De la mano de una solitaria jueza penal de Bogotá, Colombia le dio vuelta hoy a las páginas de su historia política, cuando, convertido en criminal, el intocable expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado por dos delitos y recluido en su residencia como cárcel.

El fallo condenatorio de la Jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, por tres de dos delitos, es el desenlace de un accidentado proceso que durante 13 años estuvo orientado hacia la impunidad y que en los últimos 67 días registró el desfile de al menos 70 testigos en favor del reo, en su gran mayoría criminales.

El fallo se conoció a las 6 de la tarde, en la sede de la Justicia de Paloquemao, cuando la jueza Heredia terminó de leer un mamotreto de centenares de páginas, ante la expectativa nacional, mientras pedía paciencia a las partes.

“Les he tenido paciencia durante todos estos 475 días, les pido lo mismo”, dijo Heredia.

“Este juicio ha despertado pasiones”, advirtió la jueza al comenzar con la lectura del sentido de su fallo.

Y agregó que “la Justicia ha llegado, serena, reflexiva, pero sin dilaciones… Ha llegado pese a las tormentas de la opinión pública (…) pese a los ataques para tratar de enlodar a esta judicatura”.

“Este es un acto de Justicia y solo de Justicia”, puntualizó.

Antes de anunciar su decisión, la jueza defendió la autonomía judicial de su despacho frente a lo que calificó como "uno de los casos más significativos de su historia judicial reciente" que, dijo, "ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones".

"El derecho no puede temblar frente el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia como (la diosa griega) Temis no ve nombres, ni cargos, ni estaturas porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia", señaló Heredia.

Reiteró que este "no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia".

Subrayó que su decisión "no decide sobre un nombre, sino sobre unos hechos" y que la tomó "sin pasión, sin rencor y sin temor", después de 475 días de una "maratónica lucha contra el reloj".

"Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral, ni para las lecturas interesadas", agregó Heredia, quien también defendió las garantías procesales, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia durante este juicio, pese a los "intentos de deslegitimación y ataques que ha recibido la judicatura".

En otro aspecto, la jueza recordó que este proceso "ha estado a cargo de mujeres, que desde sus roles en cada una de las etapas del proceso ha enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre".

"La toga no tiene género, pero sí carácter", sentenció Heredia, quien acabó su introducción citando al padre de la teoría de la separación de poderes, Montesquieu: "La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie".

Heredia, quien reconoció que hoy "los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos" sobre su sala, tiene en sus manos una decisión que, por primera vez, podría condenar penalmente a un expresidente de Colombia.

Por este caso, Uribe enfrenta una posible condena de entre seis y doce años de prisión por los delitos de soborno en actuación fiscal y fraude procesal. Fue exonerado de responsabilidad de sobornar a testigos.

Uribe ha sido protagonista de numerosos casos de los cuales nunca ha terminado como responsable en su reemplazo, subalternos o abogados suyos han terminado en la cárcel.

La condena a Uribe es una derrota a las fuerzas políticas más radicales y poderosas de la derecha colombiana, y de maquinarias jurídicas encabezadas por abogados considerados invencibles en los estrados judiciales.

El fallo podrá ser revocado por jueces superiores, pero el valor de Heredia, su constancia y su determinación para avanzar en el proceso y evitar su prescripción pasarán a la historia como ejemplo de la manera como sí se puede aplicar Justicia en un país que es el reino de la impunidad para los poderosos, en especial los políticos.

Los delitos de Uribe fueron soborno, soborno a testigos y fraude procesal, en asocio de Diego Javier Cadena Ramírez, abogado de día y abogángster de noche, como él mismo se definió en un diálogo telefónico que le grabaron.

El proceso comenzó en 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia encontró que una denuncia penal de Uribe contra el senador comunista Iván Cepeda Castro debía ser, en realidad, el comienzo de un proceso criminal contra el expresidente.

Uribe tiene el respaldo de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, y es tan popular que fácilmente se hizo reconocer como El Gran Colombiano.

En torno suyo hay un permanente culto a su personalidad, que se ha hecho más radical en la medida en que el proceso contra él fue avanzando.

Pero en su historia se ha tendido densas sombras sobre la persona de Uribe.

Se recuerdan, por ejemplo, la facilitación de rutas aéreas para el Cartel de Medellín en los años 80, cuando fue director del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil (Aerocivil), su inclusión como “narcotraficante número 82” por el Departamento de Defensa de EE. UU., las ejecuciones extrajudiciales de más de 6.400 civiles inocentes bajo su mandato, las interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a magistrados de la Corte, al menos un periodista y dirigentes políticos de oposición a su gobierno, y la parapolítica, episodio que derivó en el encarcelamiento de al menos el 45 por ciento del Congreso, porque senadores y representantes a la Cámara se aliaron con paramilitares para hacerse elegir.

Otros episodios fueron el que estimuló, y de lo cual se enteró a cabalidad, su reelección como presidente, y la visita clandestina de un narcotraficante a la Casa de Nariño.