Cuando usted contrata a expresidentes de Colombia para su empresa, tiene la seguridad absoluta de que su participaciones en licitaciones de contratos con el Estado serán como pan comido.

Es lo que, para obtener contratos por 2,5 billones de pesos, desde hace años, viene haciendo la empresa Thomas Greg & Sons, que ni es británica ni es de alguien de apellido Greg, sino de al menos dos delincuentes.

Es de Felipe, Fernando y Camilo Bautista Palacio, que la heredaron de su padre, Gregorio (por esto, el Greg), y está registrada en la isla Guersney, un paraíso fiscal británico.

Fernando y Camilo son exconvictos de la justicia de Estados Unidos. En los años 80 fueron procesados penalmente en desarrollo de una gigantesca estafa a 25 bancos con falsos embarques de café, junto con Alberto Duque Rodríguez.

Los dos se declararon culpables.

Para asegurar el éxito en sus negocios con el Estado, que lleva décadas entregándoles los contratos de pasaportes (y desde hace unos 15 años, el de las elecciones presidenciales), los hermanos Bautista han tenido como miembros de su junta directiva a personajes como Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y Noemí Sanín Posada.

Según el periodista Alberto Donadío, Camilo Bautista Palacio fue el número dos en el fraude bancario, uno de los mayores en la historia de Estados Unidos.

Hace pocos días, cuando el presidente Petro calificó como traidor al exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, por entregar el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons, se refirió a la posibilidad de fraude electoral presidencial que se les estaba entregando a los tres hermanos.

El contrato había sido suspendido, porque contradecía instrucciones de Petro de no avanzar en licitaciones en las que hubiera un solo proponente, como en este contrato, de 599,000 millones de pesos.

La suspensión causó una suspensión al canciller, Álvaro Leyva, por parte de la Procuraduría General de la Nación, y llevó a Thomas Greg & Sons a demandar al Estado, por perjuicios.

Leyva fue reemplazado por Gilberto Murillo, quien transmitió a Salazar la decisión de Petro de retirarlo de la secretaría, pero le restituyó facultades que le habían suspendido.

Salazar aprovechó para firmar el contrato y entregarlo a la firma de los hermanos Bautista.

El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía Campo fue arrestado por fiscales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en cumplimiento de órdenes de la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a 21 años de cárcel por delitos de corrupción.

Los delitos concretos son los de contratar sin el cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación en mayor cuantía.

Una investigación de la senadora Esmeralda Hernández Silva permite concluir en que a la procuradora Margarita Leonor Cabello Blanco solo le interesa beneficiar a ciertos sectores políticos mediante la impunidad, y perseguir al Gobierno.

Según Hernández, la actividad de Cabello está orientada a hacer oposición al presidente Gustavo Petro.

Podría ser que las uñas de Andrés Felipe ‘Uribito’ Arias Leiva sean más largas de lo conocido.

Según periodistas, la selectiva Fiscalía General de la Nación tiene al menos ocho pruebas que sugieren que Arias está implicado en sobornos relacionados con la multinacional brasileña Odebrecht.

Pero la fiscalía calla, pues su obsesivo blanco es el gobierno del Presidente Gustavo Petro.

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