La decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de designar como rector a Leopoldo Múnera Ruiz no supera la crisis de la institución.

Sin embargo, puede cambiarle la estructura de sociedad anónima en que, según denuncias, parece haberla convertido una trinca interna.

Múnera fue el candidato más votado por estudiantes (34,387%), profesores, egresados y empleados de La Nacho S.A., pero, según particulares normas internas, no necesariamente debía ser rector.

Para eso estaba José Ismael Peña Reyes, a quien nombraron, pese a que su respaldo como tercer aspirante más votado fue de solo 8,352%.

Tanto Múnera como Peña son miembros del CSU.

Desde luego, Peña acudirá a la Justicia, como ya lo ha hecho, para que no lo cambien. Argumenta derechos adquiridos que fundamenta en el reglamento interno y pueden favorecerlo.

Pero también tiene el respaldo de la trinca: los exrectores Ignacio Mantilla, Moisés Wasserman y Dolly Montoya.

Según el semanario Cambio, los tres exrectores tienen grandes intereses en al menos 18 empresas privadas a través de las cuales la universidad analiza contratos por miles y miles de millones de pesos, que le dejan ganancias mínimas.

A la trinca le colaboran Camilo Younes Velosa, Jaime Alonso Restrepo y Diego Zapata, “entre otros, quienes justamente son los que hoy defienden” el nombramiento de Peña y quienes, “según miembros de la comunidad educativa, son los que han monopolizado la institución”.

Para el semanario, “la Universidad ha sido controlada desde el año 2006 por las mismas personas que con el paso de los años y con decisiones cuestionadas y poco transparentes, han dado vía libre a la creación de empresas paralelas para tercerizar la contratación del alma mater que maneja recursos públicos. Desde entonces, son miles de millones de pesos que se han movido de esa forma y sin que hoy sea totalmente claro cómo se ejecutaron o en qué se gastaron”.

Una ley en 2017, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Sanos Calderón, que permitió a las Instituciones de Educación Superior (IES) crear empresas para fomentar ciencia, tecnología e innovación, y generar utilidades, facilitó la conversión de la Universidad Nacional de Colombia en La Nacho S.A.

De acuerdo con la investigación periodística, “en la Universidad Nacional se habría abusado de esa figura. Hoy, esa institución tiene un total de 18 corporaciones por medio de las cuales se han desviado cientos de contratos que no tienen la misma vigilancia que un proceso que se hace directamente con la academia”.

Numerosas entidades de carácter nacional o territorial firman contratos con la Nacional para adelantar tareas de consultoría, investigación y estudios, entre otras cosas. La universidad subcontrata esos compromisos con las 18 corporaciones, formadas por directivos, profesores y exalumnos.

Dice el semanario: “Aunque la institución cuenta con la capacidad para poder ejecutar los contratos de forma directa y sin necesidad de tercerizar los procesos por concepto de investigación, la mayoría de esos recursos se está quedando en compañías que muchos consideran son solo de papel y no han generado las ganancias esperadas. Eso sí, utilizan el mismo talento humano de la Nacional”.

Y explica: “Uno de los casos que más llama la atención es el de la empresa Rotorr - Motor de Innovación, que fue creada a principios de marzo de 2023. A pesar de tener solo un año de existencia, ya ha recibido cerca de 170.000 millones de pesos por concepto de la venta de servicios, contratos y convenios que le han sido otorgados con la bendición de la rectoría de la Universidad Nacional.

“Esta empresa, con autonomía administrativa y financiera, se creó en la rectoría de Dolly Montoya, con un capital de solo 1.000 millones de pesos, que salieron de la Universidad Nacional, la cual aportó 700 millones de pesos, y del Fondo de Empleados Docentes (Fodun), que puso los otros 300 millones de pesos.

En el registro de Cámara de Comercio de Rotorr se evidencia que el objeto social de esta empresa es, en primer lugar, : “Participar, fortalecer y ayudar en los fines a los miembros fundadores”, y luego, sí, a las instituciones de educación superior a fomentar la ciencia y la tecnología a través de acuerdos de voluntades entre las instituciones y actores públicos y privados nacionales e internacionales”.

Rotorr consiguió importantes recursos en su primer año de creación. En los estados financieros se puede ver que en 2023 los ingresos ascendieron a 80.229 millones de pesos. No obstante, los costos de operación llegaron hasta los 77.380 millones de pesos, lo que significa que la utilidad de esa empresa (y de la universidad) el año pasado fue sólo de 2.128 millones de pesos.

Significa que por cada 100 pesos que ingresan a la empresa solo quedan 2,65 para repartir a la Universidad Nacional, 

En este caso, ¿a dónde fueron las millonadas?

Una empresa que destina 96,44% de sus ingresos para costos de operación, no puede ser viable, pero les genera ingresos envidiables a quienes la manejan.

Lo mismo de Rotorr podría estar ocurriendo con las otras 17 corporaciones, en las cuales “se repiten los nombres de las personas a cargo, ya como representantes legales o como miembros de las juntas directivas”.

Alguna de estas empresas con las que contrata la universidad son la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional (Adexun), el Instituto de Liderazgo Público, la Corporación “Fondo de Apoyo Estudiantil”, la Corporación Interuniversitaria de Servicios y la Corporación Prodeminas.

Estas dos últimas, con sede en Medellín, han tenido contratos, desde 2019, que suman casi 80.000 millones de pesos, dice Cambio.. En el caso de la Corporación Interuniversitaria de Servicios, le han dado 630 procesos por un valor de 54.029 millones de pesos. Prodeminas se ha quedado con 170 contratos por 12.348 millones de pesos en los últimos cinco años.

Y todo se da olvidando que la propia universidad puede asumir esos contratos, y obtener utilidades que le son necesarias.