Bernardo Moreno Villegas, el abyecto mandadero a quien Álvaro Uribe Vélez debe su ilegal reelección como presidente de Colombia, fue por fin capturado por las autoridades, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Moreno fue capturado en Calarcá, donde se escondía huyendo de los fallos de la CSJ, que hace dos semanas había dejado en firme una condena contra él, por tráfico de influencias.

Como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se convirtió en el funcionario más allegado a Uribe, a quien hizo reelegir ilegalmente en el Congreso, mediante la modificación de “un articulito” de la Constitución, que Moreno logró a cambio de empleos para los congresistas que favorecieron el cambiazo.

El escándalo, uno de los más grandes de la política colombiana en las últimas décadas, pese a que ha sido minimizado al extremo, fue conocido como Yidispolítica, en nombre de la congresista santandereana Yidis Medina, cuyo voto definió la reelección de Uribe.

Medina fue, durante largo tiempo, la única persona condenada y encarcelada por el escándalo.

Según la CSJ, Moreno influenció indebidamente a Luis Alfonso Hoyos, director de la Red de Solidaridad, para que contratara a Jairo Alonso Plata Quintero; a Gloria Giraldo, presidenta de Etesa entre 2002-2006, para que contratara a César Augusto Guzmán Areiza, Margoth Álvarez Ruiz, Liliana Figueredo y Marghori Mejía; así como a Mary Luz Londoño, presidenta de Etesa durante el periodo 2006-2010 para la vinculación de José Agustín Quecho y de Karen Hernández, amigos políticos de Yidis Medina.

Lo mismo sucedió con el Superintendente de Notariado Manuel Cuello Baute para la vinculación de Sandra Domínguez en la Notaría Segunda de Barrancabermeja en encargo y de María Lucelly Valencia, allí mismo, en interinidad. La influencia indebida también se ejerció ante Darío Montoya, director del Sena en el periodo 2004-2010 para la contratación de Juan Bautista Hernández, también para favorecer a Medina.

En 2023, la Sala de Primera Instancia del alto tribunal había sentenciado a Moreno, pero apeló y su caso escaló a la Sala Penal, que hace dos semanas, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra (presidente de la Corte), confirmó la decisión. 

En concreto, en el caso se demostró que desde el año 2004 Moreno influenció de manera irregular a funcionarios para que contrataran a allegados de Yidis Medina en puestos estatales, para que ella apoyara el proyecto de Acto Legislativo 267 de 2004, que permitía que un jefe de Estado se reelija. Entre los contactados están Luis Alfonso Hoyos Aristizábal y Gloria Beatriz Giraldo.

Por esos hechos, en 2008 la Fiscalía abrió una investigación, y nueve años después profirió una resolución de acusación, la cual se oficializó en 2023 en la Sala de Primera Instancia, que sentenció Moreno a cinco años y siete meses de prisión. 

El seguimiento a esta condena, según registros oficiales, le corresponderá por ley a un juez de ejecución de penas.

Los delincuentes Musa Abraham Besaile Fayad y Bernardo Miguel Elías Vidal fueron capturados de nuevo, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que vuelvan a prisión a pagar sentencias de cárcel por tráfico de influencias de servidor público.

Según la CSJ, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, los dos corruptos, conocidos como ‘Los Ñoños’, mediaron en contrataciones irregulares del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que financia obras en las regiones.

Besaile, de Sahagún (Cór), es abogado e ingeniero y fue senador en dos oportunidades, y Elías, también de Sahagún, es ingeniero y fue representante a la Cámara y Senador. Ambos acumulan varias causas judiciales.

En febrero, la CSJ condenó a 32 meses de prisión para Besaile y a 39 para Elías, a quien también encontró culpable de interés indebido en la celebración de contratos. La sentencia fue confirmada hace cuatro días en segunda instancia y por eso se hicieron efectivas las penas.

Ambos excongresistas tienen un largo historial de casos de corrupción.

Elías, conocido como ‘Ñoño’, es conocido por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando era senador. En julio de 2023, fue recibido con júbilo en su pueblo, tras salir de prisión. “Es un ladrón, pero robó para nosotros”, comentaron al diario El País los entrevistados en Sahagún, donde la familia Elías ha establecido una poderosa dinastía política.

Besaile, por su parte, está condenado por nexos con paramilitares y gozaba hasta este viernes del beneficio de casa por cárcel. Cordobés también, había salido en enero de su reclusión en un batallón de Montería.

Hace un año reconoció haber defraudado al sistema de salud de Córdoba, a través del infame Cartel de la Hemofilia. Hace unas semanas, fue condenado por el Cartel de la Toga —sobornos a magistrados de la Corte Suprema para obtener beneficios judiciales—. Su hermano Johnny heredó su poder electoral y es senador por el partido de La U.

El caso Fonade está vinculado a la elección de Juan Manuel Santos como presidente en 2014. El fallo explica que, en retribución por el apoyo de Elías y Besaile, a nombre del partido de La U, recibió del Gobierno el manejo de la entidad, en la que designó como presidente a Alfredo Bula Dumar por indicación de 'Los Ñoños', como se conoció a Elías y Besaile.

Los dos, de manera independiente, “utilizaron de manera indebida las influencias derivadas del ejercicio de sus cargos” para favorecer a amigos políticos a través de contratos de vivienda del fondo.

Fonade se ha utilizado desde antes para canalizar los llamados cupos indicativos, asignaciones presupuestales que los gobiernos han designado para que los congresistas definan su destinación a cambio de apoyar iniciativas legislativas. Es lo que en tiempos de Juan Manuel Santos se llamó “mermelada” y fue objeto de críticas y debates por su esencia clientelar.

El fallo menciona a otros políticos presuntamente implicados, entre ellos a Armando Alberto Benedetti Villaneda, ex jefe de campaña de Gustavo Petro en 2022 y actual embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La CSJ espera que Elías y Besaile colaboren con la causa judicial y aporten pruebas contra otros implicados.

La Sala de Instrucción ratificó, por mayoría, la competencia para continuar investigando a Benedetti, "teniendo en cuenta hechos relacionados con su calidad de senador, porque ese fuero prevalece sobre el de embajador”.

Pero se abstuvo de imponer una medida de aseguramiento, a pesar de que el ahora diplomático fue mencionado en el caso, desde en 2022, por Jorge Iván Henao, gerente de la de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade entre el 2016 y el 2017.

Esta es una de las investigaciones que pesa contra el excongresista que, el primero de agosto, recibió notificación de apertura de investigación disciplinaria por parte de la Cancillería por un caso de violencia intrafamiliar que protagonizó en España. 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) investiga al congresista santandereano del Centro Democrático Óscar Leonardo Villamizar Meneses, acusado de tener vínculos con la banca criminal Clan del Golfo.

Villamizar, abogado, fue vicepresidente de la Cámara de Representantes y ha sido gobernador encargado de Santander y varias veces secretario.

El investigador será el magistrado Francisco Javier Farfán Molina, de la Sala de Instrucción de la CSJ.

Hasta ahora, en las investigaciones del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), han surgido 21 nombres, casi todos de servidores públicos, comprometidos, en uno u otro grado, en el esquema corrupto.

De una u otra manera, están involucrados en acciones ilegales que compro meten 228 840 millones de pesos de todos los colombianos.

Por ahora, la Fiscalía acusa a algunos de la pandilla, de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación agravado por cuantía, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

El esquema corrupto que crearon el director José Olmedo López Martínez y el subdirector Sneyder Augusto Pinilla Álvarez en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), no se limitó al caso de los 40 carrotanques para distribuir agua en La Guajira.

La Fiscalía reveló que, en realidad, seis órdenes de proveeduría, por 108 200 millones de pesos, fueron direccionadas por el esquema hacia el contratista nariñense Luis Eduardo ‘El Pastuso’ López Rosero.

Según Andrea Muñoz, fiscal del proceso penal contra los dos exfuncionarios y el contratista cómplice (también figura Pedro Rodríguez, entre los acusados), hubo contratos para adquirir carros de bomberos y suministro de diversos materiales.

Para la fiscal, el esquema corrupto operó entre julio de 2023 y febrero de 2024, en torno de las siguientes seis órdenes de provisión:

  1. Orden 191, del 12 de octubre de 2023, para el suministro de materiales por una emergencia de calamidad de 2023 en el municipio de San Pablo (Nar), por 519 millones de pesos. El contrato fue adjudicado a la empresa Luket, propiedad de ‘El Pastuso’.
  2. Orden 192, de 2023, del 12 de octubre de 2023, para la adquisición de 40 vehículos carrotanques para La Guajira, por 46 800 millones de pesos. El contrato benefició a Impoamericana Roger SAS, de propiedad de ‘El Pastuso’.
  3. Orden 229, del 31 de octubre de 2023, para el suministro de banco de materiales como ayuda humanitaria para una calamidad en Quibdó, por 1 350 millones, adjudicada a ‘El Pastuso’.
  4. Orden 295, de diciembre de 2023, para la adquisición de 20 vehículos de bomberos, para atender un desastre nacional por 31 600 millones de pesos. El contrato fue otorgado a Impoamericana Roger SAS, de ‘El Pastuso’. 
  5. Orden 046, del 19 de febrero de 2024, para la adquisición de 20 carrotanques para La Guajira por 27 600 millones de pesos. Beneficiada, la empresa Impoamericana Roger SAS, de propiedad de ‘El Pastuso’. 
  6. Orden 027, del 29 de enero de 2024, para el suministro de materiales para Guapi (Cau) como ayuda humanitaria por una calamidad pública de septiembre de 2023, por 398 millones, adjudicada a Luket, también de ‘El Pastuso’.

La parte central del escándalo, sin embargo, es la relacionada con los carrotanques, porque de ese contrarto derivaron coimas para los presidentes del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.

Según la Fiscalía, la coima derivada de este contrato fue  6 300 millones de pesos y se distribuyó así: 1 000 millones para Pedro Rodríguez, exasesor de Olmedo y 5 342 millones para Pinilla, quien repartió los dineros en varias manos.

La Fiscal explicó que, en enero de 2024, Pinilla tuvo que pagar 4 276 millones de pesos a una persona que permanece en el anonimato y que fue quien prestó en octubre los dineros que se pagaron en coimas y que, por ello, cobró 2,6 por ciento de intereses.
Antes, en octubre, Pinilla entregó 3 000 millones de pesos para Name, 1 000 millones a Calle, 742 millones 1 000 para el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle; 724 millones de pesos para Olmedo López, y 342 millones de pesos para él mismo.

Después del pago de los carrotanques y el pago de las coimas, el contratista Luis Eduardo López se benefició de 7.821 millones de pesos, producto del contrato ilícito, en el que, además, hubo falsificación de documentos.

Los primeros 40 tanques se contrataron por 46 800 millones de pesos, con Impoamericana Roger SAS. Los sobrecostos superan los 14 000 millones de pesos.

Siguenos

Lo más leido

Denuncie

Describa y formule su denuncia en este formulario

Animal Político

Bogotá - Colombia
Dirección:    Helena Sánchez
Edición:       Orlando Gamboa
Producción: Sebastián Quintero

Información

Contacto

(+57) 3150585858
(+57) 3162663088
(+57) 3017683667
denuncie@animalpolitico.co