La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a la máxima pena por crímenes de guerra a miembros del antiguo Secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y se prepara para emitir un fallo similar respecto de militares comprometidos en hechos similares.

Los condenados son Rodrigo Londoño ('Timochenko'), Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo (‘Joaquín Gómez’), Jaime Alberto Parra Rodríguez (‘El Médico’), Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’), Jorge Torres Victoria (‘Pablo Catatumbo’) y Rodrigo Granda Escobar (‘Ricardo Téllez’).

Los siete fueron condenados por crímenes de guerra como tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado; y por los crímenes de lesa humanidad como tortura, esclavitud y otros actos inhumanos, cometidos por las unidades bajo el mando conjunto de los siete excomandantes.

La sentencia, de 663 páginas, elaborada por el magistrado ponente Camilo Andrés Suárez Aldana, fue leída por él, en resumen, en ceremonia liderada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga.

La sentencia destaca que "la estructura de patrones de criminalidad permitió la concentración de casos, sin desconocer los derechos de las víctimas”, y que la decisión “garantiza la develación de patrones y la no repetición en el marco de una justicia restaurativa que lucha contra la impunidad".

Suárez explicó que la JEP develó tres patrones: "Privar de la libertad de civiles, retener a integrantes de la Fuerza Pública líderes políticos y utilizar el secuestro como control territorial, en un proceso de macrovictimización del cual los siete fueron declarados máximos responsables en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas. 

La sanción está contemplada en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc, con base en el cual la JEP tuvo en cuenta la edad promedio de los comparecientes (69 años), sus condiciones de salud física y mental, los proyectos de sanción que ellos mismos presentaron y las observaciones y propuestas de las víctimas.

Mientras cumplen las sanciones, los condenados tendrán restricciones efectivas de derechos como la libertad de residencia y de movimiento, con un régimen de supervisión permanente de la JEP, "portarán un dispositivo electrónico que permitirá al Tribunal para la Paz verificar en tiempo real su ubicación y actividades, deberán permanecer en un espacio geográfico determinado - que no implica cárcel - y cumplir con horarios y tareas específicas derivadas de la sanción impuesta".

Las sanciones están especificadas así:

Búsqueda de personas dadas por desaparecidas

Cerca del 8 por ciento de las 4.325 víctimas de secuestro acreditadas ante la JEP, reportaron un familiar desaparecido en medio de los secuestros cometidos por las extintas Farc-EP.  Por ejemplo, la sección priorizó como primer proyecto de sanción la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas en el Cementerio Central de Palmira, Valle del Cauca.

"Los sancionados deberán elaborar un balance de información sobre las personas desaparecidas, realizar reuniones con otros firmantes y formular planes de trabajo coordinados con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que ha identificado un universo de 132.877 víctimas de desaparición forzada en el país", dijo la JEP.

Este trabajo incluye la recolección y sistematización de datos, la entrega de coordenadas, la elaboración de mapas temáticos y el acompañamiento en visitas de campo con fines de prospección y recuperación. 

"Incluye la capacitación y adecuación de sitios de custodia de cuerpos, la participación en el diseño metodológico de espacios territoriales y la realización de actos de reconocimiento, arrepentimiento y perdón concertados con las víctimas", dijo.

Proyecto Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA)

Como forma de ejercer control territorial, las extintas Farc instalaron minas antipersonal que aún están en los territorios. 

"Los comparecientes deberán trabajar en la recolección, actualización y sistematización de información sobre zonas de riesgo. También tendrán que participar en la elaboración de cartografía y la priorización de áreas de intervención, así como en la realización de talleres dirigidos a las comunidades", dijo la JEP.

Medio ambiente, naturaleza y territorio

Los secuestros perpetrados por las extintas Farc también provocaron desplazamientos forzados.

"Para contribuir a reparar este daño, los comparecientes deberán participar en actividades de preparación de terrenos, instalación de viveros y propagación de especies nativas y cultivos en favor de las víctimas. Trabajarán también en la implementación de estrategias de plantación, mantenimiento de ecosistemas y acciones agropecuarias, junto con procesos de formación pedagógica en conservación ambiental y turismo de naturaleza. También se contempla que participen en la identificación de puntos de afectación ambiental, la instalación de señalización y el desarrollo de rutas ecoturísticas", dice la JEP.

Memoria y reparación simbólica

En el cuarto punto de la sanción, la JEP indicó que para contribuir a honrar y mantener viva la memoria de las víctimas de secuestro del conflicto armado y de aquellas que no sobrevivieron a este crimen, los comparecientes tendrán que realizar acciones de reparación simbólica

"La transcripción de testimonios de las víctimas, la construcción, instalación de artefactos de memoria, participar en productos audiovisuales, radiales y digitales (incluido un micrositio web) con contenido reparador. Además, deberán organizar eventos de petición de perdón a las víctimas, participar en encuentros restaurativos con víctimas, responsables y comunidades, hacer relatorías y sistematizar estas acción".

Según Ramelli, la JEP ha recibido más de 1.200 escritos, ha escuchado a casi 800 víctimas y ha llevado a cabo 95 actividades en las que sus testimonios confrontaron directamente a los responsables.

"Les comparto historias porque solo así es posible entender que la sentencia que hoy vamos a conocer contra el último Secretariado de las Farc-EP por los secuestros, es tan sólo un paso más en el camino hacia la garantía de los derechos de las víctimas. Esta decisión no solo habla de responsables. Habla de madres que buscan a sus hijos. De esposas que se quedaron esperando a sus compañeros de vida. De huérfanos. De proyectos truncados y de vidas suspendidas. De pueblos que esperan justicia y de voces silenciadas a quienes les estamos dando la oportunidad de reconstruir sus vidas, de transformar el silencio en palabra y la herida en memoria", señaló Ramelli.

Todos ellos admitieron su responsabilidad individual y colectiva por delitos como secuestros, desapariciones forzadas, torturas, homicidios y violencia sexual, considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La sanción de la JEP no será de prisión ordinaria, sino una sanción propia, prevista en el artículo transitorio 13 del Acto Legislativo 01 de 2017 y desarrollada por la Ley Estatutaria 1957 de 2019, que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El incumplimiento de las condiciones impuestas puede derivar en sanciones más severas o incluso en la pérdida de beneficios y remisión a la justicia ordinaria.

Más de 4.200 víctimas de secuestro se acreditaron para participar en este macrocaso, cuya investigación fue liderada inicialmente por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll y la etapa de juicio, por el magistrado Camilo Suárez Aldana. 

Se trata de víctimas que sufrieron directamente el secuestro, así como vejámenes, torturas y violencia sexual durante extensos y dolorosos cautiverios. Entre ellas hay campesinos, ganaderos, comerciantes, estudiantes, líderes políticos, integrantes de la Fuerza Pública y otros ciudadanos.