Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, el poder real lo tiene una mafia de corruptos que, hasta ahora, logra que no haya claridad en torno de la impresión de pasaportes.
De ello habló el presidente, Gustavo Petro, en coincidencia con palabras de la dimitente canciller, Laura Camila Sarabia Torres, en el sentido de que la Imprenta Nacional no está en capacidad de producir el documento que imprimía Thomas Greg & Son.
El desentendido partido Alianza Verde (AV) por fin despertó y reaccionó: suspendió al senador Iván Leónidas Name Vásquez y a la exconsejera presidencial Sandra Liliana Ortiz Nova.
Ambos son acusados principales en el proceso judicial por la saqueo a las arcas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Pese a que tanto Name como Ortiz están vinculados al proceso casi desde el comienzo, AV pasaba agachada sin adoptar medida alguna contra ellos, a pesar de su notoriedad tanto en el escándalo como en el partido, y a que un principio de la colectividad es la lucha contra la corrupción.
Name está acusado de recibir 3,000 millones de pesos de manos de Ortiz, al parecer para facilitar la elección de un magistrado del Consejo de estado y orientar algunos debates del Senado, que presidía, para favorecer proyectos del Gobierno.
La risible decisión de AV explica que “no tolera, acepta ni consiente prácticas de corrupción bajo ninguna circunstancia”.
En un comunicado, añade que susd dos miembros fueron denunciados ante el Consejo de Control Ético del partido el 3 de mayo, del 2024, es decir, pocas semanas después de que se conocieran las denuncias contra ambos.
AV advierte, sin embargo, que las suspensiones son “acciones preventivas”.
Ortiz, exConsejera Presidencial para las Regiones, estaba detenida desde el año pasado.
El presidente Gustavo Petro ha rechazado la versión del favorecimiento de sus proyectos, pues Name no las apoyó e incluso votó en contra en varias de ellas y se consolidó como uno de los mayores opositores del Gobierno.
Name y Ortiz, sin embargo, no son los únicos miembros del partido Verde que han estado en el centro del escándalo de corrupción.También está ahí Carlos Ramón González, quien estuvo a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y luego de la Dirección Nacional de Inteligencia. En julio pasado se anunció su renuncia al Gobierno, meses después de que fue acusado de ser uno de quienes ordenó las transferencias de dinero de la Ungrd a miembros del legislativo.
González ha sido un poder central en el partido Verde durante el gobierno de Petro.
Primero, dirigió una fusión de este grupo con el petrismo, agrupado entonces en el movimiento Progresistas, en 2013. González fue militante del M-19, la vieja guerrilla a la que perteneció el ahora presidente. Al ganar la presidencia, el partido consiguió con González unos de los cargos más importantes en el Ejectuvio.
Pero González, como Name o Ortiz, nunca fueron reconocidos nacionalmente como líderes contra la corrupción, como si lo fueron otros miembros al inicio del partido, entre esos la exalcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernándrez; el exalcalde Antanas Mockus Sivickas o el excandidato presidencial Sergio Fajardo.
Esos tres políticos han renunciado al partido, por diversas razones y en distintos momentos, pero su ausencia solo ha dejado claro que entre los verdes, quien concentra el poder, realmente es González.
Este último, por ahora, no solo está siendo investigado por la justicia, sino que se encuentra fuera del país.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de 15 años de prisión contra el expresidente de la extinta EPS CoopSalud, Carlos Augusto Palacino Antía, a la que hace 15 años llevó a la quiebra mediante un esquema de estafas y adulteraciones documentales por 7,5 millones de dólares de la época.
Así, la justicia reiteró que Palacino es el ícono de la corrupción en el sistema de salud colombiano, cuyo manejo financiero es fuente de debate desde hace varios meses entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y defensores de las empresas que prestan el servicio de salud a los colombianos.
La meta del Gobierno colombiano es erradicar este año 30,000 hectáreas de cocales de uso ilícito, según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, citada por un diario de Bogotá.
La cifra significa un ajuste de tres veces la meta incumplida del año pasado, de 10,000 hectáreas erradicadas, que no se alcanzó por 600.
El presidente Gustavo Petro denunció que 62,664 armas del Estado están perdidas en Colombia, lo que puede significar que existe un ejército privado muy poderoso.
Esas armas podrían estar en poder de organizaciones criminales.
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