El toma y daca entre Lula y Milei por los 65 extraditables que exige Brasil

La disputa entre Lula y Milei, por los fugitivos golpistas refugiados en Argentina, será como para alquilar balcón, prevén analistas.

Los analistas prevén una fiera pulseada entre el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el argentino Javier Gerardo Milei.

Son polos opuestos en lo ideológico y en lo político, y líderes de los países territorialmente más grandes del continente latinoamericano.

La razón del que, según algunos, será un enfrentamiento de marca mayor entre los dos mandatarios, tiene que ver con la pronta solititud a Milei de 65 golpistas brasileños que se refugiaron de manera ilegal en Argentina.

Desde ahora se prevé que el ultraderechista gobierno de Milei pondrá todos los obstáculos al gobierno de izquierda de Brasil, para devolver a los refugiados ilegales. Los 65 huyeron al sur durante las redadas de la Policía Federal de Brasil en busca de 208 responsables de la toma de las sedes de los tres poderes de ese país en enero de 2023, en un intento por impedir que Lula asumiera el poder como presidente.

“Algunos de estos fugitivos, alrededor de 65, fueron localizados por las autoridades argentinas. Ninguno de ellos pasó por los controles migratorios”, escribió el portal G1.

“Para refugiarse, los fugitivos no pudieron encontrar un mejor lugar que Argentina ni un mejor protector que Milei”, comento un analista de prensa en Sao Paulo.

Sin duda, habrá enfrentamiento entre los dos presidentes. Lo que aún no se prevé es la magnitud de las consecuencias para los dos países y la políticva latinoamericana.

Según las investigaciones, los prófugos habrían ingresado caminando, escondidos en baúles de autos que cruzaron por distintos pasos fronterizos o atravesando el río Paraná en una embarcación.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator de las investigaciones sobre los actos golpistas, al entender que los sospechosos “incumplieron las medidas cautelares judiciales”.

Entre otras acciones identificadas, se reportó la no comparecencia ante el tribunal, el retiro de tobilleras electrónicas y el cambio de domicilio sin comunicación previa o posterior a las autoridades.

En esa línea, surgió la información de que algunos de los fugitivos habrían solicitado refugio al Gobierno de Javier Milei, muy cercano al expresidente brasileño Javier Bolsonaro, en parte, gestor del intento de golpe.

El 30 de mayo, Eduardo Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado, participó de un acto organizado por La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación para pedir asilo político a brasileños acusados intentar un golpe contra Lula, denunciando “censura” y “persecución” por parte del gobierno brasileño.

"Brasil está viviendo una dictadura. Esta guerra ya la ganamos; somos los verdaderos defensores de la libertad", aseguró el legislador brasileño en el evento que compartió con otros colegas y la abogada Gabriela Ritter, de la Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero (Asfav). El encuentro estuvo coordinado por la diputada libertaria (pro Milei) María Celeste Ponce.

“La nueva derecha de Brasil y de Argentina está aquí reunida para repudiar enérgicamente la persecución política que sufren los ciudadanos brasileños, pero también para recordarle a la izquierda que estamos dispuestos a defender los valores occidentales y a ser el faro de Occidente en el mundo”, dijo Ponce en esa ocasión.

Aquel 8 de enero del año pasado, miles de personas invadieron el palacio Presidencial, y las sedes del Congreso y la Corte Suprema, con el fin de reclamar la intervención de las Fuerzas Armadas para deponer al actual mandatario por un supuesto fraude en las elecciones.

Bolsonaro perdfió por un margen estrecho los comicios presidenciales de octubre de 2022 frente a Lula, y compareció en 2023 ante la Policía Federal por sospechas de haber instigado a los levantamientos en Brasilia, capital del país.

Como parte de la operación "Lesa Patria", las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de presuntos vándalos, incitadores, y personas que habrían financiado los asaltos a los edificios públicos. Algunos ya recibieron condenas por delitos como el de "golpe de Estado", con penas de hasta 17 años de cárcel.

"Más de dos centenares de ellos deliberadamente incumplieron medidas cautelares judiciales o incluso huyeron para otros países para evitar la aplicación de la ley penal", dijo la Policía en un comunicado.

Recientemente, 49 personas fueron detenidas en 18 estados y el Distrito Federal, mientras las autoridades siguen la pista de otros 159 individuos "condenados o investigados" que son considerados como prófugos.

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