El ministro canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, sostuvo que el removido secretario general, José Antonio Salazar, no estaba facultado para otorgar el contrato a la firma Thomas Greg & Sons, para fabricar los pasaportes colombianos.
"El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el Canciller Álvaro Leyva Durán; él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023", aseguró Murillo.
También dijo que el 22 de febrero le había notificado a Salazar su retiro de la Cancillería.
La notificación ocurrió un día antes de que Murillo reasignara las funciones a la Secretaría General respecto al proceso de los pasaportes.
"El 26 de febrero, el secretario general fue removido del cargo, y desde el 22 de febrero sabía de su retiro", señaló Murillo, haciendo referencia a la decisión que tomó el presidente Petro de declarar insubsistente a Salazar, como reacción al otorgamiento del contrato de casi 600,000 millones de pesos.
Murillo puso en duda que existan los recursos para poder ejecutar el contrato que Salazar.
"Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario", aseguró.
Por otro lado, Murillo confirmó que Salazar no le consultó la decisión de firmar el contrato, como lo insinuó el exfuncionario, y dijo que, por ello, sus actuaciones son "contrarias a las instrucciones del Canciller encargado".