Gobierno dialoga en el exterior con el EGC en busca de acuerdo de paz

El presidente Petro, en Córdoba, donde anunció que hay diálogos Gobierno-Ejército Gaitanista de Colombia.

El presidente Gustavo Petro reveló que su gobierno adelanta fuera del país conversaciones con el autollamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en procura de lograr un acuerdo de paz.

El EGC, de Antioquia, es la organización delictiva más grande de Colombia, y una de las mayores del mundo, y está integrado en su mayoría por extremistas de la derecha política.

Petro hizo la revelación en Tierralta (Cor), durante un acto de entrega de más de 6,000 hectáreas de tierra cultivable a campesinos pobres de la región.

El anuncio surgió cuando el presidente analizaba el origen de la violencia colombiana en la carencia de tierras de cultivo en manos de campesinos, que deben ir a las altas montañas a cultivar coca, para sobrevivir.

Petro no precisó, sin embargo, más detalles de su revelación.

Según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), la organización armada clandestina hace presencia en por lo menos “316 municipios, distribuidos en 24 departamentos del país”, y sus integrantes en el territorio nacional, según informe del programa Antioquia cómo vamos, rondan los 14,000, con una tasa de crecimiento de 93 % entre 2016 y 2024. 

En Antioquia, esta agrupación tiene una presencia histórica en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca. Sin embargo, debido a su expansión económica, hoy se les encuentra en el Nordeste, Norte, Suroeste, Occidente, Magdalena Medio, Oriente y Valle de Aburrá.

Según el Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación (Sipares), a septiembre de 2024, se registra un control territorial del 52 %. Esto significa que hay presencia del grupo en 66 de los 125 municipios de Antioquia, lo que implica un crecimiento porcentual de cinco puntos (del 47 % al 52 %) entre el año pasado y el presente.

EL EGC nació como Los Urabeños, cambió a Clan Úsuga, después a Clan del Golfo, luego se hizo llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y finalmente adoptó el nombre actual.

E EGC realiza diversas actividades económicas, tanto legales como ilegales. Por esto, el Gobierno nacional lo cataloga como una organización multicrimen.

Sus tentáculos empresariales se extienden y adaptan según las oportunidades que se presenten para apropiarse de rentas, principalmente las ilegales, como el narcotráfico, microtráfico y extorsión, pero también de rentas legales, como la minería, la agroindustria y el comercio.

La Fundación PARES propone ver al EGC como un “holding criminal”. Es decir, como una “empresa que posee acciones mayoritarias en otras compañías, sin dedicarse directamente a la producción de bienes y servicios». Su principal función es gestionar y coordinar las actividades de sus filiales, tomando decisiones estratégicas y de inversión. Esto significa que el crecimiento de la organización depende de sus negocios.

Uno de sus mayores y más antiguos negocios es el narcotráfico. Esta actividad, aunque riesgosa —pues hoy sufre los rigores de la efectiva política antidroga del gobierno Petro— se desarrolla principalmente en las subregiones del Norte y el Bajo Cauca antioqueño, y tiene conexión con la región del Catatumbo. Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), en estos territorios, en los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres, se encuentra el sexto enclave de mayor tamaño de sembrados de coca del país, con 5 908 hectáreas de cultivo de esta planta. 

Una segunda actividad bastante lucrativa y en crecimiento en el departamento es la minería ilegal. El EGC ha encontrado tanto en la Serranía de San Lucas, como en el municipio de Buriticá y algunos otros de la subregión del Norte, unos territorios propicios para sacar rentas criminales asociadas a esta actividad. 

Lo hacen tanto siendo mineros ilegales, que invierten grandes sumas de dinero en maquinaria amarilla, como extorsionando a pequeños mineros que realizan sus actividades de manera informal. Incluso, se les observa instrumentalizando a la población y desarrollando acciones tendientes a la afectación del orden público, como ocurrió en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia, a principios de 2023.

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