Álvaro Uribe Vélez parece haber perdido parte de la gruesa capa de teflón que lo cubría y lo mantenía inmune a la Justicia, y que, hasta el lunes pasado, también lo hizo mantuvo impune.

Varios hechos criminales en torno suyo han llevado a sus amigos y colaboradores más estrechos a la cárcel, mientras él ha salido limpio, cubierto por densas nubes negras, pero libre.

El más cercano círculo de subalternos fue a la cárcel, o huye de ella, por ofrecer sobornos a congresistas para su reelección presidencial en 2006, interceptar ilegalmente a jueces y opositores, y asesinar a miles de jóvenes indefensos hechos pasar por guerrilleros.

En los procesos por esos casos, y otros, todos muy graves, Uribe estuvo fuera del alcance de la Justicia. Su poder político, el temor reverencial hacia él y la lealtad de amigos y funcionarios, el trágico fin de algunos testigos y la impunidad que se hizo norma en el Congreso respecto de los expresidentes, lo mantuvieron lejos.

Hasta el lunes pasado, cuando una jueza de nivel medio de Bogotá lo condenó por soborno en actuación judicial y fraude procesal, dos delitos que se pueden considerar menores si se les compara con los que llevaron a prisión solo a su gente.

Fue su primera vez en la silla de los reos, y su primera condena.

Como los hechos ocurrieron cuando Uribe era senador y renunció para evitar ir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el proceso pasó a la justicia ordinaria.

Por sorteo, llegó al despacho de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien, sin dudarlo, determinó que quienes actuaron en nombre de Uribe para conseguir falsos testimonios, como el abogado Diego Javier ‘Abogángster’ Cadena Ramírez Cadena, lo hicieron a sabiendas del exsenador.

“El señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar”, escribió la jueza en el fallo.

Uribe siempre ha negado su participación en escándalos de Estado, ha defendido la integridad de sus antiguos colaboradores y ha cuestionado decisiones judiciales adversas.

Ahora, le llegó el turno de responder directamente ante la justicia, y la jueza Heredia lo encontró responsable de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.

Hasta 1980, cuando el presidente Julio César Turbay Ayala lo nombró director del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil (Aerocivil), Uribe desempeñó cargos menores en las Empresas Públicas de Medellín y el Ministerio de Trabajo.

Tenía 28 años, y en 1980, los carteles del narcotráfico se hacían sólidos, y en Aeronáutica encontraron a Uribe, que, en tiempo récord de año y medio, otorgó 2,242 solicitudes de registros de aeronaves y aeropuerto.

Cuando el nuevo presidente, Belisario Betancur, lo removió, según denuncias públicas, se supo que Uribe había entregado licencias para 30 aviones del Clan Ochoa, 10 de Pablo Escobar, 10 de Gonzalo ‘El Mexicano’ Rodríguez Gacha y 4 de Carlos Lehder Rivas, todos miembros del Cartel de Medellín.

Quizás derogar esas licencias le costó la vida a Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia de Betancur.

Luego, Uribe fue alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia, su ciudad y su departamento. En este último cargo puso en marcha cooperativas de seguridad llamadas Convivir, fuente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y origen del mayor desangre de Colombia.

Precisamente, la relación de su hermano Santiago con personajes que integraron una de estas cooperativas, fue parte fundamental en el proceso que acaba de enviar a Uribe a prisión domiciliaria.

Elegido presidente en 2002, Uribe se desempeñó más a la manera de un dictador que de un estadista. Su Política de Seguridad Democrática, relacionada con las AUC y los políticos regionales, y la libertad otorgada al Ejército para combatir la insurgencia, desataron una noche siniestra que aún no acaba.

Su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, creó el programa Agro Ingreso Seguro, para financiar planes de desarrollo de pequeños campesinos. Pero los beneficiados fueron los más grandes terratenientes e industriales, incluidos miembros de la familia Uribe.

Arias aún está pagando su pena; a Uribe nada le ocurrió.

En 2008, cuando el escándalo de la ‘Yidispolítica’ (compra de congresistas a cambio de reformar la Constitución para hacerse reelegir), Uribe negó que su gobierno comprara conciencias.

La exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina Padilla, reconoció haber recibido el ofrecimiento de cargos públicos como contraprestación por su voto respaldando el proyecto.

“El Gobierno persuade, no presiona, ni compra conciencias”, pregonó Uribe. “El Gobierno respeta el derecho de la participación, pero no tolera la corrupción”.

La CSJ no solo declaró culpable a Medina del delito de cohecho, sino que condenó a tres exfuncionarios de Uribe por formar parte de la ‘Yidispolítica’: el exministro de protección social, Diego Palacio Betancur; el exministro del interior y de justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverry.

El exmandatario defendió a sus funcionarios y reaccionó cuestionando la credibilidad de los magistrados.

Hizo lo mismo en otros casos, como cuando calificó como infamias las publicaciones periodísticas que profundizaban en los seguimientos e interceptaciones ilegales desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados de altas cortes, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

“Nunca di orden, insinué o consideré una opción ilegal, en conversaciones públicas o privadas”, aseguró en 2010.

Entre las personas interceptadas en la operación ilegal, que se empezó a revelar en 2009, estaban el congresista Gustavo Petro y otros personajes que para la época investigaban la llamada “parapolítica” (las relaciones de políticos con grupos paramilitares), incluido el exsenador Mario de Jesús Uribe Escobar, primo del expresidente y del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Como jefe de Estado, Uribe fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde la acusación murió.

Pero, fueron condenados dos exdirectores del DAS de su Gobierno, señalados de dar directrices para ejecutar los seguimientos e interceptaciones ilegales: Jorge Aurelio Noguera Cotes y María del Pilar Hurtado Afanador, sentenciados a 28 y 14 años de cárcel, respectivamente.

También fueron condenados el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo Restrepo, el exsecretario de prensa, César Mauricio Velásquez Ossa, y el exsecretario general de Palacio, Bernardo Moreno Villegas, también implicado en la ‘Yidispolítica’.

“Si el Gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el Presidente”, dijo Uribe para desmarcarse cuando la Fiscalía dijo que las interceptaciones las hizo el DAS, pero se ordenaron desde la Casa de Nariño.

Uribe también asumió la defensa por hechos que ocurrieron durante su Gobierno, ante las revelaciones de los llamados ¡falsos positivos’, ejecuciones extrajudiciales de inocentes que las fuerzas militares hicieron pasar por guerrilleros entre 2002 y 2008, en aras de la Política de Seguridad Democrática.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de 2016, la lógica del enemigo se utilizó para justificar homicidios y mostrar resultados en la lucha contrainsurgente.

Uribe se mantiene en que empezó “a combatir eso (la insurgencia) desde que llegó la primera queja”.

Su partido, el Centro Democrático (CD), sostiene que “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los ‘falsos positivos’ en el país”.

Y argumentó que se priorizaron las desmovilizaciones por encima de las bajas o las capturas.

Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, particularmente en Norte de Santander, Antioquia, la costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, además del cementerio de Las Mercedes en Dabeiba (Antioquia).

La cuenta oficial de ejecuciones extrajudiciales de inocentes va en 6,402, en su mayoría jóvenes desempleados hechos pasar por insurgentes muertos en combate.

El general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército hasta el 2008, cercano a Uribe, enfrenta un juicio por no reconocer su responsabilidad en por lo menos 118 asesinatos y desapariciones forzadas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003, cuando era comandante de la IV Brigada. Podría ir 20 años a la cárcel.

Pero, a sus 73 años, Uribe quedó sin el teflón que impedía que los procesos lo tocaran y lo cazaron. Su suerte depende de jueces superiores, pero, por ahora, sobre él recae una pena de ere 6 y 12 años que, quizás pague en su hacienda El Ubérrimo, en Montería.