La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió que el presidente Gustavo Petro declare allí en relación con el escándalo de unos 42 000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del riesgo de Desastres (Ungrd).

También llamo a declarar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Roberto Andrés Idárraga Franco.

La citación a Petro surgió luego de que el nombre del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, fuera mencionado en el proceso judicial que se adelanta en la CSJ, por el escándalo.

Sin embargo, al parecer la convocatoria al presidente se relaciona con las acusaciones contra los presidentes del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez, y de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, a quienes acusan de haber recibido 3 000 y 1 000 millones de pesos, respectivamente, supuestamente para facilitar la aprobación de iniciativas legislativas del Ejecutivo.

El exfuncionario es Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector general de la Ungrd, quien sostiene que, personalmente, entregó el dinero a una mensajera de Name, y a Calle, en su casa de Montería.

El magistrado de la CSJ Francisco Farfán, además, “ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara”, para “obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional”.

La primera reforma social, de salud, se hundió a principios de abril, y la segunda, de pensiones, se aprobó el mes pasado.

La primera estuvo a cargo del ministro Jaramillo. La segunda, de la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, que no ha sido señalada en este escándalo.

Idárraga fue señalado en el escándalo por Olmedo López, exdirector de la Ungrd y jefe de Pinilla, ambos colaboradores con la justicia. López acusó a Idárraga del delito de tráfico de influencias, al supuestamente buscar beneficios para algunos alcaldes.

López nunca ha acusado a Petro directamente de lo ocurrido en la Ungrd, pero sí ha señalado a los hombres más cercanos del presidente. López aseguró a una radio haber recibido una orden de Bonilla para direccionar millonarios contratos de la Ungrd. “Entrega de contratos dirigidos a cambio de que el ministro logre el propósito en la comisión: que saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponde a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos”, aseguró el exdirector de la Ungrd. Es decir, que con contratos ofrecidos a los congresistas se buscaba que ellos votaran a favor de alguna reforma o asunto de interés del Ministerio de Hacienda.

En su declaración, López también mencionó la existencia de un “cónclave”, una serie de reuniones con altos funcionarios del Gobierno en la Casa de Nariño. En ella, supuestamente, se tomó la decisión de buscar los votos de los congresistas a cambio de contratos. A ninguno de esos encuentros asistió el presidente Gustavo Petro, pero, según López, sí estuvieron el mencionado ministro Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, y Carlos Ramón González, por entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ahora director nacional de Inteligencia.

Para la fecha del denominado cónclave, Bonilla había dado su visto bueno a la aprobación en el congreso de una adición presupuestal para la Ungrd de 208 000 millones de pesos.

El proyecto de ley para modificar el presupuesto general de la Nación fue autoría de José Antonio Ocampo, antecesor de Bonilla en el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, en esa primera versión no aparecía la adición para la Ungrd, que fue aprobada en junio de 2023, cuando Bonilla ya estaba a cargo de la cartera. La propuesta, que fue presentada por el senador liberal antioqueño Juan Diego Echavarría, decía: “El ministro Bonilla ha acogido favorablemente muchas de nuestras propuestas y ha expresado su disponibilidad de apoyar la presentación de un pliego que modifica en su totalidad el proyecto inicialmente presentado”.