori como un líder fuerte y resolutivo.

El aparente éxito se vio empañado cuando empezaron a surgir denuncias de que los militares habían ejecutado sumariamente a insurgentes emerretistas a los que ya habían reducido y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2015 al Estado peruano por vulnerar el derecho a la vida de uno de ellos.

Los "vladivideos" y el principio del fin de la presidencia de Fujimori. Las cosas empezaron a torcerse súbitamente para Fujimori en el año 2000. En septiembre, un mayúsculo escándalo de corrupción acabó precipitadamente con su presidencia. Vladimiro Montesinos, el hombre que manejaba para Fujimori los resortes ocultos de la seguridad del Estado, apareció en unos videos filtrados a la prensa entregando sobres con grandes cantidades de dinero en efectivo a políticos, empresarios y otras personalidades.

El propio Montesinos habia grabado los videos con los que se había asegurado las lealtades de los sobornados hacia el gobierno de Fujimori.

Con el tiempo se supo que había docenas de grabaciones que incluían a congresistas y directores de medios de comunicación. El escándalo de los "vladivideos" provocó una creciente indignación con el gobierno.

Montesinos huyó al extranjero y poco después Fujimori aprovechó una parada en Tokio durante una gira internacional para enviar desde allí un fax comunicando su renuncia a la presidencia, una maniobra insólita que muchos atribuyeron a su temor a ser procesado por la justicia. El Congreso no la aceptó y optó en cambio por destituirlo por la fórmula de la vacancia por incapacidad moral permanente.

Montesinos fue detenido en Venezuela y extraditado a Perú, donde sigue encarcelado por sus delitos.

Fujimori permaneció años en el extranjero desoyendo los requerimientos de los tribunales peruanos hasta que fue detenido en Chile en 2007. Tras su extradición a Perú por las autoridades chilenas, fue condenado y salió de la cárcel en diciembre del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional reafirmó la validez del polémico indulto que le concedió en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski