La India Menta

Un gobierno autoritario jamás hablará de sus decisiones en términos negativos. Hablará de controles, seguridad, protección o regulación, según convenga, para evitar palabras más incómodas: censura, vigilancia, persecución o castigo.

En el actual mandato, la predilección parece estar en controlar distintas áreas de la vida pública, comenzando por los medios de comunicación.

Los gobiernos autoritarios, o aquellos que avanzan en esa dirección, pueden utilizar la noción de controlar para intervenir en el espacio público y reducir progresivamente la discusión crítica, para tener la certeza de orientar, restringir o determinar lo que otro hace.

El actual gobierno de Colombia parece que no necesita repetir: “no puedes hacer esto”. Más bien, se ha dedicado a organizar el espacio, clasificar, señalar y producir determinadas conductas. La cuestión, entonces, no es solamente qué se prohíbe, sino qué tipo de sujeto se pretende producir y qué comportamientos se vuelven aceptables dentro de ese orden.

Silenciar o expulsar al exdirector del DANE, restringir las ruedas de prensa, limitar los mecanismos de información ciudadana, imponer determinadas creencias, amenazar al progresismo o dejar de lado la protección de derechos de la población LGBTI son, entre otros, hechos que merecen algo más que el tratamiento de simples anécdotas presidenciales: requieren análisis.

El poder soberano tradicional hacía visible su fuerza mediante el castigo público: el condenado era exhibido para demostrar el poder del soberano. Con la modernidad apareció el poder disciplinario, basado en la vigilancia, la clasificación, la evaluación y la corrección.

Con el hombrecito, hemos visto que conviven ambas lógicas: el castigo como espectáculo, por ejemplo, mediante la exhibición de cadáveres; y la disciplina, mediante la organización de las condiciones para que las personas aprendan cómo deben comportarse.

El dispositivo disciplinario compara, jerarquiza, homogeniza y excluye. No solo castiga conductas: también produce personas clasificables y establece cuáles formas de ser resultan aceptables.

Clasificar no significa simplemente poner una etiqueta. La clasificación puede producir diferencias de valor: unos sujetos aparecen como normales, legítimos, confiables o deseables; otros, como desviados, peligrosos, ilegítimos o indeseables. Universitarios, gays, académicos, analistas económicos o comerciantes pueden terminar siendo juzgados menos por su historia, sus argumentos o su trayectoria que por el lugar que ocupan dentro del sistema de categorías impuesto.

Una sociedad democrática necesita que distintos sujetos puedan participar en la esfera pública y someter las decisiones del poder a discusión. ¿Qué ocurre, entonces, cuando ciertas categorías dejan de ser consideradas interlocutores legítimos?Periodista serio / periodista militante. Organización social legítima / organización sospechosa. Experto / activista.

De ahí la necesidad de estar alerta, porque estos mecanismos de regulación, clasificación y control no son neutrales, en lo absoluto, sino que se instalan en una estructura lógica de clasificación, señalamientos y exposición de determinadas personas como problemáticas, peligrosas o poco confiables.

El dispositivo es sencillo: regula para establecer las condiciones de la conducta; clasifica para determinar qué sujetos se ajustan a ellas; disciplina mediante la vigilancia, la corrección y la sanción; y controla cuando consigue efectos reales sobre lo que las personas pueden o deciden hacer.

El panorama no es bueno, queridos lectores; más bien está regular. Regular, regular, regular...

La India Menta

Las taras arribistas del nuevo gobierno no se han hecho esperar. La última perla salió del Ministerio de Agricultura, cuyo titular ni siquiera vale la pena nombrar: resulta tan insignificante como la palabra que quiere borrar del diccionario histórico del país: campesino.

El ministrico es medio hermano del fallecido Silvestre Dangond Lacouture, antiguo representante legal de Palmas Oleaginosas de Casacará, quien —bendito sea en el más allá— aportó cinco millones de pesos a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez y recibió, durante el programa Agro Ingreso Seguro, un subsidio para riego y drenaje por 447 millones de pesos.

Comprensible, entonces, que el doctor quiera enfocarse ahora en el riego para los “productores rurales”, pero no para los campesinos, a quienes pretende llamar “empresarios del campo”, porque la palabra campesino es despectiva, dijo en el Congreso.

Hablar de “empresarios del campo” no es una manera más amable de decir algo ni, como él mismo aseguró, una forma de “subirle el estatus” al campesinado. En este caso, lo que se pretende es sustituir una identidad histórica y constitucionalmente reconocida por una categoría económica que resulte más conveniente para el discurso oficial.

Reconocer al campesino colombiano remite a una identidad social, histórica y territorial: evoca economía familiar y campesina, comunidad, territorio, cultura, y reivindicaciones políticas. “Empresario”, en cambio, introduce un marco de negocio, competitividad, productividad, rentabilidad y mercado.

Si bien la expresión “empresarios del campo” ya aparecía en el discurso institucional desde el gobierno de Juan Manuel Santos, aquí estamos ante algo más peligroso: un reencuadre discursivo que puede terminar despolitizando a una población históricamente invisible.

Si un campesino deja de ser reconocido como sujeto social y pasa a ser entendido como un empresario, poco importan su historia, sus derechos o las condiciones estructurales que determinan su vida. Lo relevante será que produzca, venda, sea competitivo y genere rentabilidad. Y, claro, poco importa entonces cómo se produce, quién tiene la tierra o quién se queda con las ganancias.

El “empresario del campo” necesita crédito, tecnología, mercados y productividad. El campesino, debe exigir tierra, reforma agraria, protección de su territorio, reconocimiento de sus formas de organización y garantías para permanecer en él.

¿Acaso se pretende hacer desaparecer aquello que hace al campesino? ¿Por qué, para "mejorar" su valor, hay que convertirlo lingüísticamente en empresario? ¿Qué realidad se oculta con la sustitución de una palabra? Y, sobre todo, ¿qué políticas se vuelven más fáciles de justificar cuando se cambia el nombre del sujeto?

El campesino no es solamente una categoría ocupacional. En Colombia tiene una historia política, muy grande para esconderla detrás de una etiqueta empresarial. Hablamos de reforma agraria, concentración de la tierra, economía campesina, movimientos campesinos, conflicto armado, desplazamiento, organizaciones rurales y soberanía alimentaria.

Por eso, sustituir “campesino” por “empresario” elimina al sujeto con derechos que reclama transformaciones sobre la tierra y el territorio, para pasar a una unidad productiva que debe ser más eficiente.

No olvidemos que con otros eufemismos también se han cometido crímenes. “Seguridad Democrática”, por ejemplo, fue una denominación amable para que las prácticas de Estado se convirtieran en asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate.

La supuesta sofisticación del ministrico es convenientemente simple: si el problema ya no es el campesino sin tierra, sino el empresario, tampoco hace falta hablar de redistribución, reforma agraria o derechos territoriales. Basta con crédito, riego, productividad y competitividad.

No es que la palabra produzca por sí sola la política. Es que la palabra puede preparar el terreno para determinadas políticas y hacer que otras parezcan innecesarias, inconvenientes o incluso atrasadas.

Es la vieja fórmula aplicada con palabras nuevas: despolitizar a las mayorías, cambiarles el nombre y después explicarles que el cambio se hizo por su propio bien. Sí, otro falso positivo, esta vez lingüístico.

Parafraseando aquellas columnas del ministro en las que le decía al expresidente Gustavo Petro que se dejara ayudar, que eso no duele, desde acá le decimos:

Déjese de pendejadas, ministro, que decirle campesino al campesino tampoco duele.

Sr. Malajunta

¿Hacer referencia a la salud mental de un presidente latinoamericano?

Por, por favor, ¿cómo alguien se atreve?

¿Sugerir que es un sicópata? ¡Por Dios!, horror de horrores…

Pero es que hay cada ejemplar…

Veámoslo desde el punto de vista cognitivo.

¿Considera que su presidente tiene una autoestima y una sensación de omnipotencia realmente exageradas? Entonces, su presidente tiene rasgos sicopáticos. Puede ser un sicópata, si este rasgo se asocia a otros...

¿Su presidente busca siempre su satisfacción, demuestra desprecio por los demás y por sus motivaciones y derechos? Puede ser un sicópata.

¿Demuestra desconfianza hacia los demás y les interpreta maliciosamente sus acciones? Puede ser un sicópata.

Desde lo afectivo:

¿Demuestra superficialidad (p. ej., lanzando besos al público mientras saluda a dos manos, y de inmediato se ausenta), carece de remordimiento, culpabilidad y empatía? Puede ser un sicópata.

¿Maneja la ira de manera inadecuada, con reacciones desproporcionadas (gritos estentóreos, gestos de fuerza y violencia? Puede ser un sicópata.

En lo relacionado con sus rasgos interpersonales:

Su presidente ¿manipula a través de habilidades seductoras y persuasivas? Puede ser sicópata.

¿Es dueño de gran locuacidad y encanto superficial, con mucha capacidad verbal y habilidad para manejar ideas? Puede ser…

¿Tiene su presidente propensión a la mentira y genera escasa fiabilidad” También puede ser sicópata.

También puede ser un sicópata su presidente si sus rasgos conductuales se caracterizan por una constante necesidad de estímulos, incapacidad para cumplir compromisos o asumir responsabilidades en lo laboral, lo familiar y lo social; necesita de gratificación inmediata, se comporta de manera recurrente con crueldad, manipulación y sadismo (matar gatos., p. ej.), y tiene un estilo de vida parasitario y dependiente de otros…

Y, si rechaza las normas, leyes, convenciones  y mandatos acostumbrados, no hay duda: es un sicópata, si presenta otros rasgos, como el de suponer que lo único válido es lo que él decide.

Es claro que los sicópatas no son necesariamente violentos. Pero, sí, de cuidado. Es decir, son peligrosos, aunque nada tengan que ver con el mundo delictivo.

Algunos sicópatas son normalmente funcionales y socialmente exitosos. Pero, sin duda, son los pocos.

Si su presidente no deja dudas de que jamás siente culpabilidad por los hechos y situaciones que genera o protagoniza, y claramente se percibe que no siente remordimiento ante el sufrimiento ajeno, no hay duda: su presidente es un sicópata.

Cuando en una persona se dan, de manera simultánea, características muy marcadas, como su falta de empatía, su incapacidad para aceptar y adaptarse a las normas, incluidas las legales de más alto nivel y, además, sus comportamientos son manipuladores, esté seguro: esa persona es sicópata.

Y, si esa persona es su presidente, entonces, a usted lo gobierna un sicópata.

Y si su presidente es así, su presidente puede ser un peligro no calculado.

Y si él considera que personas como Donald Trump merecen ser imitadas y sus políticas replicadas, el peligro es mayor.

Y si el presidente de su país, además de las otras señales, cree que Israel y sus gobernantes tienen la razón para invadir a países vecinos y robarles territorio, y nada le importan las vidas de miles de niños bombardeados hasta aniquilar la niñez palestina, lo mejor que puede hacer, antes de pagar escondites, es correr.

Rápido y lejos y sin mirar atrás…

La India Menta

Durante la primera etapa del actual gobierno han resonado algunas noticias sobre la niñez y su exposición, conveniente y dinámica, dependiendo de las motivaciones para protegerla o aniquilarla.

Hace días, un niño pidió ayuda para conseguir atención especializada por una cardiopatía y generó una respuesta institucional extraordinariamente rápida después de hacerse viral.

Es innegable que la infancia tiene una enorme potencia simbólica. Mientras un adulto enfermo puede ser mostrado como alguien que enfrenta una dificultad, un niño exige protección: representa una injusticia que, en principio, debería resultar intolerable.

Simultáneamente, aparece la niñez con fines necropolíticos: aparentemente, tres de las 23 bolsas con cadáveres con las que se exhibió el presidentico correspondían a adolescentes.

Hay dos formas de entender lo que comienza a ocurrir con la representación de la niñez: o tenemos al niño que simboliza un hecho colectivo, o al niño convertido en trofeo de una guerra tan descompuesta como el propio cadáver.

La manera en que cada caso es representado resulta cuestionable. Tal parece que los sufrimientos son selectivos y no problemas sociales estructurales. Hoy, un niño puede convertirse en contenido cuando su historia permite exigir una respuesta institucional, pero deja de serlo cuando su muerte obliga a preguntar por aquello que el Estado pudo —o debió— hacer para prevenir su reclutamiento.

En este último caso, la historia se detiene en la bolsa. No hay rostro, familia, trayectoria ni contexto. Tampoco demasiada discusión sobre las circunstancias que llevaron a ese adolescente a un grupo armado, ni sobre las responsabilidades estatales en un fenómeno que lleva décadas ocurriendo. Se polemiza poco, por supuesto, porque esta vez no se trata de la “izquierda”.

En la selva mediática, el sufrimiento no se distribuye de manera equitativa y la protección de la niñez no parece importar mucho ni al gobierno de turno ni a buena parte de los medios hegemónicos.

¿Cómo una persona menor de edad puede dejar de ser representada primordialmente bajo el código de “infancia” y empezar a ser representada bajo otro código: combatiente, delincuente, amenaza?

Buena parte de la manera en que nos muestran a las personas va más allá de su clasificación. También determina su valoración moral: ¿merecen nuestra compasión?, ¿son inocentes o responsables?, ¿son “uno de nosotros”?, ¿son dignos de duelo?

Sin duda, el sistema de producción de noticias tiene mucha más facilidad para contar qué hizo el Ejército que para explicar qué significa que un niño haya sido reclutado, qué circunstancias lo llevaron allí y qué obligaciones tenía el Estado frente a él.

Una operación militar tiene todos los ingredientes de una noticia de alto impacto. Investigar el reclutamiento infantil exige tiempo, contexto, fuentes, seguimiento y preguntas incómodas. El comunicado de prensa no.

La visibilidad de la infancia parece depender, entonces, no solo de la gravedad del sufrimiento, sino de la óptica con que se le mire y, sobre todo, de la utilidad que pueda tener para quien cuenta la historia.

Hay niños que sirven para conmover, niños que sirven para exigir, niños que sirven para gobernar, y otros son útiles para que un hombrecito corra a celebrarlos muertos.

La tragedia no es solo que la infancia desaparezca cuando mueren niños, sino cuando dejamos de verlos de esa forma. A unos se les devuelve el rostro. A otros se les deja dentro de una bolsa.

La India Menta

Muchas veces hemos visto que la inspiración de las artes proviene, en gran medida, de la realidad. Las ficciones, las exageraciones y hasta la carnavalización de la cotidianidad terminan convertidas en temas de música, pintura, literatura y otras manifestaciones que nos recuerdan lo absurda que puede ser la vida cuando se la mira desde una óptica de análisis, crítica o sátira.

Pero ahora parece ser la ficción la que se convierte en vivencia, con vertiginosa rapidez y sin que muchos alcancen a advertir el riesgo del autoritarismo, aparentemente frívolo, del hombrecito que gobierna a Colombia.

En la novela 1984, de George Orwell, encontramos una forma de gobierno que controla los movimientos y los pensamientos en una Londres aterradora, donde solo existe un orden establecido, so pena de la «vaporización»: la desaparición material, jurídica y social de quienes no hacen lo que se les dice.

Sí, estimados lectores, algo muy parecido a esa famosa idea de «destripar a la izquierda», a esa «plaga», a ese «cáncer» al que se refirió el hombrecito durante su campaña.

Pero aún más aterrador que esta coincidencia es el paralelismo entre los ministerios de la imaginación de Orwell y el proyecto de país que se configura desde el actual gobierno.

En la novela, las instituciones significan exactamente lo contrario de sus nombres: el Ministerio de la Verdad se dedica a la propaganda, la manipulación de la información y la falsificación de documentos históricos; el Ministerio de la Paz se ocupa de la guerra; el Ministerio de la Abundancia administra la escasez y el racionamiento mientras proclama aumentos de producción; y el Ministerio del Amor, el más brutal de todos, se encarga de la vigilancia, la detención, la tortura y la reeducación de quienes son considerados enemigos del Partido.

Lo anterior resulta muy similar a la imagen que se filtró sobre el llamado «Ciclo del milagro», una diapositiva en la que se explicaban los ejes de la planeación del país: Milagro de la Vida, Milagro del Amor, Milagro del Saber, Milagro del Pertenecer, Milagro del Crear, Milagro del Servir y Milagro del Soñar.

¿Contradicciones y coincidencias? Todas. Pues se prevé, en nuestra realidad, el fortalecimiento de la guerra con un segundo Plan Colombia y el porte legal de armas «para el ciudadano decente»; el reencauche del manido discurso de la «ideología de género» —concepto que solo existe en sus cabecitas—; el fracking, a costa del derecho al agua y a un medio ambiente sano que durante años se ha buscado preservar. En fin, casi todo parece conducir a los lemas de la obra literaria: LA GUERRA ES LA PAZ, LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD, LA IGNORANCIA ES LA FUERZA.

Tampoco sobra mencionar el borrón que pretenden dar a la historia con el fin de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que también recuerda pasajes del libro en los que el Partido echaba mano del pasado para «decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido» (p. 30, 1984, George Orwell).

«Si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el Partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la Historia y se convertía en verdad. “El que controla el pasado —decía el slogan del Partido—, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado”» (Orwell, p.30).

En la novela no se trata solamente de mentir, sino de hacer que las personas convivan en un sistema en el que cambiar el significado de las palabras también cambia la percepción de lo que está ocurriendo.

Así, los abusos pueden presentarse como protección; la represión, como seguridad; la censura, como defensa de la democracia; la guerra, como garantía de paz; y hasta el sometimiento, como una expresión de amor y cuidado de la población.

Y ahí está quizá la verdadera ironía: En 1984, el Partido convirtió la guerra en paz, la esclavitud en libertad y la ignorancia en fuerza. Acá, sin recurrir a la imaginación, vamos camino de convertir la guerra, el miedo y el autoritarismo en milagros.

Ahora, el milagro no es la patria esa que se están inventando. El milagro será sobrevivir a ella.

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