El apretón de cinturón no afectará los programas sociales del Estado

Para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el recorte de gastos del Estado debe ser de unos 20 billones de pesos.

La única manera, por ahora, de corregir el desequilibrio fiscal del Estado, que viene desde hace largos años y tiene su causa en los resultados negativos del recaudo fiscal, es gastando menos.

Y esto es, precisamente, lo que hará el Gobierno del presidente Gustavo Petro: recortar unos 20 billones de pesos del presupuesto general, según anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

En otras palabras, hay que abrochar el cinturón un paso más allá. Pero, y esto es importante, no se perjudicará ninguno de los programas sociales que tiene en marcha el Gobierno.

El anuncio de Bonilla coincide con serias turbulencias fiscales de Colombia, originadas, entre otras razones, en la situación de crisis de la economía global.

En la mitad del mandato de Petro, Bonilla se dispone a cumplir una tarea poco grata: equilibrar las proyecciones de las cuentas públicas, que hoy están desenfocadas, porque, si bien los colombianos están pagando impuestos, lo recaudado es menos de lo calculado.

No es un paso atrás, sino uno más corto de lo esperado, pero que amplios sectores lo apoyan mientras esperan el plan del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que fijará las proyecciones macroeconómicas y de gasto oficial, para cerciorarse de que la reducción, además de ir en la dirección correcta, sea suficiente.

Hace pocos días, el Gobierno anunció que bloqueará algunos renglones del gasto asignado a las entidades estatales, por un valor total que representa el 4% del presupuesto general.

Se trata de una medida parcial y transitoria sobre algunos rubros de la función pública que aún no han sido aprobados. Por eso, Hacienda ha detallado que la decisión no afecta a los procesos contractuales en curso.

El momento escogido para ponerle coto a las cuentas públicas coincide con el repunte en el recaudo tributario de mayo, que, tras un abril negro, subió 11% real frente a mayo del año pasado.

“En este momento estamos mirando los rubros donde tenemos que hacer el recorte de manera preventiva”, subrayó Bonilla. “Lo que hoy tiene el funcionamiento del Estado ya tiene expedidos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por más de 200 billones de pesos, pero, en principio, la idea no es recortar programas sociales ni de Gobierno, hay otros programas que estamos evaluando”.

Cuando en junio de 2023 se presentó el anterior Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió de que el Gobierno se vería abocado a suspender algunos de los gastos dentro del Presupuesto General del Estado, debido a las dudas que suscitaban algunas fuentes de ingreso, la principal de ellas, los impuestos.

Todo lo anterior, en medio de una economía estancada, que en el primer trimestre del año creció un 0,7%.

Por eso, la decisión de ahora busca corregir desequilibrios a los que se llegó con mayor celeridad en los tiempos de postpandemia.

Si bien es cierto que el Estado ha convivido durante décadas con un margen de déficit controlado, el desfase se ha agudizado en la medida en que los impuestos que pagan los colombianos no cuadran para cubrir las metas de gasto público.

Al parecer, de poco han servido los esfuerzos del Gobierno con su reforma tributaria de 2022, que buscaba remendar viejas deficiencias en la redistribución de los impuestos y canalizar aquellos recursos para dotar a los ciudadanos más desprotegidos con un mínimo de protección social.

El monto original del Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso para 2024 ascendía a 503,2 billones de pesos, de los cuales ya se ha ejecutado 29%. Por el camino, sin embargo, han aparecido varios imprevistos para los objetivos estatales.

Hace pocas semanas, la Corte Constitucional echó abajo una norma incluida en la reforma tributaria a través de la cual se esperaba recoger 6,7 billones de pesos en impuestos de las empresas de hidrocarburos, y que había sido tachada de inconstitucional por opositores y expertos desde su trámite en el Congreso.

Algunos cálculos han supuesto un choque contra la realidad.

A pesar de que Hacienda aspiraba a recuperar entre 10 y 15 billones de pesos provenientes de los litigios que sostiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con los deudores morosos, a principios de mayo se conoció que las proyecciones eran distorsionadas y la Asociación Nacional de Entidades Financieras limitó esa fuente de recursos a menos de dos billones.
La supresión de todos estos canales de financiación llevó al Ejecutivo a la búsqueda de alternativas para generar austeridad, pilotar sus proyectos sociales, cumplir con la regla fiscal y llegar a 2025 con ahorros suficientes y enfrentar así la deuda pública.

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