El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró en primera instancia que Mikhail Krasnov, ruso nacionalizado en Colombia y alcalde de Tunja, estaba inhabilitado para ocupar el cargo, y anuló provisionalmente la decisión popular.

La razón es porque tuvo un contrato con una entidad pública menos de un año antes de las elecciones.

La decisión es en primera instancia y, de momento, seguirá en pleno ejercicio de sus funciones como alcalde.

La razón que alegaron los demandantes, y que ahora avala el tribunal, es el contrato que Krasnov celebró con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) como profesor.

Ese acuerdo estuvo vigente hasta diciembre de 2022. La norma dice, sin embargo, impide que quienes opten a un cargo popular no pueden estar vinculados mediante contrato al Estado al menos un año antes de las elecciones.

Las elecciones se realizaron en octubre de 2023, apenas 10 meses después.

El argumento que esgrimieron el alcalde y su defensa es que la UPTC no puede ser tomada en cuenta como una entidad pública, al tratarse de un ente universitario autónomo que cumple un régimen especial.

No obstante, los jueces han desechado esta explicación, pues consideran que esta universidad, de carácter nacional, sí es una institución pública.

Krasnov, con doble nacionalidad rusa y colombiana, fue elegido en las elecciones de 2023 como alcalde de la capital boyacense, haciéndose con un 31% de los votos.

Aunque al inicio de su campaña el viento no iba a su favor, ganó mucha popularidad en todo el país por su curiosa historia personal. Nació en la disuelta Unión Soviética, de padre ruso y de madre ucrania.

Se graduó en la Universidad Humboldt de Berlín, en Alemania, y habla seis idiomas. A Tunja llegó como un estudiante de intercambio hace más de 15 años y decidió quedarse, precisamente, como profesor de la UPTC.

La demanda que estudió el Tribunal Administrativo de Boyacá también pedía la nulidad de Krasnov por su origen. Según los demandantes, no podía ser elegido por su doble nacionalidad, vigente al momento de las elecciones. El contencioso-administrativo descartó esta pretensión, pues para optar por este cargo no es necesario ser colombiano de nacimiento.

La popularidad que ostentó en campaña se ha vuelto en su contra. Además de este proceso administrativo, sobre Krasnov pesan dos solicitudes de revocatoria, promulgadas por las organizaciones civiles Tunja Soberana, Noble y Leal, y Ciudadanos Inconformes.

Las agrupaciones denuncian supuestas irregularidades en el Gobierno local, así como falta de transparencia y una mala gestión de la infraestructura.

El alcalde tiene 10 días para apelar la decisión del tribunal.

Si apela, será el Consejo de Estado, el máximo juez de la administración pública, el que resuelva la demanda en segunda instancia.

De darle la razón al tribunal boyacense, se celebrarán nuevas elecciones en Tunja.