El ex subdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (Das) José Miguel Narváez Martínez fue condenado de nuevo por la Justicia, esta vez a 12 años de prisión, por tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.
A su vez, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, dispuso nuevamente copias del proceso para que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigue, por los mismos hechos, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Narváez es considerado uno de los ideólogos del paramilitarismo en Colombia, un fenómeno de violencia políticas entre civiles organizados como Ejército y organismos de seguridad del Estado, que dejó (y aún deja) millares de asesinados en todo el territorio nacional.
La Justicia ha acusado a Narváez de instigar asesinatos como el del periodista y humorista Jaime Garzón, en agosto de 1999, y el político comunista Manuel Cepeda Vargas.
En 2019, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Narváez a 267 años de prisión por el crimen del humorista. La defensa apeló el fallo, pero la Corte Suprema lo dejó en firme en 2021.
Narváez también fue condenado en 2016 a ocho años de prisión por ordenar seguimientos ilegales a periodistas, políticos, líderes sociales y activistas de derechos humanos, a través de un grupo secreto llamado G3, que él formó con miembros de varios organismos de seguridad del Estado.
Según el excomandante de las paramilitares Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, Narváez había seleccionado un grupo de políticos a los que declaró objetivos militares, entre quienes figuraban el actual presidente, Gustavo Petro, el excanciller Álvaro Leyva Durán, la fallecida congresista Piedad Córdoba y Alirio Uribe Muñoz.
Esta vez, Narváez fue condenado por las "interceptaciones ilegales, seguimientos y tortura psicológica" contra la periodista, que desde 1999 asesoró al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), en casos de investigaciones por asesinatos de periodistas y violaciones a los Derechos Humanos.
Duque fue víctima de "amenazas, hostigamientos, llamadas intimidantes, grafitis, envíos de flores descompuestas a la puerta de su casa, mensajes en su contestador automático y seguimientos", por haber sido una de las investigadoras que apoyó a Cajar sobre el asesinato de Jaime Garzón, ejecutado por la banda 'La Terraza', dirigida por alias 'Don Berna'.
Desde 2001, comenzaron los hostigamientos contra Duque por su importante rol en las pesquisas sobre el asesinato de Garzón, denunciando "la presunta participación de organismos del Estado en dicha acción homicida" y "el montaje creado al interior del proceso del humorista por el Das para encubrir a los verdaderos responsables", dice el nuevo fallo sobre Narváez.
El fallo también advierte que el Cajar fue objetivo de interés del Grupo Especial de Inteligencia G3 del DAS y que "el G3 contó con total libertad para usar equipos y vehículo, personal e infraestructura del organismo de seguridad, desde investigadores, detectives hasta los directores y subdirectores de la entidad, entre ellos el acusado José Miguel Narváez Martínez, con el objetivo de recaudar información de inteligencia que fue usada para torturarla (a Claudia Julieta Duque)", dice la decisión.
En el fallo se advierte que Duque coordinó el XXXV Congreso Mundial de Federación Internacional de Derechos Humanos, que inicialmente se realizaría en Colombia en 2004, pero que terminó cambiando de sede a Ecuador "por razones de seguridad debido a discursos públicos que realizó el entonces presidente Álvaro Uribe en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, en los cuales los calificaba como defensores del terrorismo".
En la decisión también se cita que organizaciones defensoras de derechos humanos le enviaron una carta al expresidente Uribe en la que denunciaron “intimidaciones, amenazas, criminalización, desaparición forzada..." por parte del DAS.
El fallo añade lo dicho en otras decisiones: "al interior del DAS existió una política interna destinada a perseguir y desestabilizar diferentes organizaciones que fueron consideradas como opositoras al Gobierno, las que fueron etiquetadas como afines a grupos terroristas, como rebeldes, razón por la cual fueron no solo estigmatizadas, desprestigiadas y perseguidas por varios años".
