Hasta 13 000 millones de pesos ofreció un abogado para desvincular a un exalto funcionario de los señalamientos en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ahora, el abogado y su cliente, el exsubdirector de Conocimiento de la Ungrd, y el exasesor jurídico de esa entidad, están presos y sometidos a proceso criminal.

El abogado, identificado como Édgar Eduardo Riveros Rey, acusado del intento del multimillonario soborno y condenado hace algún tiempo por el delito de soborno en actuación penal, ofreció la multimillonaria suma para favorecer a su cliente, Luis Carlos Barreto Gantiva.

La cifra de los sobornos permite deducir la enorme magnitud de los desvíos de dineros públicos por los funcionarios encargados de otorgar contratos.

El favorecimiento a Barreto consistía en que Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, uno de los principales sindicatos de favorecer a contratistas corruptos y de robar decenas de millones en la Ungrd, dejara de referirse a determinados contratos como viciados, pues Barreto interés en ellos.

En esos contratos, que según el abogado Riveros están a punto de ser otorgados, están en juego unos 245 000 millones de pesos. Al parecer, de allí saldrían los 13 000 millones del soborno frustrado.

La Fiscalía se enteró de estos nuevos episodios, cuando el abogado de Sneyder Augusto Pînilla Álvarez, el corrupto exfiscal director de la unidad anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, lo informó al fiscal del caso contra su defendido y Olmedo de Jesús López Martínez, exsubdirector y exdirector general de la Ungrd, respectivamente.

Moreno es el abogado vinculado a la escandalosa corrupción de magistrados conocida como el Cartel de la Toga. Ahora es defensor de Pinilla.

Según la Fiscalía, a Moreno lo contacto el miembro de una supuesta red de veedurías, con el pretexto de hablar sobre la corrupción en la Ungrd.

Quien se presentó fue el abogado Riveros, a ofrecer, a nombre de Barreto, un soborno de 3 000 millones de pesos si, en la investigación, Moreno y su defendido Pinilla eludían hablar de un contrato de 43 000 millones de pesos que estaba cerca de ser otorgado y beneficiaría a Barreto.

Luego, en otras reuniones grabadas en audio y vídeo por Moreno, se habló de contratos por 200 000 millones de pesos, también cerca de ser concedidos, que dejarían coimas en total de 13 000 millones de pesos a Barreto y al parecer, a Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de Olmedo López en la Ungrd.

Con las grabaciones, la fiscalía detuvo al trío.

Con ellos, ya son seis, las personas vinculadas al proceso criminal que busca esclarecer todo el entramado corrupto de la Ungrd. Los otros son Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo ‘El Pastuso’ López Rosero, contratista responsable del corrupto negocio de 40 carrotanques para suministrar agua potable a comunidades de La Guajira.

Barreto fue recomendado ante la Ungrd por el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha.

Es como declarar paisaje cultural de Colombia la destrucción infame de muchos ríos y sus siniestros entornos de aspecto lunar, solo porque están ahí, a la vista de todos, y la minería ilegal es parte de la cultura colombiana.

O como hacer lo mismo con el increíble paisaje desolador dejado por la explotación de El Cerrejón.

Así es lo que pretende las familias ricas (y sus abyectas y corruptas autoridades) del Valle del Cauca, es decir, los dueños de los cañadulzales que acabaron con ese departamento y se aprestan a hacer lo mismo con el norte de Cauca.

Ahora sí están acobardados y temerosos de que los maten.

Pero, para robar el dinero público, Olmedo de Jesús López Martínez, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Luis Eduardo ‘el Pastuso’ López Rosero no se mostraron así.

Esta vez, los ex altos directivos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) dejaron de lado lo ladinos, lo arrogantes y lo atrevidos que fueron, y suplicaron a la Justicia que los enviara a fuertes militares y no a una cárcel, como a todos los demás criminales.

La Sala Pernal del Tribunal Superior de Bogotá no se dejó asustar, como otras instancias judiciales cuando se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y no aceptó anular el proceso criminal al que está sometido por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Con una decisión en tal sentido, el tribunal aseguró que, contra la opinión de Jaime Granados y Jaime Lombana, defensores de Uribe, no ha habido vulneración del debido proceso, y que todo lo actuado queda en firme.

El ex subdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (Das) José Miguel Narváez Martínez fue condenado de nuevo por la Justicia, esta vez a 12 años de prisión, por tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

A su vez, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, dispuso nuevamente copias del proceso para que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigue, por los mismos hechos, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Narváez es considerado uno de los ideólogos del paramilitarismo en Colombia, un fenómeno de violencia políticas entre civiles organizados como Ejército y organismos de seguridad del Estado, que dejó (y aún deja) millares de asesinados en todo el territorio nacional.

La Justicia ha acusado a Narváez de instigar asesinatos como el del periodista y humorista Jaime Garzón, en agosto de 1999, y el político comunista Manuel Cepeda Vargas.

En 2019, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Narváez a 267 años de prisión por el crimen del humorista. La defensa apeló el fallo, pero la Corte Suprema lo dejó en firme en 2021.

Narváez también fue condenado en 2016 a ocho años de prisión por ordenar seguimientos ilegales a periodistas, políticos, líderes sociales y activistas de derechos humanos, a través de un grupo secreto llamado G3, que él formó con miembros de varios organismos de seguridad del Estado.

Según el excomandante de las paramilitares Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, Narváez había seleccionado un grupo de políticos a los que declaró objetivos militares, entre quienes figuraban el actual presidente, Gustavo Petro, el excanciller Álvaro Leyva Durán, la fallecida congresista Piedad Córdoba y Alirio Uribe Muñoz.

Esta vez, Narváez fue condenado por las "interceptaciones ilegales, seguimientos y tortura psicológica" contra la periodista, que desde 1999 asesoró al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), en casos de investigaciones por asesinatos de periodistas y violaciones a los Derechos Humanos. 

Duque fue víctima de "amenazas, hostigamientos, llamadas intimidantes, grafitis, envíos de flores descompuestas a la puerta de su casa, mensajes en su contestador automático y seguimientos", por haber sido una de las investigadoras que apoyó a Cajar sobre el asesinato de Jaime Garzón, ejecutado por la banda 'La Terraza', dirigida por alias 'Don Berna'.

Desde 2001, comenzaron los hostigamientos contra Duque por su importante rol en las pesquisas sobre el asesinato de Garzón, denunciando "la presunta participación de organismos del Estado en dicha acción homicida" y "el montaje creado al interior del proceso del humorista por el Das para encubrir a los verdaderos responsables", dice el nuevo fallo sobre Narváez.

El fallo también advierte que el Cajar fue objetivo de interés del Grupo Especial de Inteligencia G3 del DAS y que "el G3 contó con total libertad para usar equipos y vehículo, personal e infraestructura del organismo de seguridad, desde investigadores, detectives hasta los directores y subdirectores de la entidad, entre ellos el acusado José Miguel Narváez Martínez, con el objetivo de recaudar información de inteligencia que fue usada para torturarla (a Claudia Julieta Duque)", dice la decisión.

En el fallo se advierte que Duque coordinó el XXXV Congreso Mundial de Federación Internacional de Derechos Humanos, que inicialmente se realizaría en Colombia en 2004, pero que terminó cambiando de sede a Ecuador "por razones de seguridad debido a discursos públicos que realizó el entonces presidente Álvaro Uribe en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, en los cuales los calificaba como defensores del terrorismo".

En la decisión también se cita que organizaciones defensoras de derechos humanos le enviaron una carta al expresidente Uribe en la que denunciaron “intimidaciones, amenazas, criminalización, desaparición forzada..." por parte del DAS. 

El fallo añade lo dicho en otras decisiones: "al interior del DAS existió una política interna destinada a perseguir y desestabilizar diferentes organizaciones que fueron consideradas como opositoras al Gobierno, las que fueron etiquetadas como afines a grupos terroristas, como rebeldes, razón por la cual fueron no solo estigmatizadas, desprestigiadas y perseguidas por varios años".

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