El presiente Gustavo Petro se reafirmó en su denuncia de que la junta directiva de Coosalud permitió el robo de 200 000 millones de pesos del Estado por parte del presidente de la Empresa Prestadora de Salud (EPS) de la que hacen parte.

Petro lo hizo cuando se negó a rectificar lo que dijo, ante una petición en tal sentido de los siete directivos, todos altos personajes de la vida pública.

El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación (FGN) investigar a los directivos de la EPS Coosalud, a quienes acusó de haber robado 221 mil millones de pesos del pueblo y obligaron a que la entidad entrara en agonía y fuera intervenida por el Estado.

Petro se basó en informes de la Superintendencia de Salud, sobre irregularidades graves en el manejo de recursos públicos.

Entre los directivos denunciados figuran Jaime, hermano del expresidente Andrés Pastrana Arango, y Rafael Santos Calderón, primo hermano del expresidente Juan Manuel Santos Calderón y hermano de Francisco, el exvicepresidente de Uribe, entre otros altos personajes.

Dos exsecretarios de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, uno de ellos exembajador en Italia, fueron condenados a 63 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por haber interceptado de manera ilegal las comunicaciones y las oficinas de magistrados de esa corporación.

Una sala de conjueces de la CSJ ratificó así una decisión de 2021 del Tribunal Superior de Bogotá, que los condenó por considerar que César Mauricio ‘el cura’ Velásquez y Edmundo del Castillo conspiraron para desprestigiar a la Corte, que en 2007 investigaba la alianza de políticos y paramilitares.

El nombre de Iván Antonio Mantilla Gaviria, exviceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) de Iván Duque fue citado de nuevo como comprometido en el escándalo de Centros Poblados, relacionado con el robo de 70 000 millones de pesos destinados a las escuelas más pobres del país.

Según el semanario Cambio, a cambio de beneficios penitenciarios, el corrupto abogado y empresario Emilio Tapia Aldana, delincuente dedicado a contratar con el Estado y protagonista del escándalo, prometió a la Fiscalía General de la Nación (FGN) entregar los nombres de tres altos funcionarios de Duque involucrados.