El octogenario José Daniel Ortega Saavedra es en Nicaragua, en mucho, el Iván Duque Márquez de Colombia: el subpresidente. Ni siquiera el vicepresidente.

Ortega hace, porque sí, porque la que manda es ella, lo que su más que septuagenaria mujer, Rosario María Murillo Zambrana, copresidenta de Nicaragua de derecho, presidenta de hecho, una dictadora.

Hace poicas horas, con la firma de su marido, para dar apariencia de legalidad, se hizo nombrar Jefa suprema del Ejército.

Para ello, reformó de urgencia las leyes militares, de tal modo que le permiten disponer de las Fuerzas Armadas a su antojo, organizar la defensa y hasta ordenar operaciones militares, si considera que la soberanía del país está bajo amenaza.

Así, Rosario Murillo, una exguerrillera de escritorio en el exterior (durante la guerra del Frente Sandinista de Liberación Nacional contra el Gobierno de Anastasio Somoza, estuvo en Venezuela, Panamá y Costa Rica, escribiendo poesía), dio un paso más hacia la consolidación de un régimen familiar en ese vapuleado país centroamericano.

Al decir del diario español El País, en Nicaragua, los Ortega Murillo controlan todos los poderes estatales, y un régimen familiar que persigue más allá de todo límite a cualquier voz disidente.

La reforma, aprobada por unanimidad por los diputados que obedecen al régimen, establece que en el Código Militar nicaragüense Murillo tendrá la misma capacidad de acción ante los militares que su esposo, el exguerrillero sandinista.

Fue elegida vicepresidenta, pero una reforma constitucional ordenada por Ortega le permitió ser copresidenta.

“El Ejército estará subordinado a la autoridad civil que será ejercida por la Presidencia de la República como Jefatura Suprema”, establece el nuevo texto de las leyes militares, con lo que queda marcada legalmente la autoridad de Murillo frente al Ejército.

Ella, considerada la heredera del proyecto político autoritario de Ortega, tiene ahora voz y mando ante una organización que hasta ahora ha mostrado una lealtad inquebrantable hacia el mandatario, considerado su “comandante”.

La medida convierte a Nicaragua en un Estado controlado por los intereses de una familia, tal y como ocurrió con la dinastía somocista, que gobernó con mano militar durante 47 años.

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La reforma permite que los copresidentes dispongan de las Fuerzas Armadas, organicen la defensa del país y hasta ordenen operaciones militares si ellos consideran que la soberanía está bajo amenaza.

En las manos de Ortega estará la decisión de nombrar no solo al jefe del Ejército, sino a sus mandos más cercanos. Un tema delicado es la posibilidad que tendrán los militares de intervenir en la Policía Nacional, considerada por organizaciones de derechos humanos como el brazo represivo del régimen. Tanto Ortega como Murillo podrán ejercer estas atribuciones sin críticas internas ni contrapesos, dado que controlan el Parlamento, las Cortes, el sistema electoral y todas las dependencias del Ejecutivo.

Murillo, una mujer de carácter duro y volcánico, ha logrado consolidar un poder casi absoluto en Nicaragua. Si su esposo llegara a faltar, ella se convertiría en la heredera total del poder en el pequeño y pobre país centroamericano.

Nada en Nicaragua se mueve sin que ella haya dado su consentimiento.

Murillo controla los ministerios, alcaldías, la agenda del Ejecutivo; toma las decisiones cotidianas, despide y nombra funcionarios. Es la temida jefa del gabinete: ningún empleado público se atreve a ir contra su voluntad y quienes lo han hecho han sido destituidos de forma humillante.

Según el diario, Murillo fue la que dio la orden de reventar con sangre una serie de manifestaciones contra el Gobierno en 2018, bajo el mando de “vamos con todo”.

La represión dejó, según la ONU y la CIDH, más de 360 asesinados, la mayoría jóvenes. El Grupo de expertos de Naciones Unidas que investiga las responsabilidades del régimen señaló a los militares como autores de crímenes de lesa humanidad. El Ejército siempre han negado su participación en la represión política, pero su jefe, el general Julio César Avilés, fue sancionado por Estados Unidos por permitirla.