La corrupta ex Alta Consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova (Alianza Verde), fue enviada a la cárcel de El Buen Pastor, por la juez 3 penal municipal de Control de Garantías de Bogotá, dentro del proceso por el escándalo de corrupción dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ortiz figura en el proceso como mensajera del expresidente del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez (Alianza Verde), a quien le llevó un soborno de 3 000 millones de pesos en efectivo para que, supuestamente, facilitara la aprobación de proyectos de ley.

El presiente Gustavo Petro se reafirmó en su denuncia de que la junta directiva de Coosalud permitió el robo de 200 000 millones de pesos del Estado por parte del presidente de la Empresa Prestadora de Salud (EPS) de la que hacen parte.

Petro lo hizo cuando se negó a rectificar lo que dijo, ante una petición en tal sentido de los siete directivos, todos altos personajes de la vida pública.

El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación (FGN) investigar a los directivos de la EPS Coosalud, a quienes acusó de haber robado 221 mil millones de pesos del pueblo y obligaron a que la entidad entrara en agonía y fuera intervenida por el Estado.

Petro se basó en informes de la Superintendencia de Salud, sobre irregularidades graves en el manejo de recursos públicos.

Entre los directivos denunciados figuran Jaime, hermano del expresidente Andrés Pastrana Arango, y Rafael Santos Calderón, primo hermano del expresidente Juan Manuel Santos Calderón y hermano de Francisco, el exvicepresidente de Uribe, entre otros altos personajes.

Dos exsecretarios de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, uno de ellos exembajador en Italia, fueron condenados a 63 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por haber interceptado de manera ilegal las comunicaciones y las oficinas de magistrados de esa corporación.

Una sala de conjueces de la CSJ ratificó así una decisión de 2021 del Tribunal Superior de Bogotá, que los condenó por considerar que César Mauricio ‘el cura’ Velásquez y Edmundo del Castillo conspiraron para desprestigiar a la Corte, que en 2007 investigaba la alianza de políticos y paramilitares.