Washington (Agencias)

Al menos por ahora, el Gobierno de Donald Trump puede continuar deportando inmigrantes irregulares venezolanos, de acuerdo con el dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CJS), que anuló la decisión de un tribunal inferior que suspendió temporalmente las deportaciones.

Aunque el propio Trump consideró el fallo como un triunfo personal suyo, la decisión no abordó la constitucionalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a los migrantes a una prisión de El Salvador.

En su lugar, los jueces consideraron que los abogados de los migrantes habían presentado la demanda ante el tribunal equivocado.

La CSJ dijo que la demanda debió presentarse en Texas, donde se retiene a los venezolanos, y no en un tribunal de Washington.

Los nueve jueces coincidieron en que los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos debían recibir una notificación previa y la oportunidad de impugnar su deportación antes de que pudieran ser expulsados, según escribió el juez Brett Michael Kavanaugh en una opinión concurrente.

La división entre los jueces de la CJSJ versaba sobre el lugar y la forma en que debería ocurrir eso.

“A los detenidos se les confina en Texas, por lo que la jurisdicción del Distrito de Columbia es improcedente”, según la Corte, en orden que era breve y no estaba firmada, como es habitual en este tipo de solicitudes de emergencia.

Los jueces ordenaron que se informe a los migrantes venezolanos de que están sujetos a expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros “en un plazo razonable” para que puedan impugnar su expulsión antes de ser deportados. Esta decisión podría imponer nuevas e importantes restricciones a la forma en que el gobierno de Trump intente utilizar dicha ley en el futuro.

El presidente Trump escribió en las redes sociales que consideraba la decisión como una victoria.

“La Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho en nuestro País al permitir que un presidente, sea quien sea, pueda asegurar nuestras Fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro propio País”, publicó Trump en su cuenta Truth Social. “¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN AMÉRICA!”.

La jueza Sonia Sotomayor escribió en disidencia que la conclusión jurídica de la mayoría era “sospechosa”, y añadió que la CSJ había intervenido para conceder al gobierno un “alivio extraordinario” sin mencionar “el grave daño” al que se enfrentarían los migrantes si fueran “erróneamente expulsados a El Salvador”.

“La corte no debe recompensar los esfuerzos del gobierno por erosionar el Estado de derecho”, escribió Sotomayor.

Las otras dos jueces liberales de la Corte, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, se unieron a ella en su disidencia. La juez Amy Coney Barrett coincidió parcialmente con ellas.

En un voto de disidencia aparte, Jackson criticó duramente la decisión de la corte de actuar con el expediente de urgencia, un procedimiento mediante el cual los casos suelen juzgarse rápidamente y sin alegatos orales ni informes completos.