
El año 2025 mostró su primer caso de corrupción: el Muelle 13 de Buenaventura. Allí, el gobierno nacional destapó una serie de irregularidades que ponen en peligro la vida, la salud pública, el trabajo digno y el desarrollo económico del principal puerto de Colombia.
El Muelle 13 de Buenaventura es un terminal marítimo, especializado en el atraque de buques graneleros, es decir, aquellos barcos que transportan productos no envasados, como granos, minerales y fertilizantes. Es propiedad del Estado Colombiano, a través de la Armada Nacional.
En 1997, el fondo rotatorio de la Armada Nacional atribuyó un contrato de homologación a Grupo Portuario S.A, y Ventura Group. Ese contrato de homologación, permitió a la Armada arrendar el muelle a Ventura Group para su administración. El contrato finalizó el 6 de enero de 2025, 27 años después de su firma.