Al Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Delgado, 60 (CR-LaU) el camino se le puso cuesta arriba de tal manera que jamás lo calculó.
Hace dos días, la Justicia le expropió bienes por unos 3,700 millones de pesos que, según la Fiscalía, él y amigos como su antecesor en el cargo, el senador y excalcalde de Cúcuta, Édgar de Jesús Díaz, 64 (CR).
Esta vez, el pistolero Alejandro José ‘El cojo’ Arias Alejos, procesado por asesinar a tiros al veedor Jaime Vásquez, relaciona a Villamizar, al actual alcalde de Cúcuta, en ese contexto menciona al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado; al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, 59 (CR), y Julio César Casas Pacheco, actualmente preso 18 años, por explotación sexual de menores, dueño de Eagle American, empresa de seguridad con la que contratan las entidades oficiales de Norte de Santander.
En llamadas desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo (Girón, Santander), ‘el Cojo’ hizo cinco llamadas que podrían permitir llegar a los autores intelectuales del crimen de Vásquez.
El delincuente, de origen venezolano, miembro de la pandilla Los AK-47 y con nexos con Los Lobos y el Tren de Aragua, le exige a su abogado, un defensor público, que sea intermediario en el cobro de 600 millones de pesos que le quedaron debiendo por el crimen.
En las llamadas, ‘El Cojo’ menciona al gobernador Villamizar, al alcalde Acevedo y a Casas, como las personas a las que el defensor debe cobrarles los 600 millones.
Al enterarse del pedido, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía le notificaron al sindicado que ya no tendrá defensor de oficio, "por incumplir las normas de los beneficiarios de la defensa pública".
Según el defensor público, cuyo nombre no se revela, "El señor Arias Alejos empezó a proferir exclamaciones tales como: “O todos en la cama, o todos en el suelo”, que él no se iba a aguantar estar en la cárcel solo y sin dinero, y que en el homicidio del señor Vásquez había involucrada gente del mundo político, que necesitaba que le “resolviera” un teléfono para hablar por “Sandi” (cosa que no tengo idea de qué trata) y que yo debía servir a él de intermediario con el alcalde Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, con el Gobernador del Departamento Norte de Santander William Villamizar Laguado, y con una persona que responde al nombre de Julio César Casas, que tampoco tengo idea quien es".
Ante los señalamientos, el gobernador Villamizar aseguró que "El contenido de lo denunciado se basa, al parecer, en un audio de origen incierto, presuntamente grabado por un defensor público, en el cual se pretende implicarme en hechos que he rechazado y repudiado públicamente. Afirmaciones de tal naturaleza, carentes de sustento, constituyen una grave afectación a mi honra, buen nombre y reputación, tanto en lo personal como en el ejercicio de mis funciones públicas".
Y agregó: "Reitero de manera vehemente que no tengo ningún vínculo o relación con los hechos que irresponsablemente se insinúan. Mi actuar como servidor público siempre ha estado guiado por los principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. He sido un hombre respetuoso del actuar de la justicia, estaré siempre atento a dar todas las explicaciones suficientes y necesarias que permitan demostrar que no tengo nada que ver con los hechos señalados el día de hoy".
Por su parte, el empresario Casas, a través de su abogado negó las acusaciones.
"Mi cliente no tiene nada que ver con esos señalamientos, no conocía ni a Jaime Vásquez ni al sicario de esos audios. Se trata de una campaña de desprestigio contra mi cliente por su actividad empresarial, la compañía de la que hizo parte ha sufrido ataques en el pasado", aseguró el abogado
Y agregó: "Mucho menos con alguna banda criminal, ningún vínculo ni con los Ak-47 ni con el Tren de Aragua. Él lleva privado de la libertad desde 2019 por un proceso de delitos sexuales que está en apelación, pero es falso que por su 'poder' esté en una cárcel de máxima seguridad, él ha estado en Girón y ahora está en Cómbita".
Finalmente, habló el alcalde Acevedo: “En el transcurso de este año hemos sido víctimas de amenazas directas contra mi seguridad personal y la de mi familia, incluyendo advertencias sobre presuntos atentados con explosivos en mi residencia y amenazas dirigidas a mi esposa. Todas las denuncias han sido presentadas en debida forma a la Fiscalía. Estas intimidaciones no solo buscan generar miedo, sino desviar la atención de la lucha frontal que hemos adelantado contra estructuras criminales”.
“Me alegra mucho que no le hayan pagado la plata que le ofrecieron para asesinar al señor Jaime Vásquez. Me alegra mucho que aparte de que está preso y se va a llevar un poco de años en la cárcel, no haya recibido un peso”, dijo.