La fiscalía colombiana pidió condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal.

Según Marlenne Orjuela Rodríguez, Fiscal Primera Delegada ante la Corte, nombrada para el proceso contra Uribe, le pidió a la jueza Sandra Liliana Heredia condenar al expresidente, pues “las pruebas practicadas (contra Uribe) han sido concluyentes”.

La petición se dio al cierre de la intervención de la fiscal en el proceso oral que juzga a Uribe, quizás el personaje más elusivo de responsabilidades ante la justicia colombiana.

Luego de 58 audiencias casi diarias, en las que la controversia siempre estuvo presente, por razón de la importancia del reo, la fiscal no dudó en su petición a la titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.

En esta instancia, las partes harán su última exposición sobre si el exmandatario debe o no ser hallado responsable de los tres delitos, atribuidos a Uribe luego de que sus actuaciones ante la Justicia tomaran un camino contrario a sus pretensiones de buscar la condena del senador Iván Cepeda Castro.

Con este punto culminante se cierra un extenso proceso de más de dos meses de juicio oral, en las que la Fiscalía y la defensa llamaron a declarar a 57 testigos.

El primer turno fue para la fiscalía, que sostuvo que en 2018 Uribe utilizó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez, 43, para buscar exparamilitares en diferentes cárceles del país con el propósito de obtener declaraciones que lo desvincularan de su presunta relación con grupos armados en los años noventa.

A cambio, según la acusación, les ofrecieron beneficios jurídicos o prebendas.

“Con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno”, dijo la fiscal.

Según la fiscal Orjuela, las declaraciones, interceptaciones telefónicas y demás pruebas han “dejado sin asomo de duda que el acusado ideó promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales”.

La defensa, a cargo del abogado Jaime Enrique Granados Peña, 61, ha negado que Uribe hubiese ordenado esas diligencias.

Su tesis es que el expresidente solo buscaba conocer la verdad sobre lo que algunos exparamilitares querían declarar voluntariamente, sin que mediara instrucción alguna de su parte para inducir testimonios.

Una vez finalice la intervención de la Fiscalía, tendrán la palabra los representantes de las víctimas acreditadas, seguidos por la Procuraduría General, la defensa de Uribe y el propio exmandatario, quien se dirigirá al estrado en una declaración presencial en los juzgados de Paloquemao.

Luego, las partes podrán presentar observaciones finales.

El fallo que dicte la jueza no será definitivo, pues cualquiera de las partes podrá apelarlo ante el Tribunal Superior de Bogotá. Mientras tanto, el reloj del proceso sigue corriendo, pues el caso prescribe el 16 de octubre, algo que siempre ha despertado temor en sectores sociales que consideran que Uribe ha buscado siempre salir indemne de sus actuaciones.