Por Dr. Polito
Supongamos que la descabellada decisión de la barranqiuillera Margarita Leonor Cabello Blanco tiene algún fundamento jurídico válido.
Supongamos que la también barranquillera Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe cumplió a cabalidad con su función de cuidar el dinero de los colombianos.
Y, supongamos, también, que, para archivar el proceso que la Procuraduría le seguía a la exministra de las TIC, el hecho de ser paisanas y de la rosca política de la región no influyó para nada en la decisión oficial.
Entonces, ¿quién es responsable de que una mafia de ladrones con etiqueta de contratistas se abudineara (como dice el pueblo) 70 mil millones de pesos destinados a las escuelas más pobres de Colombia?
Si no es Abudinen, entonces, ¿quién?
¿Quién carajos permitió, sino Abudinen, como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, que la corrupta firma Centros Poblados se adueñara del dinero?
¿Se debe pensar, entonces, que, según el habla barranquillera, que Cabello ‘manda cáscara’ con su decisión?
Porque el Decreto 1064 de 2020, que reglamenta el ministerio de las TIC, y, obvio, de quien lo dirige, señala con toda claridad que, entre otras, son sus funciones:
- Dirigir las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Vigilar la ejecución del presupuesto correspondiente al Ministerio y al Fondo Único TIC.
- Realizar las actuaciones necesarias que permitan el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
Por lo fallado, se puede apreciar que a Cabello le vale huevo lo que digan las normas legales.
De la descabellada decisión de Cabello se puede deducir que los ministros ya no tienen por qué cuidar del dinero del Estado, y menos si son barranquilleros y de su rosca política.
¿Con qué autoridad moral puede, esa señora, decidir sobre la conducta de funcionarios del pasado gobierno, al que, cuando asumió, ella llamó “nuestro gobierno”?
Abudinen fue una ministra de “nuestro gobierno” y, por supuesto, si alguien fue parte de “nuestro gobierno”, debe recibir trato favorable, porque sí o porque no.
Ser juez y parte es la aspiración ideal de los corruptos que se toman por asalto la facultad de aplicar justicia, sin estar investidos de la calidad de jueces, como ciertos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en Colombia.
Porque, en este país, la Procuraduría no es un órgano de Justicia. Otra cosa es que, desde ella, se exima y se culpe a placer, y así se sancione.
Hay quejas de todos los sectores políticos sobre la decisión, pero no son más que bla bla blá sobre lo que hace Cabello o deja de hacer…
Al fin y al cabo, como dicen los abuelos, “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hizo compadre”.
Y, en este caso, a Cabello la eligieron Cambio Radical, Centro Democrático (Urive fue quien la postuló), el Parido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de La U, Mia y Colombia Justa Libres.
Pero, más allá de las decisiones amañadas, y de que los políticos aparenten estar disgustados, el problema en el caso de Abudinen, es el dinero, que no aparece.
Y parece que nunca se recuperará. Los que lo robaron demuestran que saben lo que hacen, mejor que las autoridades. Al menos, mejor que Cabello.