Olmedo de Jesús López Martínez y cinco de sus cómplices admitieron que son criminales, a cambio de ir pocos años a la cárcel acusados del gran escándalo de corrupción con contratos por 228 000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que él dirigía.

Los otros cinco, del gran grupo de comprometidos, todos de alto vuelo político, son el segundo de López, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector general de la Ungrd; el tercero en la Ungrd, Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo; Pedro Andrés Rodríguez Melo, Asesor General de la Ungrd; Luis Eduardo ‘el pastuso’ López Rosero, cabeza de un grupo empresarial corrupto, y Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado de Barreto y sobornador.

Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, fueron llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

Los dos están vinculados al gran escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como receptores de sobornos por 4 000 millones de pesos, según exfuncionarios de la entidad sometidos a proceso criminal.

Al prepotente y siempre soberbio Álvaro Uribe Vélez solo le faltó llorar tratando de convencer a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá de que aceptara aplazar la audiencia preparatoria del juicio contra él por tres crímenes graves.

En una audiencia por transmitida por sistemas de vídeo en internet, Uribe pidió intervenir, para pedirle a la juez que le permitiera una diligencia que su defensor, Jaime Granados, descartó cuando le tocó el turno de actuar.

Por Dr. Polito

Supongamos que la descabellada decisión de la barranqiuillera Margarita Leonor Cabello Blanco tiene algún fundamento jurídico válido.

Supongamos que la también barranquillera Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe cumplió a cabalidad con su función de cuidar el dinero de los colombianos.

Y, supongamos, también, que, para archivar el proceso que la Procuraduría le seguía a la exministra de las TIC, el hecho de ser paisanas y de la rosca política de la región no influyó para nada en la decisión oficial.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se atrevió, por fin, a meterse con altos responsables (aún no con el más alto y sus subalternos directos) de la siniestra y abominable Operación Orión.

Después de tanto tiempo en funciones, la JEP llegó hasta altos oficiales militares a los que se había abstenido de tocar por esa operación, y llamó a los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón.

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